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Home»Opinión»Justicia»Democracia vigilada (por la ultraderecha judicial)

Democracia vigilada (por la ultraderecha judicial)

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By on noviembre 21, 2025 Justicia
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No habrían llegado hasta aquí para que todo quedara en nada.

La Sala II (¿y Marchena desde atrás?), ha querido que nos quede claro quién manda aquí.

Este hito, gravísimo y adobado con una fecha elegida a propósito, es un peldaño más (el más grave y obsceno) en toda una hoja de ruta de la judicatura ultraconservadora que viene de atrás: a mí, jurista de pueblo, me impactó cómo el Tribunal Supremo (el mismo órgano que, en su día, informó favorablemente las medidas de gracia al General Armada, uno de los protagonistas del Golpe de Estado del 23-F) se opuso a los indultos a los líderes del Procés. Que, según el propio TS, no fue Golpe de Estado sino sedición: un delito contra el orden público.

Cómo el TS y otras altas instancias judiciales han venido gestionando a su antojo fechas y  tiempos judiciales en sincronía casi perfecta con estrategias  y apremios de la derecha política.

Cómo han manejado SU autoridad jurisdiccional  para valorar las pruebas e indicios , según quién  sea el justiciable, para hacer prevalecer o destruir la presunción de inocencia de los acusados. El Caso Alberto Rodríguez fue de libro.

Cómo se han desdicho de sus propios  veredictos para intentar sustentar su boicot a la aplicación de la Ley de Amnistía, atreviéndose a re-calificar el Procés como Golpe de Estado. O cómo han retorcido el concepto de malversación de caudales, en contra de la literalidad del Código Penal y de la jurisprudencia, con la misma finalidad de sustraerse al imperio de la Ley (la de Amnistía, claro) y encaramarse sobre el poder legislativo, representante de la soberanía popular.

No. No habían llegado hasta aquí respaldando en lo esencial una instrucción torquemadesca y plagada de diligencias carentes de todo resquicio de proporcionalidad y razonabilidad para tratar de apuntalar un juicio previo, es decir un pre-juicio: hay que condenar al Fiscal General como quiera a que sea.

De nada han valido las causas de justificación, en el sentido del lenguaje corriente y en el de su alcance jurídico: ius facere (hacer conforme a Derecho) una conducta lesiva para un bien jurídico cuando concurre la legítima defensa o un estado de necesidad. O, como en este caso, un deber legal de la Fiscalía -el de velar por la imagen del propio Ministerio Público, establecido nada más abrir el Estatuto Orgánico de la Fiscalía- frente a las insidias del jefe de gabinete de Ayuso.

De nada en absoluto las declaraciones de todos los periodistas que afirmaron taxativamente que habían dispuesto del famoso correo del Príncipe Consorte con anterioridad a que le fuera entregado al Fiscal General por otros miembros de la Fiscalía, en cumplimiento del deber de “dar cuenta” a su superior jerárquico.

Y así un casi ya interminable catálogo de hechos, no de indicios, del rol que vienen jugando señalados miembros del Poder Judicial discrecionalmente colocados en las más altas instancias de la Judicatura durante los  largos años en los que el PP, mediante un claro fraude constitucional, ha mantenido secuestrado al Consejo General del Poder Judicial. Porque éste era el objetivo, a imitación de la peor derecha norteamericana, desde los tiempos de Reagan.

Un rol descaradamente anti-GobiernoProgresista, como el amigo del Narco se ha encargado de poner en claro nada más hecho público el veredicto. Timing, que se dice. Porque no es que el Fiscal General sea “un peón” del Gobierno, como lo ha llamado Feijóo. Un Feijóo que, él sí, es un peón patético de toda esta insurgencia conservadora contra el Gobierno legítimo

Este asunto tiene una gravedad difícilmente exagerable, en sí mismo. Pero me temo que aún sea mayor su gravedad como mensaje: a la ciudadanía y a los propios integrantes de la Fiscalía y de la Judicatura. Y, sobre todo, a los demás poderes del Estado.

Y un alarde de impunidad, rayana en la obscenidad, para instructores y juzgadores que “estén por la labor” o quieran hacer méritos ante Sus Altezas Judiciales .

  1. La pregunta que me vengo haciendo desde hace tiempo, y hoy más “entodavía”, es: si los poderes fácticos están dispuestos a hacer lo que sea para tumbar al Gobierno legítimo y ser ellos “quienes gobiernen al Gobierno” que lo sustituya, qué no estarán dispuestos a hacer para no perder el control del Gobierno para siempre jamás. Y las respuestas que me doy me aterrorizan.

 

 

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