Por: José Manuel Rivero.
El 4 de septiembre de 2025, en Quito, Ecuador, durante una conferencia de prensa tras reunirse con el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, declaró que “no le importa lo que diga la ONU” sobre Venezuela. Con ello, desestimó los informes técnicos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que no califican al país como un narco-Estado ni como una ruta central de tráfico de drogas. Esta afirmación revela un desprecio deliberado hacia una institución multilateral destinada a garantizar la paz, la cooperación y la solución pacífica de los conflictos, y constituye una violación directa del principio de buena fe, establecido en el artículo 2.2 de la Carta de las Naciones Unidas, que obliga a todos los Estados miembros a cumplir de manera leal con las obligaciones contraídas. Al desconocer públicamente los informes de un órgano técnico y especializado, Rubio actúa de mala fe, socavando la seguridad jurídica y la confianza entre los Estados, elementos esenciales para el orden internacional.
Este comportamiento no es un hecho aislado, sino parte de un patrón histórico que incluye la invasión de Irak en 2003 bajo la falsa justificación de las inexistentes “armas de destrucción masiva”, cuyo verdadero objetivo era apoderarse del petróleo. Hoy se repite un guion similar: presentar a Venezuela como un “narcoestado”, desacreditar la evidencia internacional y preparar el terreno para sanciones, bloqueos y posibles intervenciones que faciliten el control de los recursos petroleros y gasíferos.
El despliegue de buques de guerra y un submarino nuclear estadounidense frente a las costas venezolanas constituye una amenaza de fuerza, prohibida por el artículo 2.4 de la Carta de la ONU, que prohíbe tanto el uso como la amenaza de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. La jurisprudencia internacional, incluida la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre la “Legalidad de la Amenaza o Uso de Armas Nucleares” (1996), confirma que una amenaza existe cuando las acciones o declaraciones de un Estado sugieren disposición a emplear la fuerza. Este despliegue militar, sin autorización del Consejo de Seguridad y acompañado de retórica hostil, constituye un acto de coerción ilegítima destinado a doblegar la voluntad de un Estado soberano y vulnerar su independencia. Además, Estados Unidos incumple el deber de resolver disputas pacíficamente, establecido en el artículo 2.3 y desarrollado en el Capítulo VI de la Carta, que obliga a los Estados a solucionar controversias internacionales por medios pacíficos, incluyendo negociación, mediación y arbitraje.
Debe destacarse también el riesgo de un uso indebido de la doctrina de la “Responsabilidad de Proteger” (R2P). Adoptada por la ONU en 2005 para prevenir genocidios, crímenes de guerra, limpieza étnica y crímenes de lesa humanidad, su aplicación al narcotráfico sería un abuso flagrante, debilitando su legitimidad para situaciones de verdadera protección de poblaciones.
Se vulnera igualmente el principio de soberanía permanente sobre los recursos naturales, reconocido en la Resolución 1803 (XVII) de la Asamblea General de la ONU (1962), que establece el derecho de los pueblos a disponer de sus riquezas y recursos sin interferencia externa. Toda acción coercitiva —sanciones, bloqueos o presión militar— destinada a controlar los recursos petroleros y gasíferos de Venezuela constituye una violación de este principio, evidenciando un patrón de intervención neocolonial.
La jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia es clara: en el caso Nicaragua vs. Estados Unidos (1986), Washington fue condenado por recurrir a la fuerza y presiones económicas para desestabilizar un Estado soberano, violando el derecho internacional consuetudinario (customary international law) y los principios de no intervención. Los paralelismos con la política actual contra Venezuela son evidentes: sanciones unilaterales, diplomacia coercitiva y despliegue militar constituyen actos ilícitos destinados a forzar cambios políticos, atentando contra la igualdad soberana de los Estados y los derechos humanos de sus poblaciones.
Las sanciones impuestas sin autorización del Consejo de Seguridad representan una forma de coerción económica ilícita, afectando principalmente a la población civil, restringiendo acceso a alimentos, medicinas y servicios básicos, y violando la soberanía y los derechos fundamentales de millones de personas. Esta presión económica se suma a la intimidación militar, reforzando la ilegalidad de las acciones emprendidas.
La postura de Rubio —desprecio hacia la ONU, deslegitimación de informes técnicos, despliegue militar y sanciones ilegítimas— configura una agresión imperialista que debe ser enfrentada con firmeza. Los principios de la Carta de las Naciones Unidas no son meras formalidades: son normas vinculantes que protegen la soberanía, la paz y los derechos de los pueblos frente a la arbitrariedad y la coerción. Hoy, más que nunca, es imprescindible reclamar su respeto y vigencia efectiva.
No hay espacio para la pasividad. Es necesario construir una solidaridad latinoamericana y global, en defensa de la soberanía, la justicia internacional y los derechos de los pueblos. Esta solidaridad debe traducirse en movilización ciudadana activa, con el compromiso de movimientos sociales, trabajadores, estudiantes y fuerzas democráticas. Solo la unidad y la acción colectiva, en las calles y en los espacios institucionales, podrán detener esta agresión, frenar el neocolonialismo encubierto y reafirmar que ningún poder, por muy poderoso que sea, puede situarse por encima del derecho de los pueblos a decidir libremente su destino.