Por lo visto hasta ahora nadie en el PSOE, se había dado cuenta de lo tan moderado e incapaz que es Ángel Gabilondo.
Fue presentado como candidato a la Presidencia de la Asamblea de Madrid, siendo en la actualidad el portavoz del Grupo Socialista.
Con lo fácil que es hacerle oposición a Isabel Días Ayuso, al ser ésta una nefasta e incompetente presidenta de la Comunidad Madrileña, sin embargo no se entera y la oposición que ha venido ejerciendo, ha sido prácticamente nula o inexistente.
Según parece, ahora Pedro Sánchez pretende que ocupe el cargo de Defensor del Pueblo, sustituyendo a una persona que lleva toda la vida (ocho legislaturas de diputado, adjunto de Defensor del Pueblo desde el 24 de julio de 2012 y ya siendo titular del mismo, desde el 20 de julio de 2017 y hasta la actualidad)), como profesional viviendo de la política el guerrista Francisco Fernández Marugan.
¿Por qué seguimos manteniendo éste tipo de instituciones, incluidas sus homologas por regiones o nacionalidades, como es el Diputado del Común en Canarias?. Es público y notorio su inutilidad y el alto coste que implica mantener en nomina a tantas personas.
De confirmarse, con este tipo de decisiones se demuestra una vez más, la falta de consideración y respeto al electorado. Va siendo hora de que se produzca una profunda regeneración democrática y mediante la correspondiente ley electoral, pueda impedirse casos como éste.
Las personas que se presenten en listas electorales para ser elegidas por la ciudadanía, respetando la voluntad popular, deberían permanecer en el cargo (gobierno u oposición) toda la legislatura, a no ser que le ocurra algo realmente grave que le impida ejercerlo o que libremente lo abandone, en cuyo caso, al menos en esa legislatura no podría ocupar ningún otro.
Aquí en Canarias tenemos el ejemplo de Jerónimo Saavedra, que de entre sus innumerables cargos, salió elegido en las primeras Cortes Constituyentes de 1977. Fue dos veces ministro (Ministerio de Administraciones Públicas entre 1993 y 1995 y Educación y Ciencia de 1995 a 1996), siendo presidente Felipe González y las mismas veces presidente del Gobierno de Canarias (1983-1987 y 1991-1993). Ha tenido cargos públicos ininterrumpidamente desde el referido 1977 hasta 2018.
Con ese palmarés, no es de extrañar que políticos como él, hayan firmado el manifiesto a favor del “muy honrado y de ejemplar conducta” rey emérito. Está visto que la peor de las lacras que lo viene condicionando todo, son los políticos profesionales. Si la política realmente fuera vocacional, para ejercerla debería contemplarse limitación de tiempo, con un máximo de ocho años en dos mandatos consecutivos (cargos orgánicos-políticos en el interior de los partidos) y lo mismo de legislaturas (cargos institucionales) y en total su desempeño debería ser de 16 años y no como viene ocurriendo en la actualidad, con tiempo ilimitado.
Siendo Jerónimo Saavedra alcalde de Las Palmas de Gran Canaria por el PSOE con mayoría absoluta (15 concejales de 29), del 2007 al 2011, como no fue reelegido (se pasó a 9 concejales), no respetó el resultado electoral, ni a sus votantes y se buscó un nuevo puesto, mucho mejor que el de ejercer como oposición en el ayuntamiento y pasó hasta el 2018, a ocupar el de Diputado del Común de Canarias.
Por cierto, le imitó e hizo lo mismo otro político profesional Chano Franquis, que compartía con él la candidatura para el ayuntamiento capitalino, pero en su caso, se presentó y salió elegido como diputado en Madrid. Todo esto lo han podido hacer impunemente aprovechando las estructuras jerarquizadas de todos los partidos políticos (no tanto el PNV) y el PSOE no es una excepción.
Los dirigentes o jerarcas tienen a sus respectivas organizaciones políticas como autenticas fincas particulares. Ya ocurrió en ésta misma legislatura en el Ayuntamiento de Madrid, cuando Pedro Sánchez presentó («como cualquier otro militante» llegó a decir), de candidato independiente a la alcaldía a quien fue su entrenador de baloncesto Pepu Hernández, en contra de otro que aspiraba a la candidatura el histórico militante socialista y abogado colaborador de la UGT Manuel de la Rocha, que atesoraba (y atesora) mucha más experiencia, preparación y capacidad que el referido Pepu Hernández.
Hace falta que el articulo 6 de la Constitución se haga realidad: “Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad, son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”.