La tragedia que azota la isla de Tenerife pasará a la historia como uno de los incendios más devastadores de las islas Canarias.
Miles de hectáreas quemadas, bosques, montes, gente despavorida ante la debacle del fuego abrazador, son las noticias que nos han puesto los pelos como escarpias y el sentimiento solidario de todos los canarios con la isla del Teide.
Ahora están los lamentos, luego vendrán las culpas, después y cuando hayan pasado un par de años nos olvidaremos del paisaje anterior y volveremos a divisar uno nuevo e incluso “novedoso”.
Si tenemos en cuenta que el 90% de los incendios son provocados por la gente, unas veces, la menos, por imprudencia, otras veces, las más menos, producidos por pirómanos descerebrados y las más veces por oscuros intereses económicos, no estaría de más volver a pensar en la famosa “teoría de la conspiración” para buscar la raíz del problema del incendio de Tenerife y de los incendios en general.
Si echamos una mirada a las leyes del suelo, si investigamos un poco, sin ánimo de culpabilizar a nadie, observaremos que aquellas que están destinadas, o por lo menos se presume, a salvaguardar el territorio que, si es importante en la zona peninsular, en las islas toma una singular relevancia por lo escaso del mismo, tienen en su entramado legal “lagunas” importantes para la recalificación de los territorios de zonas rusticas con destino agrario a otros destinos más “productivos”.
Las Islas Macaronésicas, también llamadas afortunadas, escaseamos del líquido elemento que nos da la posibilidad de reforestar nuestro territorio, la falta de agua es una constante en nuestras vidas, en la vida de los canarios. Precisamente por la conservación de nuestra fauna y flora cualquier conato de incendio supone un importante desequilibrio medio ambiental.
Hace unos años el gobierno de Mariano Rajoy, más conocido como M. Rajoy, dictó una ley por la que Canarias puede reclasificar suelo rústico quemado si se hace por ley y fuera de espacios protegidos.
La normativa de montes aprobada por Rajoy permite a las comunidades autónomas recalificar con una ley terrenos rústicos incendiados por razones imperiosas de interés público. La normativa isleña del suelo permite igual procedimiento solo si está fuera de espacio protegido, La superficie forestal de Canarias alcanza las 566.418 hectáreas, de las que 132.142 son de arbolado, fundamentalmente pinares y monte verde según datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente (Magrama) correspondientes al año 2019.
De esta cantidad, 66.361 hectáreas son propiedad privada, 53.323 pertenecen a entidades locales (ayuntamientos y cabildos), 14.121 del Estado y 286 vecinales de uso comunitario. De la superficie forestal desarbolada, que suma en Canarias 429.554 hectáreas, 387.220 son de particulares. Con estos “mimbres” no es de extrañar cualquier manipulación del medio ambiente, aunque se joda el ecosistema y cueste lo que cueste.
La película La caja 507, protagonizada por Antonio Resines, José Coronado y Goya Toledo, nos ofrece un drama cuyo eje principal es la especulación urbanística de una zona de la Costa del Sol andaluza, que lejos de ser ficción nos muestra la cruda realidad de la poderosa mafia que existe alrededor del negocio turístico.
Por otro lado, no es nada extraño pensar que la ley promulgada por el Gobierno del PP esté hecha a medida de los “promotores pirómanos”.
No obstante, el tiempo nos dará los nombres y apellidos de los beneficiarios (si es que los hay) del pavoroso incendio que recordaremos siempre como el “agosto negro” de Canarias.
En realidad, cuando el monte se quema, algo nuestro se quema…
Joaquín Hernández