Sermoneaba estos días un editorial de los medios ultraconservadores, lanzado a carga de machete contra el Gobierno, que “…le asiste la razón a Feijóo cuando señala que hay varios puntos de consenso con el nacionalismo vasco, en políticas económicas, industriales y de bienestar, que merecen la pena explorar”.
Sólo le faltó añadir “…siempre que la exploración y los posibles acuerdos los protagonice un Gobierno de la derecha. Y si no, no”. La reserva mental, y la falta de respeto a la inteligencia de la ciudadanía, es evidente.
Lo expresan con la mayor naturalidad. La que proviene del orden de las cosas bendecido por las tradiciones. Y ese orden nos enseña que deben estar en el poder los que representan los intereses de los sectores dominantes en la sociedad española. Sobre todo en tiempos de crisis, porque son los que saben gestionarlas. Si el editorialista se hubiera referido a esto, también había aplicado la reserva mental para no añadir “…pasándole la factura a la mayoría social y aprovechando las dificultades para abrir más la sima de las desigualdades”. El editorialista no lo habría dicho. Pero yo, sí.
Y deben estar en el poder los que representan los intereses dominantes, no importa si el sistema de gobierno es una dictadura o una democracia.
Y si resultara que nuestro sistema de gobierno (pactado en La Transición y plasmado en la Constitución) es la democracia y los ciudadanos votan para el Congreso una mayoría progresista, qué más da. Pues habrá que tumbar, más prontos que tarde y como sea, al Gobierno que refleje esa mayoría.
Porque lo de “establecer una sociedad democrática avanzada” del Preámbulo de la Constitución, en realidad son paroles…paroles , que dirían los haitianos.
Sostiene Luigi Ferrajoli, en La crisis de la democracia constitucional, que la separación entre la esfera pública y la privada, o sea entre poderes políticos y poderes económicos, forma parte del constitucionalismo profundo del Estado Moderno.
Y, más adelante, “…los conflictos de intereses…, en los que resulta cada vez más fuerte la relación entre dinero, información y política, son hoy fenómenos endémicos en todos los ordenamientos democráticos en los que resulta cada vez más fuerte la relación entre dinero, información y políticas: dinero para hacer política, información para hacer política y dinero, política para hacer dinero e información, según un círculo vicioso…”.
Pues a restablecer el orden eterno toca. Lo que ocurre es que siempre hacen lo mismo. Porque ni saben ni pueden hacerlo de otra manera.
Y dentro de esa hoja de ruta, la de siempre, los intereses de España por definición los representa la derecha. Los parlamentarios progresistas y los ciudadanos que les dan la mayoría somos una especie de hijos espurios de esta España nuestra.
Y en consecuencia, si el Gobierno saca adelante su programa legislativo y cumple con la ciudadanía pactando con Unidas Podemos, eso no vale porque son comunistas.
Y si un Gobierno progresista “explora” y pacta medidas políticas y legislativas con el nacionalismo periférico, en una geometría parlamentaria variable en la que a veces se suman PNV, de Junts Per Cat, de ERC, de BIldu…y otras veces sólo alguna de esas formaciones -que, no se olvide, disfrutan de un plus de representación parlamentaria desde que se convocaron las primeras elecciones generales (1977), a través de un sistema electoral que luego fue constitucionalizado-, esas medidas son ilegítimas, con independencia de su contenido y de que sean necesarias o simplemente convengan a la mayoría de los españoles. Sin que importe cuáles sean las dificultades que afronta nuestro país.
Porque lo que se dice explorar y pactar en nombre de España, sea lo que sea o con quien quiera que sea, sólo puede hacerlo la representación parlamentaria de ese círculo vicioso de poder, información y dinero del que nos habla Ferrajoli. O sea el PP.
Porque, en realidad, ellos se sienten los únicos dueños de la FRANQUICIA ESPAÑA. Y porque aceptaron el pluralismo político y la democracia, como valores superiores proclamados por la Constitución, y por tanto de nuestro sistema de convivencia y de nuestro régimen político, sólo para salir del paso.
Santiago Pérez, senador socialista en representación de Canarias.