La movilización de las mujeres y de las organizaciones feministas ha convertido la lucha por la igualdad de género en un clamor en nuestra sociedad.
Afortunadamente, crecen la conciencia y las acciones de transformación pero, al mismo tiempo, se mantienen datos insoportables de asesinatos de mujeres y de discriminación en todos los ámbitos de la sociedad que no podemos tolerar. Por eso el 8 de marzo de 2020 vuelve a convertirse en una convocatoria de lucha, de reivindicación y de compromiso de todas las personas con dignidad y convicciones.
Hay cuatro temas que probablemente van a marcar la gestión pública en los próximos años e incluso en las próximas décadas: la transición ecológica para hacer frente a la emergencia climática, la gestión de las migraciones (que se prevé que aumenten), la lucha contra la desigualdad económica y la igualdad entre hombres y mujeres, con la integración de la perspectiva de género en todas las dimensiones de la vida. Todas estas cuestiones comparten rasgos comunes: afectan de una manera u otra al conjunto de la ciudadanía, son transversales y globales -no se pueden abordar mediante políticas sectoriales ni exclusivamente a escala estatal-, están interrelacionadas, atañen a todas las instituciones públicas y son fundamentales para conseguir el bienestar de las personas.
Como cada ocho de marzo, toca poner el foco en la igualdad y los derechos de las mujeres. En los últimos años hemos asistido en España y en Canarias a un auge sin precedentes del movimiento feminista y de sus reivindicaciones igualitarias, lo que ha impulsado un conjunto de cambios positivos tanto en la sociedad como en las políticas públicas. Hoy nadie, salvo la extrema derecha, discute las políticas de discriminación positiva, el contenido de la ley de igualdad, la necesidad de seguir avanzando en la lucha contra la violencia de género o la reforma del código penal para luchar contra la violencia sexual.
Pero el reto que afrontamos va mucho más allá. Esta semana se celebraron unas jornadas organizadas conjuntamente por el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que llevaban por título “La isla de los cuidados” y creo que ésta es una de las cuestiones que más nos puede ayudar a hacernos una idea de la dimensión de los cambios estructurales que tenemos por delante. La pensadora política feminista Carole Pateman nos explicó que si el contrato social que constituye la sociedad moderna fue posible, fue gracias a otro contrato, el sexual, que instauró la desigualdad estructural mediante una especialización del trabajo que relegó a las mujeres a los llamados trabajos reproductivos o de cuidados (mantenimiento del hogar, cocina, cuidado de menores y personas mayores etc.) que no estaban remunerados y se realizaban en la esfera privada y otorgó a los hombres el trabajo remunerado y reconocido en el ámbito público.
Esta división del trabajo institucionalizó la desigualdad de ingresos, de patrimonio, de reconocimiento público, etc. y fue permeando todas las esferas de la vida pública, ya que la perspectiva de género fue excluida de la configuración de las instituciones públicas, del poder político o de las leyes, por poner algunos ejemplos. La propia economía se ha desarrollado excluyendo a la mitad de la población al no contabilizar el valor económico del trabajo doméstico. La revista “Alternativas económicas” dedicó un especial a esta cuestión el año pasado y los datos que mostraba eran elocuentes: en España las mujeres, mayoritariamente, dedican de promedio en un año 130 millones de horas al trabajo de cuidados no remunerados. Hay 16 millones de personas trabajando ocho horas al día gratis, lo que equivaldría a más del 15% del PIB español. Y a pesar de los avances en las últimas décadas, son las mujeres las que realizan más del 75% de todo el trabajo de cuidados no remunerados, y le dedican tres veces más tiempo que los hombres.
La dedicación de las mujeres al trabajo de cuidados no remunerados es el principal obstáculo que se encuentran para acceder al mercado laboral. El 42% de las mujeres inactivas lo son por tener que dedicarse a este tipo de labores y el 75% del empleo a tiempo parcial (peor pagado que el trabajo a tiempo completo) lo ocupan ellas. Vemos por lo tanto que esta cuestión es una de las principales causas de desigualdad económica y social de las mujeres. Además, esta desigualdad se perpetúa, se cronifica y llega hasta la tercera edad, ya que la falta de incorporación al mercado laboral se traduce en pensiones más bajas y no contributivas.
En el mismo artículo se alertaba de que estamos entrando en una auténtica “crisis de los cuidados”, ya que las necesidades de este tipo de trabajos aumentarán en todo el mundo. En España, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, la tasa de dependencia (cociente entre la población menor de 16 años o mayor de 64 y la población de 16 a 64 años) se elevará desde el 54,2% actual hasta el 62,4% en 2033, y llegará al 75,8% en 2068. Y, mientras, el acceso de la mujer al mercado laboral, la falta de corresponsabilidad masculina, los nuevos modelos de familia o los recortes en el Estado del Bienestar están dificultando la provisión de estas necesidades.
Durante la etapa de expansión de la economía española en la segunda mitad de los años 90 y principios de los 2.000, fueron las trabajadoras inmigrantes en condiciones muy precarias las que asumieron estas labores. Es el fenómeno de las cuidadoras internas, que viven con la misma familia o persona a la que cuidan, por sueldos en muchos casos de miseria y con una carga de trabajo excesiva no sometida a ninguna regulación o inspección. Pero desde luego no parece que hacer recaer el peso de esta tarea en mujeres de países del sur en condiciones de trabajo poco aceptables sea una solución sostenible, progresista o feminista.
Como expliqué al principio del artículo se trata de un problema complejo, global, que va a ir en aumento y que no tiene soluciones sencillas. Necesitamos una nueva organización social de los cuidados, así como garantizar el reconocimiento del trabajo no remunerado y su aporte al bienestar de las familias y al desarrollo económico de los países y para eso es imprescindible promover su inclusión en las cuentas nacionales. Pero no podemos obviar la imperiosa necesidad de ampliar y fortalecer el Estado del Bienestar, desarrollando y financiando adecuadamente la ley de dependencia, poniendo en marcha una red pública de escuelas infantiles de 0 a 3 años, dotándonos de suficientes plazas sociosanitarias, avanzando en políticas de conciliación, etc.
Para el Cabildo de Gran Canaria estas políticas son prioritarias. El pasado mandato aprobamos un plan sociosanitario con 1.440 plazas para personas mayores y dependientes que ya hemos empezado a ejecutar. Aplicaremos todas las medidas contenidas en la Ley de Dependencia que sean de nuestra competencia y facilitaremos, en colaboración con los ayuntamientos, que las personas dependientes puedan permanecer en sus domicilios si lo desean, realizando las mejoras y adaptaciones necesarias en el hogar. También consolidaremos la red de centros residenciales para personas mayores y dependientes, como red centrada en la persona y con control público. Por supuesto la igualdad de género es un compromiso transversal que debe permear todas las políticas de la institución, sin olvidar la concienciación y la educación, fundamentales para revertir la discriminación secular y estructural que sufren las mujeres.
Una sociedad que margina a más de la mitad de su población nunca será una sociedad sostenible. Es el mismo capitalismo neoliberal que está destruyendo el planeta y provocando un aumento global de la temperatura poniendo en riesgo la vida humana, el que necesita de la explotación de las mujeres en el ámbito privado para poder sostenerse. Para que la transición económica y ecológica que necesitamos se haga de manera socialmente justa, esta tiene que estar impregnada de los aportes de la economía feminista y del movimiento en su conjunto. La ecología y el feminismo representan las dos herramientas más potentes con las que contamos para construir un nuevo modelo económico más sostenible, justo económica y socialmente y que ponga la vida y el bienestar de las personas en el centro.