La Plataforma por un 5% para Educación recuerda que la Ley Canaria de Educación mandata a destinar el 5% del PIB a financiación de Educación y que en los Presupuestos para 2024 se retrocede al 4,20% del PIB respecto al 4,63% de 2023.
Tras una reciente reunión con la Diputada del Común, Lola Padrón, la Plataforma por un 5% para Educación considera relevante que la titular de la institución se haya comprometido a pedir al Gobierno de Canarias que “cumpla con los compromisos de financiación establecidos en la Ley Canaria de Educación”.
La Plataforma valora la preocupación mostrada por la Diputada del Común, Lola Padrón, respecto a los incumplimientos del mandato de la Ley Canaria de Educación sobre la financiación de nuestro sistema educativo. En 2022 debió alcanzarse el 5% del PIB y, aunque llegó a acercarse al mismo en 2023, con un 4,63%, en los Presupuestos de la Comunidad, en este año 2024 retrocede hasta el 4,20%. Miembros de la Plataforma se reunieron con la Diputada del Común en el marco de la evolución del expediente de queja que, a instancias del colectivo, tramita el Alto Comisionado del Parlamento de Canarias para la defensa de los derechos fundamentales y libertades públicas.
La titular de la Diputación del Común reconoció que “efectivamente y tras los informes recibidos de la Administración educativa a petición de la institución, se constata que en el año 2024 sigue sin destinarse al presupuesto educativo al menos el 5% mínimo que establece la Ley Canaria de Educación no Universitaria”. Y señaló que instaría al Gobierno de Canarias “al cumplimento de los compromisos de financiación establecidos en la ley”.
La Plataforma recuerda que Ley Canaria de Educación, aprobada en 2014, estableció que el Gobierno de Canarias debería incrementar progresivamente los recursos económicos destinados al sistema educativo hasta alcanzar en 2022 como mínimo en el 5% del producto interior bruto, lo que no solo no ha sucedido, sino que estamos viviendo una etapa de retroceso.
Avances y retrocesos
La Plataforma considera que el proceso de avance hacia esta financiación necesaria para impulsar la convergencia del sistema educativo canario con los mejores sistemas educativos estatales y europeos, superando las debilidades y problemas actuales y potenciando sus fortalezas ha sido desigual. En la IX legislatura pasó apenas del 3,57% al 3,58% del PIB, en la X legislatura pasó del 3,58% al 4,63% y en la actual legislatura ha empezado retrocediendo desde el 4,63% al 4,20%.
Afirma que la falta de voluntad política del actual Gobierno de Canarias para cumplir la Ley Canaria de Educación es evidente. Prueba de ello son los retrasos en la implantación del tramo de Educación Infantil de 0 a 3 años, el escaso aumento en la dotación de profesorado, y la escasez de recursos y medidas coordinadas dedicadas a atender la diversidad del alumnado, pero, sobre todo, la deficiente dotación de los recursos presupuestarios necesarios para la implementación de la ley.
Prioridad
Canarias se encuentra rezagada en la mayoría de los indicadores educativos por lo que para acelerar la mejora educativa necesita ineludiblemente aumentar la inversión en educación.
Es tarea de todos y todas concienciar a la sociedad canaria y, especialmente, a quienes tienen responsabilidades políticas para que la educación pase a ser la verdadera prioridad y nuestros jóvenes puedan tener el futuro que necesitan y se merecen. Es necesario y urgente aunar esfuerzos, desde distintos agentes e instancias sociales, que conduzcan al cumplimiento por parte del Gobierno de Canarias de lo establecido en la Ley Canaria de Educación, no solo en lo relativo a financiación del sistema educativo canario, sino en cuanto a las medidas y planes que contiene la ley, y que, a día de hoy, no se han puesto en práctica.