Por José Manuel Rivero. Abogado-Analista político
Este 23 de diciembre de 2025 pasará a los anales de la historia diplomática en la ONU no por los acuerdos alcanzados, sino por la desnudez moral con la que el imperialismo estadounidense ha quedado expuesto ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En una sesión que Washington pretendía convertir en un tribunal inquisitorial contra la soberanía de Venezuela, la intervención del representante permanente de Cuba, Ernesto Soberón Guzmán, ha ejecutado lo que en la praxis jurídica y revolucionaria denominamos una defensa de ruptura. Al igual que Fidel Castro en 1953 ante sus juzgadores fascistas en Santiago de Cuba, Soberón no acudió al foro a defenderse de cargos espurios, sino a impugnar la legitimidad misma del acusador estadounidense. No hubo espacio para la diplomacia de salón: hubo un pliego de cargos contra el verdadero promotor del terrorismo global, los EEUU, en sus diferentes administraciones, sobre todo, de las que se sucedieron en los últimos sesenta y siete años, y hoy: la administración estadounidense de Donald Trump.
La maniobra de la actual administración estadounidense de designar al gobierno legítimo de Venezuela como una “organización terrorista extranjera” carece de cualquier sustento en el Derecho Internacional Público. Es una construcción política arbitraria y unilateral destinada a indebidamente justificar actos que, en puridad, constituyen piratería moderna y terrorismo de Estado. La interceptación de buques petroleros venezolanos en aguas internacionales, más de cien asesinatos de personas que navegaban por mar en embarcaciones (ejecuciones extrajudiciales) y la asfixia financiera no son “sanciones”, sino actos de crímenes de lesa humanidad y de guerra económica dirigidos contra la población civil. Resulta obsceno que, mientras Washington acusa sin pruebas a Caracas de vínculos con el narcotráfico o Hezbolá, la propia CIA admita con impunidad la autoría de sabotajes contra la infraestructura eléctrica y estratégica venezolana. Ante este escenario, la voz de Cuba no solo defendió la soberanía bolivariana, sino que sentó al Imperio en el banquillo de los acusados, cuestionando la catadura moral de un Estado que se erige en juez mientras actúa como santuario de criminales.
La intervención de Soberón Guzmán desgranó con precisión quirúrgica la hipocresía estructural de Estados Unidos, un país que viola sistemáticamente la Resolución 1373 (2001) del propio Consejo de Seguridad. Dicha norma obliga imperativamente a todos los Estados a prevenir, reprimir y cooperar contra el financiamiento del terrorismo. Sin embargo, Washington hace exactamente lo contrario: brinda refugio, estatus legal y protección institucional a una red de organizaciones criminales que operan desde suelo estadounidense para ensangrentar a la región. Cuba ha documentado de manera sistemática esta realidad, presentando una Lista Nacional, ratificada y vigente en 2025, que identifica a 61 individuos y 19 entidades criminales sujetas a investigaciones por actos terroristas, todos ellos protegidos por la bandera de las barras y estrellas.
El análisis de estas organizaciones revela la arquitectura de un terrorismo tolerado y financiado desde suelo estadounidense. En la vanguardia de esta infamia se encuentran grupos paramilitares históricos como Alpha-66, cuyo legado de atentados y sabotajes se remonta a los años 60 y que aún hoy mantienen bases operativas en Miami. Se suman a ellos estructuras como el Partido Unidad Nacional Democrática (PUND) y los Comandos F-4, especializados en la planificación de incursiones armadas, asesinatos selectivos y destrucción de infraestructura, contando a menudo con la complicidad táctica de las agencias de inteligencia norteamericanas. En un segundo nivel, operan los financistas y operadores políticos de la violencia, como la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA) y el Movimiento Democracia, entidades que bajo la fachada de activismo canalizan recursos para orquestar la desestabilización interna y el vandalismo en la isla.
La lista de la impunidad continúa con provocadores directos como Hermanos al Rescate, responsables de violaciones sistemáticas del espacio aéreo para fabricar incidentes internacionales, y grupos de choque como la Asamblea de la Resistencia y el Movimiento 30 de noviembre, que abogan abiertamente por la insurgencia armada. A ellos se añaden organizaciones de corte militarista como el Movimiento Clandestino, el Comando C-40 y el Partido Nacionalista Cubano (PNC), junto con plataformas de agitación como la Junta Patriótica de Cuba y el Ex Club de prisioneros políticos. Lo más alarmante es la emergencia de nuevas amenazas híbridas en este 2025, como Nueva Nación Cubana en Armas, el M20 Movimiento de Resistencia Escuadrón Amalia (MREA), Cuba Primero y la Auto Defensa del Pueblo. Estos grupos, junto a los denominados Lobos Solitarios, combinan la radicalización en plataformas digitales con la ejecución de atentados aislados y amenazas cibernéticas, operando desde servidores alojados en Florida sin que el FBI mueva un solo dedo para detenerlos.
La defensa de ruptura ejercida por Soberón Guzmán consiste precisamente en evidenciar que el falsario «antiterrorismo» de Washington no busca la justicia, sino la sumisión. Al rechazar sistemáticamente las solicitudes de extradición y la cooperación jurídica con Cuba, Estados Unidos se confiesa cómplice necesario de estos 80 agentes criminales. Para el Imperio, el terrorista es aquel que amenaza su hegemonía; el que pone bombas en hoteles de La Habana o sabotea refinerías en Venezuela es, en su retorcida neolengua, un “luchador por la libertad”. Esta doble moral no solo debilita la credibilidad de los foros internacionales, sino que perpetúa un orden global desigual donde el derecho es sustituido por la fuerza bruta y la barbarie.
En conclusión, la intervención de este 23 de diciembre ha sido un acto de higiene histórica y jurídica. Ha recordado al mundo que la verdadera amenaza a la seguridad hemisférica no emana de las naciones soberanas que buscan su propio camino, sino de la impunidad de la criminalidad que se garantiza en Miami y se decide, en aplicación de una renovada doctrina Monroe, en el Despacho Oval. Al igual que Fidel advirtió que la historia lo absolvería, la verdad revolucionaria expuesta por Cuba en la ONU deja a Estados Unidos condenado ante la conciencia colectiva conformada en un tribunal de los pueblos que luchan por su soberanía y contra el colonialismo. El terrorismo tiene una sede clara, y su dirección postal es Washington D.C. Es imperativo que la comunidad internacional exija coherencia y rechace estas violaciones del derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y esas designaciones unilaterales que solo son el disfraz de una agenda imperial agotada pero aún peligrosa para la humanidad. Solo mediante el respeto mutuo y la erradicación del terrorismo de Estado podrá avanzarse hacia una paz que no sea la de los cementerios.