Cuando en junio de 2019 renovamos el compromiso de gobierno en el Cabildo de Gran Canaria ratificamos el ambicioso proyecto de transformación del modelo productivo de la isla que habíamos iniciado en el mandato anterior.
Somos conscientes de que una forma de crecimiento arraigada durante décadas no se cambia en uno o dos mandatos. Sabemos también que una institución como el Cabildo no es suficiente para implementar cambios profundos y que el sector privado y el resto de instituciones públicas son imprescindibles para que modifiquemos el modelo. Pero desde la humildad y el realismo queremos que los más de 800 millones de presupuesto que gestiona la corporación insular sirvan como principal motor para avanzar hacia la sostenibilidad, la justicia social y la igualdad.
En los artículos de los últimos años he ido desgranando las principales medidas que hemos ido ejecutando para alcanzar ese proyecto que denominamos ecoisla. La reducción de los efectos y adaptación al cambio climático, la transición hacia un sistema energético basado en energías renovables, el fomento de la economía azul y circular, la gestión integral de los residuos, el transporte público y la movilidad sostenible, la soberanía alimentaria con el aumento del consumo de productos de kilómetro 0, la innovación y el conocimiento, la mejora de los servicios sociales, la transición del modelo turístico hacia la sostenibilidad y la gestión inteligente, la igualdad y la erradicación de la violencia contra las mujeres y el colectivo LGTBIQ+… Y por supuesto todo ello orientado a la lucha contra el principal problema de Canarias, el desempleo.
Los cabildos insulares y en especial el de Gran Canaria, han ido ganando una importancia creciente, sobre todo en obras públicas, políticas sociales, cultura, planificación territorial y medio ambiente, y contamos con un presupuesto considerable. Ahora bien, también es cierto que legalmente son considerados como instituciones locales, lo que restringe su capacidad de acción, y lo más importante, tienen una capacidad legislativa muy limitada, reduciéndose casi exclusivamente a la propuesta de leyes al Parlamento de Canarias.
Es fundamental, por lo tanto, que exista una coincidencia entre el proyecto del Cabildo Insular y el del Gobierno de Canarias, o por lo menos que si no se da esa sintonía el ejecutivo autonómico respete la lealtad institucional y no ponga “palos en las ruedas”. Y fue justamente esto lo que ocurrió en la pasada legislatura, en la que el ejecutivo presidido por Fernando Clavijo intentó torpedear, en múltiples ocasiones, el proyecto de desarrollo sostenible del Cabildo de Gran Canaria, ya fuera intentando introducir el gas en la isla, retrasando inversiones estratégicas, frenando propuestas innovadoras o perjudicando a Gran Canaria en el presupuesto autonómico.
Con estos antecedentes, es muy gratificante comprobar la sintonía existente con el nuevo consejero José Antonio Valbuena, consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, en la reunión que mantuvimos en Gran Canaria la semana pasada. En el encuentro de todas las consejerías del Cabildo relacionadas con la transición ecológica y el equipo autonómico se constató un compromiso firme por dar un impulso a los proyectos clave en materia de sostenibilidad, cambio climático y energía.
La primera conclusión del encuentro, y el titular que transcendió en todos los medios de comunicación, fue el compromiso del consejero de que el informe ambiental del proyecto de la Central Hidroeléctrica de Chira-Soria esté elaborado en seis meses. Es el último paso antes de que Red Eléctrica Española pueda licitar y empezar una obra cuyo plazo de ejecución se estima en unos cinco años. Como el propio Valbuena reconoció, esta central es un proyecto estratégico no solo para Gran Canaria sino para el conjunto del archipiélago, ya que supondrá un salto en la penetración de las energías renovables en las islas.
Se trata de una obra que supone una inversión de 400 millones de euros y que tendrá una potencia equivalente al 36% de la punta máxima de demanda actual en la isla de Gran Canaria. Es decir, una infraestructura imprescindible si queremos alcanzar el mínimo del 32% de cuota de energías renovable para 2030, que es el objetivo marcado por el Marco sobre Clima y Energía aprobado por la Comisión Europea y que es la ruta a seguir por todos los países de la Unión Europea. Aunque Canarias, por su posición estratégica (la “Arabia Saudí de las energías renovables” en palabras de Jeremy Rifkins) debería aspirar a superar esa meta. En realidad esta central hará posible la penetración real de las renovables en más de un 65%.
