Por.: José Manuel Rivero
El 10 de octubre de 2025, El País publicó un editorial titulado “Nobel de la Paz para la democracia”, a propósito del galardón concedido a María Corina Machado. En apariencia, el texto celebraba la resistencia de la “oposición democrática” frente al autoritarismo latinoamericano. Pero tras ese velo moralista se escondía otra verdad: la línea editorial del diario español ya no puede disimular su falso progresismo. Si se escudriña su capital, aparece nítidamente el poder financiero que dicta su discurso: los fondos de inversión que controlan el Grupo PRISA.
El editorial, que ensalza a Machado como símbolo de libertad, repite sin matices la narrativa del Departamento de Estado estadounidense. No defiende una idea de democracia, sino un proyecto geopolítico y financiero que se disfraza de ella. La narrativa de El País no es ya la de una redacción periodística, sino el aparato propagandístico e ideológico de sus acreedores.
El grupo PRISA arrastra una deuda colosal: más de 862 millones de euros en pasivos financieros consolidados a junio de 2025. De ellos, unos 575 millones corresponden al préstamo sindicado “senior”, y otros 250 millones al tramo “super senior”, ambos con vencimientos entre 2026 y 2029. A esto se suman pólizas y créditos auxiliares, junto con 7,8 millones de euros en intereses devengados.
Descontada la liquidez disponible, la deuda neta asciende a 664 millones de euros, o 606 millones si se excluye el efecto contable de la NIIF 16 (Norma Internacional de Información Financiera 16), que obliga a registrar como pasivos los contratos de arrendamiento que antes quedaban fuera del balance. Es decir, la norma ha hecho visible lo que antes se disimulaba: la magnitud real del endeudamiento.
Para sobrevivir, PRISA realizó entre 2024 y 2025 una maniobra de refinanciación: una ampliación de capital del 9,95 % que permitió captar 40 millones de euros mediante colocación privada, usados para liquidar la deuda “junior”, la más costosa (Euríbor + 8 %). Fue una condición impuesta por los acreedores para reestructurar el resto del pasivo. Con ello, el grupo extendió sus vencimientos hasta 2029, pero al precio de ceder el control efectivo a los fondos inversores.
El más poderoso es Amber Capital, dirigido por Joseph Oughourlian, que posee entre el 25 % y el 30 % del capital, pero ejerce control absoluto sobre la estrategia empresarial. Junto a Amber figuran Vivendi, Global Alconaba, Adar Capital y el Banco Santander, una constelación de capitales transnacionales vinculados a fondos estadounidenses como BlackRock, Vanguard y State Street, principales accionistas cruzados de buena parte del sistema financiero mundial.
Estas entidades no actúan movidas por interés periodístico alguno, sino por la defensa de un orden económico global bajo hegemonía anglosajona, donde el flujo financiero y energético permanezca subordinado a sus intereses.
El control de El País es, por tanto, una inversión estratégica: su función es moldear la opinión pública progresista europea y latinoamericana para hacerla compatible con los intereses del capital financiero norteamericano. Así se explica que el diario haya abrazado sin pudor la causa de María Corina Machado, figura funcional al proyecto de reapertura petrolera venezolana bajo dominio corporativo.
El interés de Amber Capital y sus socios en Venezuela no es ideológico, sino económico. Las reservas venezolanas —las mayores del mundo, con unos 300 mil millones de barriles— representan un potencial de capitalización colosal. La política soberana de control estatal de PDVSA ha bloqueado la entrada de capital financiero extranjero, lo que convierte al modelo venezolano en un obstáculo para la expansión del capital transnacional.
El programa económico de Machado propone abiertamente la privatización de PDVSA y la apertura del mercado energético al capital internacional. Su llegada al poder permitiría revalorizar los bonos de deuda venezolana en default, crear nuevos instrumentos financieros ligados al petróleo y, en definitiva, convertir el subsuelo venezolano en un activo bancario internacional.
Por eso, los fondos que controlan a PRISA —Amber, Vivendi, Santander— convergen en el interés de legitimar mediáticamente a Machado: un eventual cambio, por la fuerza, de régimen en Caracas sería la puerta de entrada a la privatización del petróleo y a la liberalización del mercado financiero venezolano. Lo que El País presenta como defensa de la “democracia” es, en realidad, una ofensiva económica por la reapropiación del petróleo venezolano y el retorno de la dependencia energética.
Esa lógica explica también las purgas internas. La destitución de Pepa Bueno como directora de El País no fue una renovación editorial, sino una imposición directa del presidente del grupo, Oughourlian, que colocó en su lugar a Jan Martínez-Ahrens, más dócil ante los fondos. Pepa Bueno había intentado abrir un debate sobre la transparencia de la propiedad y la financiación del grupo. Cuando ese debate rozó la cuestión del control de Amber y su subordinación a capitales estadounidenses, su salida se volvió inmediata.
Cada refinanciación, cada ratio de cobertura, cada cláusula bancaria, es una forma de censura. La deuda de PRISA no solo es un pasivo financiero: es una estructura de dominación ideológica. Bajo el ropaje de “medio progresista”, El País se ha convertido en instrumento mediático del capital especulativo internacional.
El resultado es la inversión completa del sentido de la libertad de prensa: la libertad se redefine como la posibilidad de reproducir la ideología del acreedor. El País ya no es un periódico; es un balance financiero con imprenta. El diario que en sus orígenes quiso formar una conciencia reformista es hoy una caricatura de lo que pretendió ser. Su “voz progresista” no expresa convicción ética alguna, sino una obediencia estructural al capital financiero, que usa el lenguaje de la democracia para encubrir su poder económico.
En definitiva, El País no defiende la libertad, sino la rentabilidad del capital que lo posee. La deuda, el crédito y la contabilidad —esas herramientas del derecho financiero— se han transformado en instrumentos de censura política. La independencia periodística, si alguna vez la tuvo, ha sido sustituida por la subordinación a los fondos que, desde sus despachos en Londres o Nueva York, diseñan un nuevo mapa de dominación industrial militar, energética y cultural.