Ya se ha convertido desde hace tiempo en una tónica general subirse el sueldo los políticos y de todos los signos, coincidiendo casi siempre al principio de las legislaturas y forma parte del paisaje de quienes acceden a los cargos institucionales, la mayoría de ellos sin ningún mérito o valía (capacidad, experiencia, arraigo, reconocimiento y aprecio de las ciudadanas y ciudadanos, etc).
En esos casos, el único “mérito» que suelen tener es el de la intriga, conspiración y ser sumisos y dóciles (aduladores) con sus respectivos dirigentes o jerarcas en sus correspondientes partidos políticos.
Ha ocurrido una vez más en muchas instituciones a lo largo y ancho de todo el país. En ese contexto se produjo la subida de sueldos para los regidores municipales, en el primer pleno de la legislatura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con un aumento del 16% para el grupo de gobierno y un 47% para la oposición.
Como suele ocurrir, este obsceno acuerdo fue aprobado por unanimidad. Aquí no se escapa nadie, ni tan siquiera Podemos que, aparte de vergonzosamente votar a favor de ese incremento, se curan en salud alardeando cobrar un máximo de tres o cuatro veces el SMI, o sea, 2.700 o 3.600 euros y según dicen el restante lo donan a una ONG. Igualmente han incrementado las dietas por asistencia a los plenos que pasan de 175 a 250 euros y a las comisiones de 98 a 150 euros.
Aparte entre todos ellos y en detrimento de funcionarios capacitados, tienen muchos inútiles enchufados, aunque suelen denominarlos con el eufemismo de cargos de confianza o de libre disposición.
La falta de transparencia es más que manifiesta, pues si la adopción de éstas medidas estuvieran consignadas en sus respectivos programas electorales, con toda probabilidad tendría el rechazo del electorado.
Lo malo es la decepción, el desencanto y la consiguiente degradación que se le produce a la democracia, creando el caldo de cultivo propicio para la ultraderecha populista erosionar cada vez más el sistema democrático. Los responsables de que esto ocurra, no suelen tenerlo en cuenta o consideración y más bien se preocupan de mantenerse y perpetuarse en los cargos, haciendo de la política su profesión.
Cada vez más, se hace necesario dotarnos de leyes e instrumentos correctores, para imposibilitar que esto siga ocurriendo. El desempeño de la política debe ser vocacional y haciéndolo bien, por un tiempo limitado.
Viendo este panorama y la rentabilidad económica y de otras índoles que ofrece ostentar un cargo institucional, no es de extrañar las traiciones y zancadillas que se dan entre ellos para acceder a los mismos.
Las excusas que suelen dar para el incremento en sus retribuciones, es que cobran menos que en otras instituciones de igual o menor rango. Ocultan que gran parte de ellos en sus respectivas profesiones antes de acceder al cargo público, percibían menores ingresos de sus empresas. Además, de ser cierto ese argumento, ¿quién les obliga a aspirar haciendo lo indecible, para acceder a la representación en las instituciones?.