Por Santiago Pérez
Allá por 2021, cuando los socialistas canarios -a propuesta de la agrupación de La Laguna y de Ángel Víctor Torres- acordaron proponerme como senador en representación de Canarias, me tuve que aguantar a pelo y sin posibilidad de réplica las insidias de los cuates propagandísticos de Clavijo y compañía acusándome de que me iba al Senado “para aforarme”. ¿Aforarme de qué, me preguntaba a mí mismo?.
Ah!, de algunas denuncias ante la jurisdicción penal, que me habían hecho los de Coalición Canaria y algún “agente encubierto”, que no tenían ni fundamento ni el menor recorrido. Y cuya tramitación judicial duró menos que un bizcocho a la puerta de una escuela.
El aforamiento es un instituto incompatible con una sociedad democrática, por lo que supone de quiebra del principio del juez ordinario predeterminado por la ley y del principio de igualdad ante la ley (art.14 de la Constitución).
Y si el aforamiento tuviera o tuviese alguna razón de ser, política y jurídicamente hablando, sería en exclusiva para investigar y juzgar a los que desempeñan cargos protegidos por el aforamiento “por el ejercicio de las funciones propias del cargo”, tal y como subrayó el Consejo de Estado en un dictamen fechado en noviembre de 2018.
Utilizar el aforamiento para zafarse del “juez natural” y sobre todo para no dar cuentas ante los tribunales ordinarios, como todos los ciudadanos, de fechorías cometidas en el ejercicio de otros cargos públicos con anterioridad al desempeño del cargo -de senador, en estos casos- por el que se está aforado, es un fraude constitucional por donde quiera que se mire. Y una desvergüenza.
Aunque yo no pensara así (o en el caso de que me pasara estas convicciones por salvas sean mis partes) un chico como yo no es muy listo, pero tampoco demasiado tonto, como para ir a ponerse sin necesidad ninguna en manos de Su Majestuosidad: el juez Marchena.
Sin embargo, reconozco que Clavijo y Cía (con la inapreciable colaboración de Choclán y choclanes) han patentado un eficacísimo sistema para lograr archivos y sobreseimientos exprés de la Sala II del Supremo. El mecanismo es tan descarado como sencillo: se les nombra “senadores para aforarse”, degradando así la representación institucional ante las Cortes Generales de esa Canarias a la que nuestros “nacionalistas” dicen amar apasionadamente.
Ya van tres, en realidad cuatro, en los últimos tiempos: el propio Clavijo, SanGinés (2) y, muy recientemente, Aniceto Javier Armas González, herreño, para el que la Fiscalía solicitaba en su escrito de acusación (fechado en 2018) hasta 11 años de prisión por delitos continuados contra el medioambiente, de prevaricación medioambiental y contra la ordenación del territorio. ¡Chapeau!
Estoy convencido de que desde la Villa de Madrid se ven con gran distancia los asuntos de los territorios y de los pueblos de ultramar, hoy ultraperiféricos. Así ha sido siempre desde los tiempos del Imperio donde no se ponía el sol. Y así, seguramente, continuará ocurriendo.
Y no sé por qué me viene a la cabeza la impresión de que el vasallaje que Clavijo rinde al PP (y, de refilón, a los franquistas de Vox, añorantes de tiempos gloriosos, que llevan a Feijóo y a los suyos a rastras, jadeantes y con la lengua fuera en temas tan importantes para las Islas como el de la acogida y atención solidaria de los niños y jóvenes migrantes que llegan a nuestro Archipiélago) no tiene que ver sólo con que lo mantienen en el poder a-pesar-de-no-haber-ganado-las-elecciones; sino con no sé qué puertas que le abren a algunas altas instancias judiciales, que cada vez más parecen franquiciadas del conservadurismo más extremo. Es sólo una impresión.