Escucha la entrevista con Daniel Duque Funes, presidente de la Asociación Salvar La Tejita
La Asociación hizo público el siguiente comunicado:
El 9 de febrero de 2023, Salvar La Tejita solicitó al Cabildo información medioambiental específica relacionada con el Circuito de Motor Tenerife, un proyecto que costará 56 millones de euros de fondos públicos y que está previsto que se construya en suelo rústico en Granadilla de Abona. Además, la asociación solicitó la condición de «Parte Interesada», con el fin de recibir notificaciones relativas a la ejecución del proyecto.
El 31 de marzo de 2023, la asociación recibió una respuesta del Área de Carreteras, Movilidad, Innovación y Cultura, que afirmaba «estimar» una de las solicitudes, enviando varios enlaces a información que ya había sido publicada. Varios de estos enlaces no funcionan, y los otros llevan a información incompleta que la asociación ya tenía.
La administración desestimó la solicitud de la asociación de ser considerada «parte interesada», y desestimó la solicitud de «Informes medioambientales, todos los informes técnicos, incluyendo saneamiento, abastecimiento de agua, suministro eléctrico, ruidos y vibraciones, contaminación lumínica».
La excusa que puso la administración es alarmante
» …..Por lo que se refiere a los informes contenidos en las letras a y d (medioambientales o todos los informes técnicos, incluyendo saneamiento, abastecimiento de agua, suministro eléctrico,….) hay que señalar que el Circuito del Motor de Tenerife tiene su origen en los años 90 y que son múltiples los informes obrantes en el expediente. Esta petición de documentación tan amplia conllevaría la paralización de la gestión administrativa diaria, originando un perjuicio del servicio público esencial que este Servicio tiene encomendado por lo que no es posible atender esta solicitud tan genérica.».
Estos dos des-estimaciones infringir directamente la Ley 2006/27 (Estatal), y la respuesta de esta administración prácticamente admite que muchos de los informes técnicos que este proyecto requeriría legalmente para continuar, son de los años 90, por lo que probablemente estarían caducados, o ya no serían válidos debido al cambio de leyes y normativas. Además, si la administración «no puede facilitar estos documentos al Salvar La Tejita debido a una posible paralización de la gestión administrativa diaria», entonces ¿cómo pueden localizar y aplicar estos documentos al expediente de licencia de obra?
Es muy irregular que la Jefa de Servicio del Cabildo, a la que se paga con fondos públicos para que conozca y ejerza sus funciones, desconozca, al parecer, la legislación vigente;-
«El acceso a la información Ambiental viene regulado, esencialmente, en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente , por la que se incorpora a derecho interno la Directiva 2003/4/CE y Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Instrumento de Ratificación del Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medioambiente hecho en Aarhus el 25 de junio de 1998 (convenio de Aarhus)».
El propio Tribunal Supremo ha validado esta mayor protección al derecho de acceso en una caso similar referido a los representantes autonómicos (STS de 15 de junio de 2015 (RJ 2015, 4815).
También resulta muy curioso por qué el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Manuel Martín Domínguez, ha expresado, a través de una reciente entrevista televisada, que «las asociaciones ecologistas siempre dicen NO a todo», mientras su propio administración aplica una (presunta) censura ilegal para que estas asociaciones no puedan acceder a la información. ¿Cómo pretende el presidente que una asociación apruebe los aspectos medioambientales de un proyecto si la asociación no tiene acceso a estudiar dicha información?
Por último, es obvio que la respuesta del Cablido afirma que no desean que el público acceda a los detalles de un proyecto financiado con fondos públicos y con un coste de 56 millones de euros.
Evidentemente, de la forma en que el Cabildo de Tenerife está gestionando el aspecto administrativo del Circuito Motor de Tenerife, la isla se quedará sin su Circuito de Motor, con otro «esqueleto» inacabado, y con la pérdida de la mayor parte de 56 millones de euros.
Salvar La Tejita ha presentado denuncias al Defensor del Pueblo y al Comisionado de Transparencia de Canarias, y continuará con este caso hasta que la administración cumpla con las leyes de transparencia vigentes.