Entrevista a Begoña Barras en Radio San Borondón
Se ha dirigido a la Diputación del Común ante la disparidad observada en el porcentaje de órdenes y medidas de protección y seguridad adoptadas en los distintos Partidos Judiciales de la isla.
El Foro contra la Violencia de Género de Tenerife ha trasladado a la Adjuntía de Igualdad de la Diputación del Común su preocupación con respecto a la disparidad que se observa en el porcentaje de órdenes y medidas de protección y seguridad adoptadas en los distintos Partidos Judiciales de la isla, en relación al total de las solicitadas a instancia de las víctimas de violencia de género.
En concreto, muestran su preocupación por el bajo porcentaje de órdenes y medidas de protección y seguridad adoptadas en el Partido Judicial de San Cristóbal de La Laguna, con cifras que en su opinión “se alejan bastante de los porcentajes registrados en otros Partidos Judiciales”. De acuerdo a los datos de violencia sobre la mujer procedentes de las estadísticas publicadas por el Consejo General del Poder Judicial correspondientes al año 2020, de las 116 órdenes y medidas de protección y seguridad solicitadas en el Partido Judicial de San Cristóbal de La Laguna a instancias de las víctimas de violencia de género, solo se adoptaron 20, es decir, un escaso 17,24%, mientras que 95 fueron denegadas (el 81,90%) y 1 no fue admitida a trámite (0,86%). Otros Partidos Judiciales con porcentajes bajos en ese mismo año fueron el de Icod de los Vinos, donde solo se concedieron 23 de las 66 solicitadas (34,85%), y el de Güimar, en el que solo se otorgaron 26 de las 69 pedidas por las víctimas (37,68%), Estos datos contrastan con el porcentaje de órdenes y medidas de protección y seguridad adoptadas en el resto de Partidos Judiciales de la isla de Tenerife en ese mismo año 2020, como en el de La Orotava, donde se otorgaron 93 de las 156 solicitadas (59,62%); Santa Cruz de Tenerife, donde se concedieron 191 de las 272 solicitadas (70,22%); Granadilla de Abona, donde se concedieron 70 de un total de 99 solicitudes (70,71%); Puerto de la Cruz, con 25 adoptadas de un total de 35 solicitudes (71,43%); y Arona, donde se adoptaron 203 de las 234 pedidas a instancias de las víctimas (86,75%).
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Desde el Foro contra la Violencia de Género de Tenerife señalan que, en el caso del Partido Judicial de San Cristóbal de La Laguna, la situación sigue siendo altamente preocupante de acuerdo a las cifras de 2021: de las 68 órdenes y medidas de protección y seguridad solicitadas por las víctimas de violencia de género en ese año, solo se concedieron 19 (el 27,94%), y se denegaron 49 (el 72,06%).
Asimismo, siguen manifestando su preocupación por las cifras del Partido Judicial de Güimar, en el que de las 44 órdenes y medidas de protección y seguridad solicitadas por las víctimas en 2021, solo se adoptaron 16 (el 36,36%), y se denegaron 28 (el 63,64%). Estas cifras vuelven a contrastar con las del resto de Partidos Judiciales de la isla de Tenerife, en los que en 2021 se registraron cifras considerablemente más altas en relación al porcentaje de órdenes y medidas de protección y seguridad adoptadas a petición de las víctimas: en Arona se concedieron un 62,83% de las solicitadas; en Santa Cruz de Tenerife un 64,10%; en Granadilla de Abona un 65,56%; en La Orotava un 66,67%; en Icod de los Vinos un 84,31%; y en el Partido Judicial de Puerto de la Cruz el 100%. Con respecto a la totalidad de los Partidos Judiciales de Canarias, desde el Foro contra la Violencia de Género de Tenerife han querido resaltar y poner en valor los datos correspondientes al Partido Judicial de Las Palmas de Gran Canaria, en el que en 2021 se adoptaron 131 de las 142 órdenes y medidas de protección y seguridad solicitadas por las víctimas (el 92,25%), y los datos del Partido Judicial de Telde, que adoptó 86 de las 92 solicitadas (el 93,48%), así como los de Arrecife (91,39%) y Arucas (91,43%).
Desde el Foro contra la Violencia de Género de Tenerife instan a los poderes públicos competentes a iniciar las acciones oportunas dirigidas a corregir esta disparidad de criterios, y exigen resoluciones judiciales que garanticen de forma efectiva los derechos y la protección de las víctimas