Otro de los proyectos estratégicos insulares que la consejería canaria se comprometió a agilizar (aunque en este caso aún sin un plazo definido) es el estudio de impacto ambiental del Tren de Gran Canaria, que lleva pendiente desde 2014. El derrumbe del muro de contención de la GC-1 a la altura del Tívoli en el mes de diciembre y las frecuentes retenciones en esta vía que concentra en torno al 80% del tráfico insular y que es la única vía de entrada desde el sur a la capital, han puesto una vez más de manifiesto la necesidad de dotarse de infraestructuras de transporte público sostenible y de gran capacidad. Además, en este caso se trata de un tren eléctrico, soterrado como un metro, autoabastecido de energía renovable a través de un parque eólico, por lo que supondría un enorme ahorro de emisiones de CO2 y un salto de gigante en la electrificación del transporte.
Una de las leyes que el actual gobierno espera aprobar es la de Cambio Climático, que viene e revertir el vergonzoso atraso de Canarias, que a pesar de ser una de las regiones más afectadas por este fenómeno no cuenta con legislación al respecto. El Cabildo de Gran Canaria aportará su experiencia en la implementación de la estrategia de mitigación y adaptación al cambio climático, acumulada durante estos cuatro años, a una de las leyes más importantes de la legislatura. En este sentido es igualmente relevante la modificación de la actual Ley del Suelo, que va en la dirección contraria a la que debería ir la ordenación territorial tanto para ayudar a mitigar como para adaptarse a consecuencias del cambio climático como son las inundaciones, las sequías prolongadas etc.
Serían necesarios varios artículos para abordar en profundidad las materias que fueron tratadas en la reunión por los equipos de ambas instituciones, ya que se trata de materias que forman parte de los pilares de nuestro proyecto. En relación al cambio climático también trabajamos el impulso definitivo al Pacto de los Alcaldes por el Clima y la Energía, que el Cabildo coordina a nivel insular desde el Consejo Insular de la Energía proporcionando recursos y asesoramiento técnico a los municipios para la elaboración de sus planes y al que se han suscrito o están en proceso la totalidad de las instituciones locales de la isla.
Sobre la protección de los espacios naturales tratamos la futura financiación del Gobierno para la elaboración de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales de los espacios protegidos de Gran Canaria, una herramienta indispensable para la gestión medioambiental y la protección de nuestra biodiversidad. En este sentido también avanzamos en la futura firma del convenio para oficializar los bancos de semillas, ADN y saberes tradicionales sobre flora canaria que mantiene el Jardín Botánico Viera y Clavijo, otra herramienta única de protección medioambiental resultado de un enorme trabajo de investigación puntera.
Tengo que agradecer, además de la importancia de la reunión, de la relevancia de los temas tratados, y de los compromisos asumidos, el reconocimiento que el consejero hizo del trabajo realizado por el Cabildo de Gran Canaria hasta la fecha y que creo que nos sitúa a la cabeza de Canarias en materia de cambio climático, sostenibilidad y fomento de las energías renovables. Es especialmente gratificante si lo comparamos con hace apenas unos meses, antes de las elecciones autonómicas, cuando el Gobierno de Canarias se dedicaba a hacer electoralismo con el dinero de toda la ciudadanía y a atacar permanentemente al Cabildo de Gran Canaria.
Por ello, al margen del importante contenido de la reunión, quiero destacar la constatación de que existe un proyecto compartido de transformación económica y social y una voluntad de progresar de manera conjunta en los proyectos estratégicos para Gran Canaria y el conjunto del archipiélago. Esto nos permitirá avanzar mucho más rápido en la consecución de nuestros objetivos y sobre todo permite abrir una nueva época de colaboración y lealtad institucional que estoy seguro de que se va traducir en la mejora de la condiciones de vida de la mayoría de la población, algo que siempre fue objetivo prioritario del gobierno del Cabildo de Gran Canaria.
Antonio Morales Méndez
Presidente del Cabildo de Gran Canaria