El impacto que la pandemia del COVID19 está teniendo en nuestra sociedad está siendo brutal, en vidas humanas, en daños sociales y en parálisis económica.
Pero tenemos que reponernos, tomar decisiones, sacar enseñanzas y ganar el reto de la recuperación y revitalización de nuestra isla y de toda Canarias. Y en esta reflexión urgente aparece una evidencia incontestable que es la importancia crucial de contar con un sistema sanitario público y universal, que garantice el acceso a él de toda la ciudadanía al margen de su situación económica. Gracias al sistema público de salud y al enorme esfuerzo de las personas que trabajan en la sanidad pública es por lo que, a pesar de la gravedad de la pandemia, estamos siendo capaces de frenar la propagación del virus y evitar más muerte. Esto contrasta con las noticias que llegan de otras partes del mundo sin sistemas sanitarios públicos, como es el caso de los Estados Unidos de América, donde las tasas de mortalidad entre las poblaciones empobrecidas están siendo escalofriantes.
Comparto las afirmaciones recientes de Rafael Bengoa, experto gestor en Salud Pública cuando afirma: “A pesar de las muertes, es evidente que el SNS está funcionado con gran eficacia. Se certifica así que el sistema público de salud es el modelo que necesitamos para el futuro, tanto para futuras crisis epidémicas como para poder ofrecer los servicios necesarios derivados de todas las enfermedades. También queda patente que la sanidad en un país es una inversión, no un gasto”. Lo decía Adela Cortina con otras palabras: “si las metas de la sanidad son fundamentalmente prevenir la enfermedad, curar lo que puede curarse con los medios disponibles, cuidar lo que no puede curarse y ayudar a morir en paz, la rentabilidad del mundo sanitario ha de medirse en términos de ese beneficio”.
Sin embargo, esta crisis sanitaria llega después de una década de recortes que han mermado los recursos y la capacidad de respuesta de la sanidad pública española. Según los datos oficiales del Ministerio de Sanidad, entre 2010 y 2014 el presupuesto sanitario pasó de 60.000 millones de euros a poco más de 53.000 millones. Aunque en 2018 el presupuesto volvió a alcanzar los 60.000 millones, en ese periodo se dejaron de invertir más de 28.000 millones. El personal contratado bajó en 30.000 efectivos entre 2012 y 2015 y las listas de espera quirúrgicas pasaron de 241.339 a 614.101 pacientes. Entre 2009 y 2018 el gasto sanitario autonómico disminuyó en casi 4.000 millones.
La realidad es que se asumió la tesis neoliberal de desmantelar los servicios universales y privatizarlos. De asaltar el universalismo con privatizaciones, copagos, recortes en equipamientos y recursos humanos… Se recortó sin tregua el personal pero también el material sanitario, las comidas, los horarios y se avanzó en el hacinamiento de los hospitales, la precariedad del personal sanitario y los pacientes, la pérdida de calidad de los servicios, los conciertos y las privatizaciones… Se atacaba a los servicios públicos universales desde distintos flancos. Nos machacaban desde distintos foros que teníamos una administración muy inflada, los funcionarios eran muchos, ineficientes e irresponsables… había que reducirla y optimizarla desde el sector privado, más eficiente. Y se miraba para otro lado ante las advertencias del Atlas Mundial de la OMS que nos decía que más de 100 millones de personas caen en la pobreza cada año por gastos de salud e incluía a España en estas cifras, la OCDE, los sindicatos…
En Canarias la situación ha sido incluso peor. Desde 2009, año en el que se destinaron 2.914 millones de euros a Sanidad, el presupuesto ha sufrido una drástica reducción (unos 600 millones de euros en tres años) y no fue hasta 2018, casi diez años después, cuando se recuperaron los niveles de inversión de 2009. Prácticamente, una década perdida con el consiguiente deterioro del sistema. De cronificación de la desigualdad y de la precariedad social.
Y es que, desgraciadamente, Canarias tiene uno de los sistemas sanitarios más insuficientes de todo el Estado, sea cual sea el parámetro que se utilice para medirlo. La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) lleva años realizando un estudio sobre los diversos sistemas sanitarios autonómicos en el que mide parámetros como el gasto per cápita, camas, listas de espera, gasto farmacéutico o externalización de servicios, quirófanos y médicos por cada mil habitantes, y en reiteradas ocasiones nuestra comunidad aparece como la peor clasificada.
Por ejemplo, estamos a la cola en presupuesto sanitario por habitante, a pesar de que el nuevo gobierno progresista ha aprobado el montante para Sanidad más alto de nuestra historia. Canarias dedica 1.381 euros frente a otros territorios, como País Vasco o Navarra, que destinan más de 1.600 euros. Sin embargo, el aspecto peor valorado es el de las listas de espera, ya que nuestra comunidad es la región donde más se espera de promedio para una intervención quirúrgica (147 días) y para una consulta con el especialista (105 días). Evidentemente, esto se refleja en la baja consideración por parte de los usuarios. De hecho, el canario es uno de los sistemas sanitarios peor valorados por la propia ciudadanía con una nota de 6,18 y solo un 54% de las personas cree que funciona bien. Mientras en el resto de comunidades existe una alta valoración de la atención recibida (más de un 80%), Canarias no supera el 77%.
