Por: José Manuel Rivero. Abogado-Analista político.
El pasado 27 de noviembre de 2025, las aguas del Atlántico oriental dejaron de ser una mera ruta comercial para convertirse en un nuevo teatro de operaciones de una guerra que desborda sus fronteras formales. El petrolero Mersin, de bandera panameña y operado por la naviera turca Besiktas Shipping, sufrió un sabotaje mediante cuatro explosiones externas mientras aguardaba autorización portuaria frente a las costas de Dakar, Senegal. Este buque, cargado con aproximadamente 39.000 toneladas de fuel oil y vital para el suministro energético en mercados no alineados con las sanciones occidentales, quedó con la sala de máquinas inundada y una escora crítica que amenaza su integridad estructural. Si bien la tripulación de 22 personas fue evacuada ilesa, el incidente no es un mero accidente marítimo, sino un síntoma alarmante de cómo la confrontación geopolítica global está dinamitando la seguridad de las costas occidentales de África y, por extensión lógica y económica, del Archipiélago Canario
La naturaleza del ataque, perpetrado a escasas millas de un puerto soberano africano, revela una escalada cualitativa en la guerra híbrida. Aunque no existe una reclamación oficial de autoría, la operativa coincide milimétricamente con el uso de drones navales ucranianos tipo «Sea Baby», responsables de acciones similares en el Mar Negro contra los buques Kairos y Virat apenas un día antes. No estamos ante un daño colateral, sino ante una estrategia deliberada de estrangulamiento económico que ignora la neutralidad de los mares y la seguridad ambiental de terceros países. El Mersin, lejos de ser un paria como pretende la narrativa occidental al etiquetarlo dentro de una supuesta «flota sombra», forma parte de una red logística paralela necesaria para eludir el bloqueo unilateral de los recursos energéticos rusos; una red que, tras este ataque, se ve comprometida. La reacción de Besiktas Shipping ha sido inmediata y sintomática del terror impuesto en el mercado: el 2 de diciembre anunció el cese de operaciones con intereses rusos, evidenciando cómo la violencia cinética logra lo que las sanciones administrativas no pudieron, forzando un quiebre en la cadena de suministro global.
A fecha de 4 de diciembre, la situación es crítica. El buque no se ha hundido, pero permanece con la popa semihundida, sometido a los embates de un Atlántico adverso. Las autoridades senegalesas, según reportes de Reuters y medios locales, han activado el plan de emergencia «Polmar» y han iniciado, con el apoyo de la operadora local Touba Oil, un complejo trasvase de carga para evitar el colapso del casco. Sin embargo, el riesgo ambiental es inminente y catastrófico. Un vertido de esta magnitud en el Golfo de Guinea no solo devastaría los manglares de Saloum y la economía de subsistencia de millones de personas, sino que inyectaría un factor de inestabilidad en una región ya castigada. Organismos como Greenpeace África advierten que la resiliencia ecológica de la zona está al límite, y la dispersión de contaminantes, impulsada por las corrientes y la volatilidad meteorológica, amenaza con expandir la mancha tóxica hacia el norte y el oeste, afectando a la biodiversidad compartida de la Macaronesia.
Para Canarias, situada a una distancia que la geografía física puede medir en millas pero que la realidad económica reduce a cero, este ataque es una alerta roja. La vulnerabilidad del archipiélago no reside únicamente en la posibilidad física de que un vertido alcance sus costas —escenario plausible dadas las dinámicas oceánicas impredecibles y los vientos alisios—, sino en su posición como eslabón débil de la cadena logística atlántica. Un incidente de esta gravedad encarecerá las primas de seguros y desviará rutas comerciales, golpeando la línea de flotación de una economía dependiente en un 90% de las importaciones marítimas. La militarización encubierta del Atlántico central, denunciada por analistas en The Defense Post y silenciada por la hegemonía mediática europea, convierte a las islas en una plataforma de riesgo ajena a sus intereses históricos de neutralidad.
Este sabotaje se inscribe en la misma lógica que la destrucción del Nord Stream: la aniquilación de infraestructuras civiles para imponer una reconfiguración forzosa del mercado energético. Mientras Rusia advierte de represalias y Occidente guarda un silencio que normaliza estas operaciones, Canarias y África Occidental deben rechazar su papel de espectadores pasivos. La defensa de nuestros mares y de la soberanía económica es una lucha política de primer orden que afecta directamente a la viabilidad de los puertos canarios, y muy especialmente a la hegemonía logística del Puerto de La Luz y de Las Palmas, motor insustituible de nuestra conexión con el mundo. Si permitimos que estas infraestructuras críticas se conviertan en un campo de batalla impune, aceptaremos ser daños colaterales de un conflicto que no busca la paz, sino su perpetuación; una guerra cuya continuidad es funcional a la rentabilidad del complejo industrial-militar de la OTAN y a la pretensión de la Unión Europea de forzar su entrada, a cualquier precio, en el cerrado tablero geopolítico que se disputan Rusia, China y Estados Unidos.