REDESSCAN (Red Canaria en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales) considera que los Presupuestos Generales de Canarias para 2025 han sido presentados con la promesa de un refuerzo en el área de Bienestar Social, alcanzando los 774,2 millones de euros, la cifra más alta registrada hasta la fecha. Sin embargo, más allá de los titulares que destacan este aumento, un análisis detallado del documento revela una preocupante transformación del modelo de servicios sociales que podría conducir a su precarización, externalización y privatización, con efectos negativos sobre todas las personas, especialmente las más vulnerabilizadas del archipiélago.
Así lo expone REDESSCAN a través del siguiente comunicado:
El espejismo del incremento presupuestario
Si bien se ha anunciado un incremento del 8,58% en el presupuesto de Bienestar Social respecto a 2024, lo fundamental no es sólo cuánto se invierte, sino cómo y dónde se asignan los fondos.
Según el informe de ODESOCAN, el 70,7% del presupuesto se destina a transferencias corrientes, es decir, pagos recurrentes a entidades externas en lugar de inversión directa en infraestructuras o personal estable.
La Ley de Servicios Sociales de Canarias, que exige un aumento mínimo de 55 millones de euros anuales hasta la implementación del Mapa Estratégico de Servicios Sociales, sigue sin cumplirse plenamente. A pesar de los 59 millones adicionales, se observa un déficit estructural que sigue afectando la calidad de los servicios y el acceso de la población a ellos.
La externalización como vía hacia la privatización
Uno de los principales riesgos detectados es la creciente externalización de servicios, lo que abre
la puerta a una progresiva privatización del sistema público de servicios sociales. Mientras que en teoría la externalización puede mejorar la eficiencia, en la práctica suele traducirse en la precarización de l@s trabajadores, la reducción de la calidad del servicio y la falta de control público sobre su gestión. Debilitando los servicios públicos y por tanto los derechos.
Los datos del Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales (Índice DEC) de 2025, elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, muestran que Canarias ha mejorado su puntuación hasta el sexto puesto a nivel nacional (5,33 puntos). Sin embargo, este avance se debe principalmente a la integración de instituciones en el sistema de dependencia y la aprobación del Catálogo de Servicios Sociales, más que a un fortalecimiento real de la gestión pública. La falta de diagnóstico y planificación estratégica y la ausencia de una historia social única continúan siendo problemas estructurales que impiden una mejora sustancial del sistema.
Críticas de los colegios profesionales y la oposición
Los colegios profesionales de Trabajo social y la oposición han manifestado su rechazo a la gestión del área de Bienestar Social en Canarias, especialmente con el nuevo decreto de Dependencia. Los Colegios de Trabajo Social de Canarias han calificado esta normativa como una «grave amenaza», argumentando que podría bloquear el acceso al sistema de dependencia y perjudicar a las personas solicitantes. Además, denuncian que no hay una dotación presupuestaria adecuada, lo que pone en riesgo la mejora de los recursos humanos, sociales y comunitarios, y la capacidad del sistema para absorber la demanda creciente.
Otro punto crítico es el recorte en personal, aunque no hay cifras exactas sobre la reducción de plazas en bienestar social, se ha denunciado que cada vez más servicios son gestionados por entidades privadas o del tercer sector, dejando a la administración pública en un papel residual.
Este fenómeno genera un círculo vicioso en el que el Estado pierde capacidad de control, mientras que las entidades externas priorizan su rentabilidad sobre la atención a la población.
La dependencia en Canarias: un sistema en crisis
El sistema de atención a la dependencia es un claro ejemplo del desmantelamiento progresivo de los servicios públicos. Aunque han habido avances en la integración de instituciones, Canarias sigue enfrentando uno de los mayores colapsos en la gestión de la dependencia a nivel estatal. La falta de planificación, la insuficiencia de recursos y las largas listas de espera son una constante que afecta a miles de familias.
El nuevo decreto de Dependencia, lejos de solucionar estos problemas, complica aún más el acceso, según denuncian los colegios profesionales, crítica a la que nos sumamos. Se teme que el cambio en el modelo administrativo aumente la burocracia sin resolver el problema de fondo: la falta de recursos humanos y la incapacidad del sistema para responder a la demanda.
Conclusión: ¿hacia un modelo de beneficencia y privatización?
A pesar del incremento en el presupuesto de Bienestar Social, el rumbo que están tomando las políticas públicas en Canarias apunta a un modelo más precarizado, externalizado y privatizado.
En lugar de reforzar la gestión pública de los servicios sociales, y la coordinación institucional de los recursos, se está consolidando un sistema basado en la asistencia caritativa y en la delegación de responsabilidades al sector privado.
Este cambio de modelo debilita la garantía de derechos sociales, dejando a las personas más empobrecidas a merced de un sistema en el que la rentabilidad y el beneficio económico puede estar por encima de la atención de calidad. Si no se toman medidas para revertir esta tendencia, Canarias corre el riesgo de consolidar un sistema de desigualdades y exclusión, donde el acceso a derechos fundamentales depende más de la suerte que de la acción pública.
Es urgente un debate serio sobre el futuro de los Servicios Sociales en Canarias. La administración debe apostar por una gestión pública fuerte, con personal suficiente, financiación adecuada y un modelo que garantice la equidad, la transparencia, la participación y la universalidad en la atención. No podemos permitir que los servicios sociales se conviertan en un negocio, en lugar de ser un pilar fundamental del Estado de Bienestar.