Desde hace años, la ciudadanía organizada en torno al colectivo ‘Salvar la Tejita’, ha venido manifestando su opinión contraria a que se construya un hotel en plena playa, una de las pocas playas vírgenes que van quedando en nuestras islas.
Una vez más, ante la permisividad y la negligencia de algunas autoridades, es la ciudadanía organizada quien tiene que defender los intereses del conjunto de la población.
La empresa propietaria de los terrenos, parte de los cuales son el producto de una permuta realizada con el Ayuntamiento de Granadilla de Abona, hace años colocó una valla de tela metálica en torno a la propiedad y curiosamente en la zona colindante con la marea, la valla colocada no deja pasar ni el aire.
Con esa maniobra, se pretendía conseguir que no continuara formándose la duna sobre el solar. Frenaron inicialmente el flujo de la arena transportada por el viento; pero la valla está cubierta por la arena, que ha terminado avanzando dentro del solar.
Al parecer, la empresa cuenta con todos los permisos necesarios concedidos por el Ayuntamiento de Granadilla de Abona. Sin embargo, la exigencia del colectivo ‘Salvar La Tejita’ y de ATAN para que se estableciera un nuevo deslinde marítimo terrestre por parte de la Dirección General de Costa, no se ha efectuado hasta la fecha, como tampoco la correspondiente paralización cautelar de cualquier movimiento de tierras, mientras dicho deslinde se lleve a cabo.
Hay, por tanto, responsables del flagrante incumplimiento de las leyes.
Al día siguiente de las últimas elecciones del 28 de mayo, palas mecánicas y retroexcavadoras comenzaron a excavar el terreno en la zona más próxima a la playa. Fue en ese momento cuando, ante la alarma social creada por este atentado medioambiental, en nombre del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias (Podemos, Sí se puede y EQUO), presenté un escrito de puesta en conocimiento de dichas obras al Ayuntamiento de Granadilla de Abona, a la Guardia Civil del SEPRONA, a la Dirección General de Costas y a la Fiscalía de Medioambiente.
Junto a ello, y de forma coordinada, el diputado de Unidas Podemos por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Alberto Rodríguez, presentó en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas al Gobierno estatal en funciones.
De esta forma, garantizábamos que ninguna de las instituciones competentes pudieran mirar para otro lado, pues podrían cometer prevaricación.
Fruto de estas acciones, desde Costas se insta a la empresa a la paralización inmediata de las obras, dándole un plazo de cinco días para reponer los daños causados.
Pues ni una cosa ni la otra, porque las obras continuaron durante esas fechas, sin reposición alguna.
Una vez cumplido el plazo y hecho el destrozo en las proximidades de la playa, la empresa continuó las obras, en otra parte más alejada de la orilla.
Lo que pudimos presenciar el centenar de personas que acudimos esa mañana al lugar, además de miembros de la Policía Local de Granadilla de Abona, un técnico de Costas y una pareja del SEPRONA, que se limitaron a observar lo que allí ocurría, sin traspasar en momento alguno la valla del solar.
Se supone que toda esa información obra en manos de la máxima autoridad del Estado en Santa Cruz de Tenerife, el subdelegado del Gobierno, con quien mantuve ese mismo día una conversación telefónica.
Ahora corresponde obrar en consecuencia.
Costas tendrá que comprobar el grado de cumplimiento de la orden dada y, en su caso, establecer las oportunas sanciones por su incumplimiento, si lo hubiere. Además, tendrá que establecer urgentemente el nuevo deslinde de la delimitación marítimo-terrestre.
En el caso de que los límites del solar del hipotético hotel deban alejarse de las proximidades de la playa, deberá retirarse urgentemente la valla que actualmente frena la formación de la duna y deberá reponerse a su estado anterior el destrozo realizado durante estos días.
Del resto, se encargará la naturaleza.
Las autoridades competentes tienen la obligación de frenar cualquier atentado contra el medio ambiente, cualquier deterioro de un espacio natural protegido, cualquier invasión del territorio perteneciente al común de la ciudadanía para uso y disfrute de todos.
Luego vendrán la resolución de los recursos y las negociaciones, que seguramente planteará la empresa para defender sus derechos vulnerados.
Pero ese es otro asunto.
Mientras tanto, nosotras vamos a seguir diciendo que La Tejita no se toca.
Manuel Marrero
Diputado del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias