Por Javier Madrazo Lavín. Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales (2001-2009)
El Gobierno Vasco ha anunciado su intención de realizar algunas modificaciones legislativas en materia de vivienda. Comparto la necesidad de reducir los plazos en la tramitación urbanística sin reducir las garantías jurídicas. También coincido en la necesidad de dar un impulso a los alojamientos dotacionales. Esta es una figura novedosa que incluimos en la Ley de Suelo y Urbanismo de 2006. Al ser equipamientos públicos no computan aprovechamiento ni alteran la edificabilidad de la parcela, ni necesitan modificar el planeamiento y demás instrumentos de ejecución.
Los sucesivos gobiernos de PNV-PSE no han sido capaces de aprovechar las potencialidades de esta alternativa habitacional. Resulta un balance decepcionante, la puesta en marcha, en las últimas dos décadas, de 2.000 alojamientos dotacionales, muchos de ellos aún sin terminar.
Pero me veo en la obligación de mostrar mi total desacuerdo con la contrarreforma que ha anunciado el Consejero, Denis Itxaso, para rebajar las reservas de suelo para vivienda protegida, que pasarían del 75% al 60%.
Defiende esta medida en la necesidad de impulsar los desarrollos urbanísticos, asegurando su viabilidad económica, y así obtener suelo para vivienda protegida.
Resulta difícil explicar a la ciudadanía cómo se pretende hacer más vivienda protegida, exigiendo menos reservas de suelo para ello.
Los precios del mercado de vivienda libre son muy similares a los máximos que se alcanzaron en la burbuja inmobiliaria ¿Cómo es posible que sean imposibles económicamente los desarrollos urbanísticos si dicha viabilidad debe quedar justificada en los planes urbanísticos que han sido supervisados por su propio Departamento? ¿No ha sido suficiente incentivo la subida de los precios de las VPO que el Consejero ya ha prometido a los promotores privados?
Mientras las Administraciones Públicas priorizan la construcción de viviendas de precio asequible, los propietarios privados de suelo priorizan la obtención de beneficios, más allá del razonable margen empresarial, apostando por las viviendas libres a precios de escándalo.
En los últimos años ha faltado voluntad política para intervenir por parte de la Administración Pública y evitar la inactividad de la iniciativa privada en el desarrollo de los suelos calificados para vivienda protegida. Hemos echado en falta exigencia y firmeza para hacer cumplir la legislación urbanística. La expropiación de solares, pagando el justiprecio correspondiente, es una previsión legal a la que se recurre con normalidad en otro tipo de obras civiles e infraestructuras. ¿Por qué no se emplea en materia de vivienda y urbanismo?
Me pregunto si tocarán el 20% de reserva de suelo para vivienda protegida más cara (tasada) o el 55% de precio más barato (VPO).
Qué pasará si se rebajan legalmente las reservas de suelo para vivienda protegida y, pese a ello, no se consiguen movilizar esos solares. ¿Van a condicionar esta rebaja a la garantía de ejecución de la operación urbanística y a la construcción de viviendas protegidas en un plazo concreto? ¿Qué debe hacer la Administración Pública si a la propiedad privada del suelo le sigue sin interesar desarrollar las viviendas protegidas obligatorias? ¿Le harán otra rebaja más?
Esta medida que ahora se propone en modo alguno se alinea con la emergencia habitacional que sufrimos. Siendo optimistas, estas nuevas viviendas protegidas no estarían iniciadas en menos de cuatro años. Por otra parte, si existiera algún desarrollo urbanístico previsto en el corto plazo, con el anuncio hecho público sólo habrán conseguido paralizarlo porque los propietarios de suelo querrán acogerse a la prometida rebaja de obligaciones o a la subida de los precios básicos de las viviendas protegidas.
Y, lo que es más grave, todavía no hemos oído hablar al Sr. Denis Itxaso de obligaciones mínimas de reservas de suelo con destino a viviendas en régimen de alquiler asequible, una medida clave recogida en la legislación básica del Estado y que, a pesar del recurso del PNV y PP, ha sido declarada plenamente constitucional.
Planes generales, como el de Bilbao, no prevén ninguna reserva de suelo para viviendas en alquiler. Esta obligación sigue, dos años después, pendiente de transposición a nuestro ordenamiento jurídico. Alguien deberá explicar el porqué.
En Euskadi el debate sobre las elevadas reservas obligatorias de suelo con destino a vivienda protegida quedó zanjado hace ya más de veinte años. Resulta decepcionante que un Consejero Socialista se preste a hacerle el juego a la derecha. Llevan muchos años suspirando por modificar una legislación que antepone los intereses de la ciudadanía a la avaricia del lobby de propietarios de suelo y promotores. La emergencia social que padecemos, especialmente la juventud, no pasa por ceder a sus chantajes y presiones. No perdamos el norte ni olvidemos de qué lado estamos.