Escucha la intervención de Eloy Cuadra, relatando el drama que vive esta vecina de Santa Cruz
Milagros Arvelo vive alquilada en los bajos de una escalera en pleno centro de la capital chicharrera. Desde hace dos meses, la propietaria del espacio que habita le comunicó que debía marcharse. Los bajos recursos de los que Mila dispone hace que no tenga otro lugar donde quedarse. En esta situación, la propietaria ha pasado a la acción, no denunciando ante un juzgado a la inquilina, sino contratando los servicios de una empresa de desalojos.
Desde entonces, miembros de esta organización paramilitar de ultraderecha, relata Eloy Cuadra, se han dedicado durante dos meses a acosar, perseguir, increpar y golpear la puerta de Mila, en un intento de que termine cediendo ante la presión y desaloje la propiedad.
Según narra el activista, ante la resistencia de Mila, la empresa de “desocupación” ha pasado a bloquear continuamente el acceso de la inquilina, forzando la cerradura. En días pasados, esta vecina tuvo que permanecer cinco horas en la puerta de la vivienda con su perro dentro sin poder acceder. La única vía para lograr entrar a este “zulo”, cuenta Eloy Cuadra, fue la organización solidaria de varias activistas para contratar los servicios de un cerrajero y colocar una nueva cerradura.
Una vez que Mila logró entrar a la vivienda, ha llegado a la conclusión de que salir no es una opción. Miembros de la empresa de desocupación están vigilando su puerta y tratan de forzarla continuamente, según comentan los activistas que están apoyando a la vecina. “Los paramilitares de la desocupación volvieron por la casa de Mila a inutilizarle la puerta, pero Mila está durmiendo junto a la puerta casi sin pegar ojo y los escuchó nada más entrar, se armó de valor y salió para evitar que forzaran la puerta esta vez”, relata Eloy.
Mila está “totalmente hundida, desesperada, rota, a punto de abandonar”, señala. Han interpuesto denuncias ante la policía, según comenta, pero no ha habido ninguna actuación hasta el momento para frenar a la empresa de desalojos. Confiensa, por contra, que no le sorprende esta pasividad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a los que acusa de tener de forma extendida una ideología de ultraderecha.
Los activistas lamentan también la inacción de las administraciones públicas en los distintos niveles, pues se han dirigido tanto al Ayuntamiento de Santa Cruz como al Gobierno de Canarias, sin recibir una respuesta que resuelva la situación.
Desde la Acampada Reivindicativa y el colectivo Salvar Canarias están ejerciendo tanta presión como les es posible para buscar una salida a esta vecina de Santa Cruz y frenar esta vulneración de sus derechos más fundamentales.