Por Francisco Manuel Fajardo. Senador del PSOE por Lanzarote y La Graciosa.
La mentira, la amenaza y la difamación hacia los profesionales de los medios no pueden tener cabida en nuestra democracia.
Lamentablemente, como era de esperar los senadores canarios del Partido Popular hicieron piña con su grupo y votaron en contra de la moción presentada por el PSOE en la Cámara Alta. En ella, instamos a condenar los ataques y amenazas a la prensa perpetradas desde la Comunidad de Madrid, a través de Miguel Ángel Rodríguez con el amparo de Díaz Ayuso, y en apoyo a la libertad de prensa. Así ha sido, aunque muchos demócratas no salgamos de nuestro asombro.
También, como era de esperar el representante de Coalición Canaria en el Senado, senador autonómico, Pedro Sanginés, se desmarcó de la moción socialista y prefirió abstenerse. Es decir, optó por no condenar las agresiones e intimidaciones a la prensa llevadas a cabo por el jefe del Gabinete de Ayuso. Era de esperar porque de denostar a la prensa y a los funcionarios que no le bailaban el agua sabe mucho de su época de presidente del Cabildo de Lanzarote.
Debemos ser realistas. El Partido Popular no va a cejar en su estrategia de acoso y derribo del Gobierno de Pedro Sánchez y, para ello, va seguir recurriendo a cualquier medio a su alcance como es intentar amordazar a la prensa. Les da igual que el artículo 20 de nuestra Constitución reconozca y proteja el derecho a comunicar y recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.
Les da igual que la prensa y los profesionales que ejercen el periodismo tengan y hayan tenido un papel primordial en la consolidación de la democracia de nuestro país. Del mismo modo, les da igual que el derecho a recibir una información veraz y contrastada por parte de la ciudadanía sea un bien que debemos proteger.
Les da igual, porque para el Partido Popular vale cualquier medio para conseguir su fin de debilitar el Gobierno de España. En los últimos tiempos, estamos asistiendo a determinados comportamientos impropios de una sociedad democrática que, desgraciadamente, se están convirtiendo en norma habitual.
Es el caso de las amenazas y coacciones a periodistas, de los bulos y de las informaciones falsas para restar credibilidad a los medios y sus profesionales, todo ello con la complicidad de otros “medios de comunicación”, “periodistas” y actores mediáticos, convertidos en colaboradores necesarios para que se difundan este tipo de noticias falsas que atacan directamente a la libertad de prensa.
Ante esto, debemos poner pie en pared en defensa del derecho a la información y la libertad de prensa porque son esenciales para el funcionamiento efectivo de nuestra democracia al garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana informada. La mentira, la amenaza y la difamación hacia los profesionales de los medios no pueden tener cabida en nuestra democracia.
Mi compromiso y el de mi partido es seguir garantizando la defensa de la libertad de prensa y el libre ejercicio del periodismo como principios básicos e irrenunciables del Estado de Derecho como aval de control eficaz sobre la gestión pública y como expresión de convivencia democrática.