Por: Antonio Morales. Presidente del Cabildo de Gran Canaria
Como presidente del Cabildo de Gran Canaria, me veo en la obligación de expresar, con claridad y responsabilidad institucional, mi profunda preocupación, que coincide con la de una parte importante de la sociedad grancanaria, ante la misión comercial organizada por PROEXCA, en colaboración con FEDEPORT, al puerto de Dajla, en el Sáhara Occidental. Se trata de una iniciativa que, lejos de responder a los intereses estratégicos de Canarias, supone un riesgo económico, político y reputacional que no podemos ignorar.
Estoy hablando de una actuación pública que promueve la inversión y la colaboración empresarial en un territorio ocupado ilegalmente según las Naciones Unidas y que impulsa el desarrollo de un puerto concebido para competir directamente con el Puerto de La Luz y de Las Palmas, uno de los principales motores de diversificación económica, empleo y conectividad del archipiélago.
El puerto atlántico de Dajla nace con una vocación evidente: convertirse en una gran plataforma logística internacional y captar tráficos estratégicos de mercancías y contenedores. Un puerto del siglo XXI, con un modelo operativo flexible y con la ventaja de quedar fuera de las regulaciones y obligaciones fiscales y medioambientales de la Unión Europea. Las propias descripciones de la misión comercial lo reconocen: la operación está orientada a apoyar el desarrollo del futuro puerto de Dakhla Atlantique, una infraestructura de 1.300 millones de euros diseñada para ser un “nexo logístico clave entre África, Europa y América”.
Que sea precisamente el Gobierno de Canarias quien promueva que nuestras empresas portuarias se posicionen en un enclave que competirá con nuestro propio sistema logístico, constituye una grave contradicción y una grave irresponsabilidad. No parece razonable que, en un momento en el que nuestros puertos afrontan desafíos de competitividad, se anime a deslocalizar conocimiento, capital y actividad hacia instalaciones que aspiran a sustituirnos. Parece que no hemos aprendido la lección de lo que nos ha sucedido con la pesca o con el tomate.
Empresarios del sector portuario me trasladan mensajes muy claros: Dajla operará con tasas más bajas, salarios reducidos, menores exigencias ambientales y sin los marcos regulatorios europeos que aquí asumimos. Es imposible competir en igualdad de condiciones. Y peor aún, es absurdo colaborar en fortalecer al competidor.
En estas condiciones, el trabajo que se debería hacer en Canarias es buscar soluciones para abaratar nuestros altos costos como puerto europeo, no animar a nuestras empresas a posicionarse en Dajla. El Gobierno de Canarias debería ser el primero en defender el peso del Puerto de Las Palmas como infraestructura crítica del Estado y pieza central de la economía de Gran Canaria. Sin embargo, esta misión comercial transmite un mensaje opuesto: que es preferible favorecer el crecimiento de un puerto extranjero. Y no cualquiera, sino uno que Marruecos plantea como alternativa directa a los puertos canarios. Al puerto de Gran Canaria, el cuarto del estado español.
La expansión portuaria, pesquera, agrícola y energética de Marruecos ha seguido un patrón inequívoco en los últimos años. Allí donde Canarias ha demostrado fortaleza estratégica, el reino alauí ha activado proyectos paralelos para disputar posiciones de mercado. Tánger compite en tráfico de mercancías, Agadir en pesca, las zonas francas industriales en captación de inversión y ahora Dajla en interconexión logística.¿Tiene sentido facilitar esta estrategia con recursos públicos canarios?
Pero el debate no es solo económico: es ético, jurídico e institucional. El Sáhara Occidental sigue siendo un territorio pendiente de descolonización con un proceso internacional inconcluso. Marruecos ocupa ilegalmente ese territorio incumpliendo las resoluciones de Naciones Unidas y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Promover inversiones en Dajla, tal y como se plantea en esta misión, es contribuir a la estrategia de hechos consumados de Marruecos para consolidar su ocupación.
Diversas organizaciones internacionales han calificado esta iniciativa como un “campo minado legal”, alertando de los riesgos que supone para las empresas canarias implicarse en actividades económicas en un territorio ocupado sin consentimiento del pueblo saharaui y sin garantías jurídicas claras. La misión ha sido criticada también por analistas y observadores internacionales que señalan la irresponsabilidad de que instituciones públicas españolas respalden operaciones de legitimación económica en un enclave donde la soberanía no pertenece a Marruecos sino al pueblo saharaui. No es de recibo que Canarias contribuya, aunque sea de forma indirecta, a fortalecer una estrategia que vulnera la legalidad internacional y que compromete nuestra propia posición geopolítica en el Atlántico.
Hace años que venimos alertando de la creciente presión geopolítica de Marruecos sobre Canarias: desde la pesca hasta la agricultura, desde los acuerdos bilaterales con terceros países —Israel y Estados Unidos entre ellos— hasta las iniciativas para fijar fronteras marítimas ignorando al archipiélago. Hemos denunciado maniobras militares en aguas próximas, los intentos de extraer crudo o tierras raras en aguas cercanas a nuestras islas, la explotación de recursos naturales saharauis y proyectos como el del cable submarino o la exportación de arena que vulneran todas las garantías internacionales.
No es posible entender esta misión comercial como un gesto neutral. Es un paso más en una estrategia de expansión económica y política que afecta directamente a nuestros intereses como región ultraperiférica, como frontera sur de Europa y como territorio con un peso estratégico indiscutible en el Atlántico. Lo que está en juego es mucho más que la participación de unas cuantas empresas en una misión comercial. Lo que se compromete es la coherencia de la acción exterior del Gobierno de Canarias y su responsabilidad institucional hacia nuestros sectores estratégicos.
Canarias necesita una política exterior responsable, alineada con la legalidad internacional y protectora de los intereses de nuestras islas. No podemos actuar como si Marruecos fuese un aliado inocuo ni como si el desarrollo del puerto de Dajla fuese irrelevante para nuestro futuro. Es imprescindible dejar de mirar hacia otro lado y asumir que la defensa de Canarias pasa por reforzar nuestros puertos, apoyar a nuestras empresas, exigir al Estado el reconocimiento pleno de nuestra condición archipielágica, estar atentos a los afanes expansionistas de Marruecos y actuar con prudencia en un contexto internacional cada vez más complejo, sin obviar la necesaria defensa del Derecho internacional y los Derechos Humanos.
Promover Dajla no es diplomacia económica. Es un error estratégico. Y Canarias no puede permitirse errores en su principal frente geopolítico.