Fdo: José Manuel Rivero
El archipiélago canario, un puente estratégico entre tres continentes, ha visto cómo su valor geoestratégico se ha visto empañado por una sombra siniestra en 2025: su consolidación como una de las principales puertas de entrada de cocaína a Europa. Pero más allá del tráfico de drogas, las islas se han convertido en un rehén involuntario de un complejo juego geopolítico donde la lucha antidroga sirve de pretexto para la expansión de influencia extranjera. La reciente oleada de operaciones policiales desvela una realidad incómoda: Canarias está atrapada en una red de intereses transnacionales que comprometen su autonomía y seguridad, con la DEA estadounidense desempeñando un papel protagónico que evoca estrategias de intervención ya vistas en América Latina.
Este punto de inflexión llegó en septiembre con la Operación Lazos de Sangre-Bucarte. Llevada a cabo por la Policía Nacional y la Guardia Civil con un apoyo crucial de la DEA, Europol y otras agencias, la operación desmanteló una red con base en el barrio de Bucarte (Las Palmas) que movía hachís y cocaína desde Sudamérica. Los números hablan por sí solos: 18 detenidos, 200 kilos de cocaína incautados, 14 inmuebles, 38 vehículos de lujo y 24 embarcaciones intervenidas. Sin embargo, fue un episodio de brutal violencia el que demostró la verdadera penetración del crimen. El 12 de marzo de 2025, la esposa y el hijo de “El del Buque”, un presunto integrante de la red, fueron secuestrados en su lujosa vivienda en El Salobre (Gran Canaria). Su liberación, según fuentes de la investigación, tuvo un precio de más de 300.000 euros en criptomonedas, en un aparente ajuste de cuentas. Este acto demostró que el narcotráfico no solo trafica mercancías, sino que importa su violencia, sembrando el miedo y exponiendo a la población civil a los conflictos de organizaciones transnacionales.
Esta no es una excepción. Operaciones como Silbo, que en 2024 interceptó 1.600 kilos de cocaína vinculados a un cártel mexicano con detenciones en 2025 en Tenerife y La Gomera, o la interceptación del remolcador Sky White con 3.000 kilos de cocaína al oeste de las islas en agosto de 2025, confirman el patrón. Todas comparten un denominador común: una inteligencia inicial proporcionada por agencias estadounidenses, principalmente la DEA. Su creciente y visible presencia en estas operaciones no es incidental. Aunque carece de jurisdicción oficial en España y de oficinas permanentes en las islas, su rol es desproporcionado. Esto refleja el interés estratégico de Washington por un enclave marítimo vital para las rutas atlánticas y la seguridad energética y militar de la OTAN.
La fórmula es conocida. En América Latina, la DEA ha actuado históricamente como un brazo extendido de la política exterior estadounidense, utilizando la guerra contra las drogas para justificar intervenciones y presionar a gobiernos incómodos. El caso de Venezuela y la narrativa del “Cartel de los Soles” para deslegitimar al gobierno de Maduro es el ejemplo paradigmático. En Canarias, la historia se repite con matices alarmantes. El archipiélago se convierte en un rehén geopolítico donde la «cooperación» antidroga de la DEA funciona como un arma de doble filo: es un recurso necesario para una policía local desbordada, pero también una potente herramienta de influencia y control. Este escenario se amplifica por el actual distanciamiento diplomático entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Washington, agravado por la postura crítica de España respecto al Genocidio en Gaza y su reconocimiento del Estado palestino.
En este clima de tensión, la activa presencia de la DEA en Canarias puede leerse como un mensaje dual: es cooperación frente a una amenaza común, pero también es un sutil recordatorio de la hegemonía estadounidense en el Atlántico oriental y de la dependencia estratégica que España aún mantiene. Cada alijo incautado es un éxito policial, pero también un síntoma de una dinámica más profunda y preocupante. Canarias no solo libra una batalla contra el crimen organizado; es una pieza en un tablero de ajedrez geopolítico donde su seguridad nacional se negocia y se instrumentaliza. La dependencia de inteligencia extranjera, la violencia importada y la influencia silenciosa de agencias como la DEA colocan a las islas ante un riesgo existencial: el de convertirse en un laboratorio donde la cooperación internacional muta en un mecanismo de presión y control externo. Lejos de su imagen de paraíso turístico, Canarias es hoy un epicentro estratégico cuya soberanía pende de un hilo, atrapada entre la urgente lucha contra el narcotráfico y la sombra larga de una geopolítica implacable.