Julio Cuenca, arqueólogo y uno de los promotores de la Plataforma Salvar Chira-Soria, responde en Radio San Borondón al Presidente Antonio Morales quien, en un reciente artículo, exponía la necesidad del denominado Salto de Chira y expresaba que la Plataforma se equivoca en sus planteamientos contra el proyecto.
Afirmaba Morales que: «es poco legítimo que algunas personas utilicen esa plataforma para saldar cuentas pendientes conmigo que nada tienen que ver con el proyecto o para promover sus intereses empresariales. También me apena ver cómo personas pretendidamente ecologistas y progresistas copian y difunden los argumentos de la derecha y se alían con algunos de los sectores más reaccionarios de la sociedad que siempre se han opuesto a los proyectos de sostenibilidad en nuestra tierra por los que tanto tiempo hemos luchado…”.
Julio Cuenca explica que desde un inicio, en 2019, un grupo avalado por personas muy relevantes de la sociedad grancanaria pidieron al presidente del Cabildo reuniones para dialogar ante las múltiples dudas y riesgos que este proyecto presentaba. Sin embargo siempre recibieron el rechazo a cualquier tipo de debate o encuentro.
“Cuando se crea la Plataforma para organizarnos socialmente y hacer frente a este rodillo el Presidente empezó ridiculizándola y ninguneándola, diciendo que éramos unos pocos, los de siempre…”, afirma.
En este sentido Cuenca recuerda que la Plataforma ya ha recibido más de 20.000 firmas de apoyo y se ha convertido en una fuerza social importante de resistencia ciudadana a lo que califica de atropello a la ciudadanía y a la democracia.
Lamenta que desde el Cabildo siempre se han negado a un diálogo social y que el único debate promovido por la máxima institución insular estuvo integrado sólo por representantes de la parte que está a favor de este mega proyecto «¿Qué clase de diálogo es ese?”, se pregunta el portavoz de la Plataforma Salvar Chira-Soria.
Falta de transparencia y consenso
Entre otras muchas observaciones Julio Cuenca insiste en que un proyecto de ingeniería civil de esta naturaleza, requiere que sea explicado con todo detalle a la ciudadanía, generando debates con expertos que analicen en profundidad el alcance y todas sus consecuencias. Y sobre todo debe ser consensuado, la población debe ser consultada.
Por ello, reclama que el máximo dirigente insular tiene la obligación de escuchar a la gran cantidad de vecinos de la zona, expertos, colectivos sociales etc., que con múltiples argumentos y datos ponen en cuestión la eficacia de la Central que consideran que es un proyecto obsoleto y que traerá graves consecuencias a la isla.