Por Armando Marcos. Periodista
El Gobierno de España y el de Canarias tienen que desmantelar los clanes de la avaricia que controlan los grandes negocios del turismo y la construcción. ¿Estamos ante un sector donde, presuntamente, podrían existir «mafias» organizadas integradas en determinados circuitos turísticos internacionales?
Asistimos a una polémica preocupante por el descontrol del crecimiento turístico en Canarias. Los ciudadanos han dicho ¡Basta, ya! ante tanto atropello caciquil que actúa a modo de dictadura del cemento. A los canarios y canarias que defienden nuestro medio ambiente, se les ha reventado su paciencia. Los ciudadanos han tomado las calles para, en manifestaciones multitudinarias y pacíficas, tratar de parar el genocidio turístico que maltrata y castiga el territorio urbanístico regional.
Canarias lleva años sufriendo un atentado terrorista ecológico sin control cuyos constructores y empresarios vienen saltándose las leyes urbanísticas vigentes. La Ley hay que aplicarla y respetarla caiga quien caiga. Canarias necesita una renovada Ley del Turismo, un cambio de modelo y de sistema.
¿Qué razón de ser tiene la Ley del Turismo si los dirigentes empresariales y políticos, así como los poderes fácticos están por encima de la Ley y del Poder Judicial?
El espectacular crecimiento monstruoso del sector turístico canario ha traspasado todas las líneas rojas.
El empresariado, en su particular anarquía, y con el apoyo, presuntamente, de los ayuntamientos y el Gobierno canario, han constituido sus reinos de tayfas adueñándose de todo nuestro territorio.
La especulación del sector turístico que va de la mano de hierro con el de la construcción, sigue siendo catastrófica.
Hay que parar esta destrucción del territorio. «Canarias no puede caer en la basura», solía advertir con su indiscutible visión progresista y arquitectónica, nuestro artista universal, el lanzaroteño y querido César Manrique.
Los caciques de las empresas de la construcción, amparados por ciertos políticos depravados, no han desaparecido.
Los caciques del ladrillo y el cemento iguen provocando una situación caótica en la industria turística. El Gobierno tiene que desmantelar los clanes de la avaricia que controlan los grandes negocios del turismo y la construcción.
El desastre medioambiental y ecológico que castiga a nuestro Archipiélago tiene como principales culpables y responsables a constructores avariciosos, así como a varios Bancos y grupos inmobiliarios. Pero el principal irresponsable político y e inmoral es el Gobierno de España y el gobierno de Canarias. Ambas instituciones no han sabido o no han querido coordinar conjuntamente Planes de Urbanización Urbana o un nuevo Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) que es un instrumento de planificación territorial que ordena integralmente el urbanismo de las Islas.
En detrimento de las zonas verdes; la masacre del litoral costero y el expolio de otras grandes superficies de suelo no urbanizable, se han venido incumpliendo todas las leyes y ordenanzas urbanísticas.
En la actualidad, la manipulada planificación territorial insular está «gestionada» conjuntamente por la clase empresarial turística y el sector de la construcción que son los que mandan en la industria turística de Canarias.
A la vista de lo que está ocurriendo queda claro que, ni los ayuntamientos, ni los Cabildos, ni el gobierno Canario, no son capaces de poner orden donde ahora impera el desorden.
Los negocios oscuros, las construcciones ilegales y otros intereses empresariales y políticos, han traspasado todas las líneas rojas y las leyes urbanísticas.
En nuestra industria turística manda el poder del dinero, la anarquía y los «favores políticos-empresariales» acordados en los reservados de alguna marisquería.
Los tentáculos de los empresarios de la construcción son muy grandes. Han asfixiado de cemento y mamotretos todo el territorio isleño. Han destrozado Canarias. Se han cargado -con la complicidad de los políticos corruptos que hacen la vista gorda-, un porcentaje alarmante del paisaje natural que era reserva intocable de nuestra Naturaleza Canaria.
La irresponsabilidad política de este Gobierno presidido por Fernando Clavijo y sus antecesores en el Ejecutivo canario, como el actual ministro, Ángel Víctor Torres, es todo un crimen ecológico que la Fiscalía tendría que investigar a fondo.
¿Hasta cuándo nos van a seguir vendiendo el manido argumento que «el turismo es la principal industria de Canarias»? ¿Es que no existen otras alternativas?
¿Qué pretenden ciertos empresarios de la construcción y del sector turístico apoyados por una clase politica irresponsable e inmoral que todo lo consiente a cambio, presuntamente, de oscuras comisiones millonarias y otras mordidas insaciables?
¿Hasta dónde quieren seguir construyendo macro urbanizaciones turísticas de dudosa legalidad? ¿Por cuántos años más se va a consentir que los touroperadores engorden sus negocios
trayendo un turismo de mala calidad y de poder adquisitivo ínfimo que solo les alcanza para pagar una cerveza, un Hot dog («perrito caliente») o una pizza margarita recalentada y en oferta?
Todos los expertos coinciden en que hay que renovar el llamado «buque insignia» del sector turístico donde algunos hoteles, bungalows y apartamentos han quedado obsoletos por falta de mantenimiento o desidia de sus gestores y propietarios. El retrato de un turismo de alpargatas y hamburguesas, evidencia una imagen vergonzosa y deprimente. No generalizo, claro. Pues el sector turístico, sin duda, cuenta con excelentes y magníficos profesionales a los que hay que apoyar, siempre y cuando apuesten por un turismo sostenible y de calidad.
Es responsabilidad del Gobierno poner el freno a una industria turística desorbitada, salvaje y descontrolada.
Canarias no puede ser maltratada por unos empresarios y constructores especuladores y egoístas. El único objetivo de esos asaltadores de la Naturaleza es devorar el suelo, el medio ambiente y el litoral costero.
El Gobierno de Canarias tiene que implicarse politicamente y personarse ante la Fiscalía de Medio Ambiente y otras instancias judiciales para denunciar este atentado terrorista ecológico. Es hora de acabar con los califas y caciques del turismo salvaje. Es hora de controlar las decisiones o «acuerdos» de ciertos ayuntamientos y sus alcaldes que conceden licencias para construir hoteles y apartamentos cuyos proyectos son de dudosa legalidad.
La prevaricación medioambiental es un delito. Tal como lo expone el artículo 45 de la Constitución española: “Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo”.
El turismo y su crecimiento dislocado y descontrolado no puede acabar con el desarrollo ecológico y medioambiental de nuestras Islas.
Canarias no debe ser conocida como el estercolero del ladrillo del Atlántico ni de la Unión Europea.