Por: José Manuel Rivero
La Vuelta Ciclista a España 2025 será recordada, no por sus puertos de leyenda ni por la victoria final de Jonas Vingegaard —lograda en una etapa final colapsada por la protesta—, sino por erigirse en un escenario de confrontación entre la maquinaria del deporte-espectáculo y la resistencia popular frente al genocidio en Gaza. Las movilizaciones masivas, particularmente en Madrid, Cataluña, Euskadi y Galicia, que irrumpieron en el asfalto de la capital paralizando la competición, trascendieron el gesto simbólico para convertirse en una denuncia colectiva y rotunda. Una acusación directa contra la complicidad institucional y corporativa del evento con un régimen israelí acusado de perpetrar una ocupación ilegal, un apartheid sistemático y un genocidio que, según organismos de la ONU, Amnistía Internacional y reconocidos expertos en derecho internacional, ha segado más de 64.000 vidas palestinas, de las cuales 20.000 son niñas y niños, y ha destruido de forma metódica las condiciones esenciales para la supervivencia de la población palestina
La respuesta de la Unión Ciclista Internacional (UCI) —un comunicado virulento que condenaba al gobierno español por “explotar el deporte con fines políticos”— desveló el cinismo de una entidad que se arroga una neutralidad cómplice. Al criminalizar la protesta, la UCI se desenmascara: no es un guardián del deporte, sino un escudo de los intereses económicos que lo financian. Su «neutralidad» es, en realidad, una toma de partido: es el silencio activo que blanquea la impunidad. La pregunta que la UCI y Unipublic, organizadora de la Vuelta, eluden es crucial: ¿Quién financia y quién se beneficia de esta normalización del horror?
La respuesta reside en los logos que tapizan los maillots. Patrocinadores como Plenitude (filial del gigante energético italiano Eni) y Carrefour no son mecenas inocentes. Plenitude opera bajo el paraguas de un conglomerado, Eni, que ha obtenido lucrativas licencias de exploración de gas natural en aguas del Mediterráneo oriental concedidas por Israel, incluyendo zonas marítimas palestinas usurpadas, en abierta violación del derecho internacional según denuncias del Centro Al Mezan para los Derechos Humanos. Eni, en consorcio con BP y SOCAR, profundiza así su implicación en una economía de la ocupación.
Por su lado, Carrefour mantiene un acuerdo de franquicia con empresas israelíes como Electra Consumer Products y Yenot Bitan, operando decenas de supermercados en asentamientos ilegales en territorio ocupado. Su expansión continua, incluso durante la ofensiva sobre Gaza, la ha hecho objetivo central de las campañas globales de boicot del movimiento BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones). Este patrocinio deportivo —con Carrefour como sponsor principal del maillot rojo— actúa como una brillante fachada de lavado de imagen (o sportswashing) para corporaciones que obtienen beneficios de una estructura de apartheid y genocidio, mientras su publicidad asociada al esfuerzo y la salud oculta su complicidad con violaciones sistemáticas del derecho internacional humanitario.
La indignación ciudadana no es, por tanto, un capricho ideológico, sino la réplica lógica ante, incluso, también, el uso del erario público para financiar la normalización de la barbarie.
Frente a esto, la reacción del pueblo español —con pancartas de “Stop Genocidio Now” y una movilización que forzó la cancelación de la etapa final— representa el pulso vital de una sociedad que se resiste a que el deporte sea secuestrado por completo por el capital depredador. Que la UCI, en lugar de atender este clamor democrático, opte por arremeter contra el gobierno español y defender una «neutralidad» que criminaliza la disidencia, es un acto flagrante de alineamiento con los intereses de Israel y sus aliados. El mensaje es perverso: se tolera el genocidio, pero se prohíbe que en las cunetas de la Vuelta se exija justicia.
El ciclismo, como todo deporte, podría ser un ámbito de dignidad y solidaridad. No lo será mientras sus principales aliados financieros luchen en territorios ocupados y la UCI funcione como brazo ejecutor de un “silencio impuesto” que estigmatiza a quienes se alzan contra la inhumanidad. La auténtica neutralidad no reside en el mutismo cómplice ante el genocidio, sino en rechazar que el flujo de capital sirva para acallar las voces de los oprimidos y perpetuar la impunidad.
En este contexto, las palabras del ex primer ministro francés Dominique de Villepin adquieren una resonancia profética: “C’est l’Espagne qui sauve l’honneur de l’Europe et non la France”. La sociedad española, con su coraje cívico, rescata la integridad moral de un continente adormecido por la inacción y la complicidad. Este reconocimiento subraya el rol pivotal de un pueblo que confronta directamente a las entidades acusadas de facilitar un genocidio, exigiendo el fin de la normalización de la injusticia.
El legado incómodo de esta Vuelta es una verdad incontestable: el deporte no es una isla apolítica. Cada logo, cada patrocinio, es un testimonio de qué intereses se blindan y qué atrocidades se invisibilizan. Mientras Plenitude y Carrefour proyectan una imagen de limpieza a través del deporte, y la UCI amenaza con sanciones a quienes defienden la humanidad, España demuestra que un pueblo movilizado puede reivindicar los valores fundamentales de los derechos humanos. La Vuelta, sus etapas y sus patrocinadores encarnan la encrucijada entre el capital voraz, la política cómplice y el anhelo de justicia. Y en ese teatro, el pueblo español ha optado por pedalear en defensa de la vida, recordándole al mundo que hay verdades que ni el dinero ni los reglamentos pueden sepultar.