Créanme que me he quedado consternado por la ligereza con la que el insigne J.L.Cebrián se ha despachado en su artículo Puñaladas contra la democracia”(EL PAÍS, 10 enero).
Y como el ser de provincias no le redime a uno del deber de pensar ni le impide ejercer el derecho a expresarse, aunque sea para discrepar de las grandes personalidades, debo y quiero expresar lo siguiente:
Me parece una simplificación inaceptable que el eminente articulista se refiera únicamente a la “deslealtad institucional y la vulneración del Estado de Derecho por parte del Gobierno de la Generalitat” como punzón en el “cuello del llamado régimen del 78”.
Porque punzones al Régimen del 78 -es decir al pacto político y de convivencia más ajustado a la encarnadura de un país como España que podría haberse fraguado en las condiciones políticas internas e internacionales en los tiempos de La Transición- , punzones, lo que se dice punzones, ha habido varios: los recortes en los derechos laborales y sociales perpetrados con la excusa de la Crisis2008, e inevitablemente las mordazas a otros derechos fundamentales de activae civitatis, también fueron puñales. Como lo ha sido la creación de cualquier policía patriótica, instrumentando los poderes del Estado para perseguir a los adversarios políticos. O la orden de no trasladar a los hospitales públicos a los ancianos enfermos de Covid desde las residencias públicas dependientes de la Comunidad de Madrid, para mí el acontecimiento más estremecedor de todos estos años de democracia. O, sin ir más allá, la reiterada fractura del orden constitucional, negándose a la renovación de los órganos constitucionales, que ya forma parte del libro de estilo del PP cada vez que pierde la mayoría parlamentaria…
Porque aquel pacto constitucional, en lo esencial profundamente vigente, fue un pacto sobre las libertades, sobre los derechos sociales, sobre la unidad y la pluralidad territoriales y sobre la monarquía parlamentaria. Sobre todo eso, dando así vías de solución a los grandes problemas que habían atormentado la convivencia entre los españoles a través del tiempo.
Y a uno de los dos grandes partidos, el PSOE, se le podrán reprochar errores políticos, pero no deslealtades a ese pacto. Ni falta de disposición a alcanzar acuerdos de Estado desde la oposición. ¿O hace falta que saque la nómina de esos acuerdos?
Por eso me parece arbitraria y malamente argumentada la equidistancia que Cebrián pretende dejar inapelablemente sentada, cuando afirma -y este es el núcleo duro de su artículo- que felizmente en España, “a pesar de los esfuerzos inusitados de Pedro Sánchez y Pablo Casado” la sociedad y las fuerzas políticas no son menos democráticas, como sí ha ocurrido en Cataluña, fruto del secesionismo.
Más axiomáticamente enfatiza Cebrián que la fortaleza de la democracia reside en la voluntad de llegar a acuerdos mediante el debate y la negociación. Axioma que es una completa simplificación de la democracia, que puede requerir determinados acuerdos
institucionales; o no, y desenvolverse mediante decisiones mayoritarias, como expresión del pluralismo político -valor superior de nuestro Ordenamiento- y de la aplicación del principio de la mayoría, que es consustancial a la democracia, siempre que la mayoría se desenvuelva con respeto a los derechos individuales y los de las minorías protegidos por la Constitución. Y se preserven, por tanto, la sociedad y el sistema político como realidades abiertas.
Ya lanzado a sentar doctrina, Cebrián se marca dos columpiadas sin el menor recato. La primera, la de acusar a Sánchez de deslealtad a la Constitución y a su propio compromiso democrático, cuando “insiste en incorporar a su mayoría parlamentaria a
partidos abiertamente contrarios a la propia existencia del Estado”. Parece olvidar el articulista que es una obligación primordial de quien ha ganado las elecciones, la de intentar articular una mayoría parlamentaria que dé estabilidad al Gobierno. Que no hay mayor factor de legitimación de las instituciones democráticas que su capacidad para afrontar las demandas de la ciudadanía, ni mayor factor de deslegitimación que la inestabilidad y el bloqueo. Y de eso, los breves interludios democráticos de la historia de España nos han dado muy duras enseñanzas.
Y, a menos que Cebrián quiera descalificar de antemano a determinados representantes parlamentarios elegidos por los ciudadanos -igual que vienen haciendo el PP y Vox desde hace tiempo- lo que debería denunciar, si tuviera motivos para hacerlo, son las decisiones legislativas o presupuestarias contrarias al orden constitucional que habría aceptado el presidente del Gobierno para mantenerse en el poder. Es decir, no con quién pacta sino qué ha pactado a la vista de la acción del Gobierno.
Y la segunda, presentar “el pacto transversal logrado entre las organizaciones sindicales y empresariales” como el que “encarna a la España real”, “la que emerge frente al clientelismo, el pasmo y la hipocresía de nuestros líderes”. Aquí ya se le ha ido definitivamente la mano. Porque, para mantener su arbitraria equidistancia, Cebrián ha tenido que olvidarse del papel de impulsor político de ese acuerdo que ha jugado el Gobierno, sacándolo literalmente de la foto. De pena.
Santiago Pérez, senador socialista, La Laguna