Pero me gustaría hacer hincapié en otra cuestión sumamente relevante a la que no se suele prestar la atención debida: la salud pública. Debido a la pobreza, la desigualdad y la precariedad, la salud de la población canaria es deficiente. Somos la segunda comunidad autónoma peor posicionada, después de Andalucía, en 2017/2018 (el último año del que hay datos) en el caso de la esperanza de vida, con 82,26 años en Canarias y 81,86 en Andalucía. Solo tienen peor resultado las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Y la situación es similar por sexos, tanto en el caso de las mujeres como en el de los hombres, con la segunda esperanza de vida más baja.
Desde 2011 se hacen distintas oleadas del informe ALADINO (Alimentación, Actividad física, Desarrollo Infantil y Obesidad). Aunque la edición de 2015 apuntaba una ligera mejoría en Canarias, los datos seguían siendo muy graves. La prevalencia de sobrepeso era del 24,3%, algo menor a la encontrada en 2011, que fue del 28,4%. Por su parte, la prevalencia de obesidad era del 19,9%, poco más de un punto menor a la encontrada en el estudio de 2011, que fue de 21,2%. Es decir, a pesar de haberse producido un ligero descenso, más de una quinta parte de nuestros niños y niñas sufre sobrepeso y una cuarta parte, obesidad.
Sin políticas activas destinadas a mejorar el estado de salud general de la población, es muy difícil que ningún sistema sanitario sea capaz de gestionar los problemas derivados de esta realidad. Sin embargo, en noviembre de 2018, en el II Foro de Salud Pública y Vacunas organizado por la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) y por la Asociación Española de Vacunología (AEV), Agustín Álvarez, director general de Salud Pública de Castilla y León, aseguró que la salud pública suponía tan solo el 1% del gasto sanitario público en su conjunto. Por su parte, José María Martín Moreno, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Valencia, explicó que, a lo largo de la recesión iniciada diez años antes, los recursos económicos destinados a la salud pública se habían visto mermados en un 77%.
Nos estamos sosteniendo por la capacidad de atención, de innovación y de profesionalidad de nuestra sanidad pública. El mejor agradecimiento que debemos a quienes diariamente cuidan de las personas enfermas e ingresadas, es la exigencia y la reivindicación de que nuestro sistema sanitario canario recorte la distancia que nos separa de los servicios del resto de las Comunidades y de la Unión Europea. Parecía obvio, pero nos encontró con la tarea a medias. Lo aprendimos después de la Segunda Guerra Mundial y lo reafirmamos ahora. No hay democracia digna sin una Sanidad que garantice derechos. Es una de las tres columnas vertebrales de una sociedad integrada, junto con la educación y el empleo. En este convencimiento debemos reagruparnos todos los demócratas y con más razón si nos denominamos progresistas.
No obstante, las políticas de salud pública son transversales e interdisciplinares y no pueden abordarse desde un punto de vista exclusivamente sanitario. En ese sentido, en Gran Canaria contamos con un excelente caso, como es la Cátedra de Nutrición y Gastronomía de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el proyecto “La isla en tu plato”. Se trata de una iniciativa innovadora y ejemplar del Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas y Sanitarias de la ULPGC, dirigido por el catedrático Lluis Serra Majem y cuyo objetivo es el de unificar salud, gastronomía y sostenibilidad como forma de luchar contra los problemas estructurales de salud pública de nuestras islas. En ese mismo sentido estamos intentando remar desde el Cabildo de Gran Canaria con el proyecto Gran Canaria Me Gusta.
De esta manera, vemos que hay una relación estrecha entre el aumento de consumo de producto local, la sostenibilidad y la salud pública. Y en Canarias y Gran Canaria estamos en unas condiciones excepcionales para mejorar la calidad de vida de nuestra gente, al mismo tiempo que fomentamos nuestro sector primario, luchamos contra el cambio climático, generamos empleo rural, protegemos el paisaje, etc. En definitiva, la crisis sanitaria, social y económica generada por el coronavirus es una nueva oportunidad para tomar conciencia de que avanzar en sostenibilidad no solo es una cuestión medioambiental, sino de salud pública y eficiencia de nuestros sistemas de bienestar, que se van a ver sometidos a un gran esfuerzo en los próximos años. Y juntos tenemos que dar una respuesta clara y contundente a la pregunta que se hacía Emilio Lledó cuestionando la destrucción de la idea de lo público: ¿Quién nos devolverá, en el futuro, la vida pública, los bienes públicos que nos están robando? Nos toca luchar ahora por recuperarlo todo.
Antonio Morales Méndez
Presidente del Cabildo de Gran Canaria