Antonio Aguado Suárez
Como se ha venido demostrando, siendo España uno de los países más corrupto de Europa, la gran mayoría de quienes han generado y practicado tales tipos de comportamientos, como sino hubiera ocurrido nada “campan a sus anchas”. En este país salvo en escasas excepciones, actuaciones indecentes o peor aún delictivas, judicialmente no se les tiene en consideración para ser debidamente penalizadas.
Ocurre en la mayoría de los casos por el estatus indiscriminadamente otorgado a tantas personas, sin ser acreedoras y menos merecedoras de gozar de tantos privilegios.
El de mayor rango es el de la inviolabilidad, reservado según el articulo 56.3 de la Constitución a los monarcas: “La persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. Inexplicable que algo tan aberrante en pleno siglo XXI siga existiendo y encima, con arreglo a lo comprobado hasta ahora el rey emérito, ha hecho un uso muy lamentable de ese privilegio que le ha venido amparando.
Sus como mínimos indecentes comportamientos y más que presuntas corrupciones, han estado a la orden del día y si se ve obligado a ser juzgado por los mismos, es de esperar que la justicia le sea aplicada como a cualquier otro ciudadano y de verdad se haga realidad de que es igual para todos.
En otro plano pero también muy injusto están los privilegios por aforamientos. España con gran diferencia es de los países con más aforados, concretamente unos 232.000 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y sobre 17.600, entre jueces, fiscales y políticos de diferentes instituciones: Tribunal de Cuentas, Consejo de Estado o los defensores del pueblo, etc. También los componentes de la familia real.
El aforamiento, implica que la persona a ser juzgada debido a su rango, lo será por un tribunal superior. Siendo por el Tribunal Supremo el presidente del Gobierno y los ministros, los presidentes del Congreso y Senado, diputados y senadores; presidentes autonómicos, consejeros de los gobiernos de las Comunidades Autónomas y parlamentarios regionales. Estos, según lo establezca sus respectivos estatutos de autonomía.
Hay países en la Europa de nuestro entorno donde ésta figura del aforado no existe como por ejemplo: Alemania y el Reino Unido. Tampoco los hay en Estados Unidos y en otros donde su existencia es muy poca o casi testimonial: Portugal e Italia sólo los presidentes de sus respectivas republicas y en Francia, lo son el presidente de la Republica, el primer ministro y sus ministros.
Forma parte también del panorama español la pleitesía o culto a la personalidad, muy ampliamente extendida con arreglo a la denominación de nuestras calles y plazas, muchas contraviniendo la Ley de la Memoria Histórica, continúan identificadas con nombres del anterior régimen franquista.
Hay países sobre todo anglosajones, donde esta practica es casi inexistente o está muy poco extendida. Un ejemplo muy significativo es la ciudad de Londres, donde sus calles y plazas prácticamente no contemplan reconocimientos a las personas. Salvo en la plaza de Trafalgar Square que la preside el monumento del almirante Nelson. Otros en la Plaza del Parlamento y junto al Palacio de Westminster rememorando a unos pocos significativos exprimeros ministros, destacando el de Wiston Churchill y muy cerca los de Abraham Lincoln, Mahatma Gandhi y Nelson Mandela.
Desde el advenimiento de la democracia y hasta la actualidad, por parte de todas las instituciones en sus diversos niveles y coincidiendo con sus fechas territoriales más representativas, se viene reconociendo con distinciones honorificas fundamentalmente las de hijos predilectos o adoptivos a tantas (demasiadas) personas, muchas de ellas con escasos o dudosos merecimientos.
El obsoleto y absurdo tratamiento de excelentísimo o ilustrísimo, el presidente Zapatero en febrero de 2005 lo suprimió mediante el Código del Buen Gobierno, lo hizo con los altos cargos del Gobierno Central y Administración General del Estado, incluidos los propios presidentes del gobierno, dándoseles el trato de señor don o señora doña. Sin embargo creó bastante desconcierto, ya que no afectaba al resto de poderes, incluidas las administraciones autonómicas y locales.
Rajoy con la Ley 3/2015 restituyó la situación anterior, con la proliferación de esos y más reconocimientos y distinciones.
El tratamiento de don y doña también discrimina y es que no se suele utilizar para las personas comunes y si para las que tienen un determinado estatus. Ocurre con la utilización de ese reconocimiento a la monarquía a través de los infantes e infantas. Como se ha podido comprobar, llega incluso a sonar ridículo según los ejemplos de las infantas que nada más nacer, se les añadió el termino de doña.
Todas y todos somos señoras y señores y nadie debería tener la condición de doña o don, pues estos términos se suelen utilizar para diferenciar las clases, entre personas con cierto nivel económico y social de quienes no lo tienen.
Antonio Aguado Suárez