El Cabildo de Gran Canaria ha elaborado un documento con 35 aportaciones a la consulta pública lanzada por el Gobierno canario para dictar una Ley de Cambio Climático en Canarias entre las que destaca que la Administración regional se comprometa a ser climáticamente neutral en 2030, que revise el sistema fiscal canario y los incentivos perjudiciales para alcanzar los objetivos climáticos 2050.
Tal y como queda plasmado en el documento remitido por el Cabildo de Gran Canaria, los territorios insulares, y más aún sin son turísticos, “son destinos altamente vulnerables, tanto desde el punto de vista ambiental como desde el punto de vista económico”.
En ese sentido, la Institución insular considera necesario implementar “de manera rigurosa” los objetivos establecidos a nivel internacional, europeo, estatal y autonómico, y crear un marco legal que impulse y evalúe de manera transparente las políticas climáticas que deban adoptarse en el Archipiélago hasta el año 2050 para que sea realmente efectiva.
Y es que la finalidad de estas aportaciones es respaldar que la norma logre el objetivo de cero emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2050 y una reducción del 55 por ciento para 2030.
El documento propuesto por Gran Canaria contempla aportaciones relativas a los objetivos propios de la Ley, como la reducción de emisiones en sectores como el eléctrico, el turismo, la construcción, el transporte, la industria o la agricultura, entre otros, y también propuestas que hacen referencia a la responsabilidad de las consejerías regionales para alcanzar los objetivos también desde cada sector.
El Cabildo insta al Gobierno a basarse en el objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global muy por debajo de 2° C e incluso a hacer los máximos esfuerzos por llegar a 1.5 ° C dado que los territorios insulares están más expuestos a los efectos del calentamiento.
Un cambio de paradigma
La Ley también debe impulsar un cambio de paradigma en el modelo canario de desarrollo para modernizar su economía y hacerla más competitiva “en un mundo que se está descarbonizando progresivamente”.
Otras de las aportaciones del Cabildo grancanario son las de realizar una revisión del sistema fiscal canario con miras a alcanzar los objetivos climáticos para 2050 fortaleciendo los incentivos económicos para reducir la contaminación ambiental y avanzar hacia una producción más sostenible.
Además, el documento considera necesario que cada consejería regional también sea responsable de alcanzar los objetivos del sector en el que tiene competencia y que sean las propias consejerías las que introduzcan las medidas necesarias para lograr la reducción de gases de efecto invernadero en cada caso.
El Cabildo también propone soluciones a los posibles incumplimientos de los objetivos recogidos en la Ley e insta al Gobierno regional a publicar informes periódicos de acción climática y de proyecciones de emisiones, además de la creación de una comisión de expertos independientes para cuestiones climáticas que examine y evalúe los datos de emisiones, el efecto de reducción de gases de efecto invernadero de las medidas propuestas y que opine sobre las modificaciones de los presupuestos de programas de acción climática.
En definitiva, se proponen medidas de evaluación de los objetivos y los mecanismos necesarios para establecer medidas de corrección en el caso de incumplimiento para que la Ley sea finalmente efectiva.