Escucha la entrevista con Eduardo Martín Almeida, activista de Salvar Chira-Soria
En febrero de este año arrancaron las obras para la construcción de la central hidroeléctrica en el Barranco de Arguineguín. Sin embargo, desde Salvar Chira-Soria llevan tiempo denunciando que estos trabajos no están amparados por la legalidad. Hablamos con Eduardo Martín Almeida, activista de la plataforma, para conocer los detalles de este asunto.
“Se están realizando las obras de ejecución sin disponer del marco jurídico para ello”, manifiesta Eduardo Martín. Aclara que ni el gobierno estatal ni el canario ni el del Cabildo Insular tienen potestad para ejecutar los trabajos que ya inició Red Eléctrica Española, la empresa beneficiaria de esta concesión por 50 años, ampliables a otros 25.
Recuerda Martín Almeida que el colectivo Tamaranae Activistas ya denunció ante la Fiscalía la puesta en marcha de las obras. “Esperamos que algún juez tenga el sentido común, el criterio y la valentía para romper todo este muro de silencio que han levantado en torno al proyecto, señala el activista, quien confía en que algún magistrado tenga la valentía de pararlo al menos cautelarmente hasta que se pronuncie la Unión Europea.
Expone Eduardo Martín que “el proyecto no dispone del marco jurídico porque contraviene el artículo 54 de la directiva europea 2019/944 que dice que los gestores de las redes de transporte, en este caso red eléctrica, no poseerán ni gestionarán instalaciones de almacenamiento energético”. Si bien reconoce que esta misma normativa permite un margen para la excepción, que fue solicitada en noviembre de 2020 por el gobierno español, se pregunta de quién sería la responsabilidad si Europa resolviese que no se puede conceder dicha excepción una vez iniciadas las obras.
“Las obras están muy ralentizadas porque ellos no pueden acometer lo que es el grueso de la obra, que es empezar a tunelar las montañas del Barranco de Arguineguín”, comenta Eduardo Martín. Explica que el tímido avance de los trabajos viene explicado por la gran responsabilidad patrimonial que tendrían que asumir las instituciones responsables en caso de que la Unión Europea paralice la obra o determine su ilegalidad.