Ante las próximas elecciones
La no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 1919 que, aunque insuficientes, recogían una serie de medidas paliativas de la situación de miseria de más de la mitad de las y los pensionistas españoles, ha dejado las cosas en el mismo punto en que las dejó M. Rajoy cuando fue descabalgado del poder.
Entonces dijimos que las medidas pactadas entre PP y PNV para 2018 y 2019 eran una victoria parcial de las movilizaciones de millones de pensionistas y trabajadores en todo el Estado, pero constituían también un mercadeo político, donde se utilizaba como moneda de cambio cuestiones tan vitales como las pensiones de más de nueve millones de personas mayores.
ESTAMOS EN LAS MISMAS.- Hoy estamos en las mismas. Aunque con medidas parciales que consideramos justas, como la subida del salario mínimo a 900 euros y la reimplantación del subsidio a las trabajadoras y trabajadores en paro mayores de 52 años, siguen sin abordarse las cuestiones de fondo que permitan la viabilidad futura y sostenible del sistema público de pensiones, e incluso se ha intentado devaluar en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo una reivindicación tan clara y ajustada a la realidad como la revalorización de las prestaciones según el IPC real. El Pacto de Toledo ha cerrado en falso sus trabajos ante la firme oposición de Unidos Podemos y Esquerra Republicana. Todos los demás partidos (incluso el PSOE, que en la oposición prometió defender esta reivindicación) estaban por considerar, junto al IPC, otros aspectos encaminados a rebajar la subida anual de las pensiones por debajo de la inflación.
Esto es sólo una muestra de las verdaderas intenciones de los sectores dominantes en nuestro país, que solo se han preocupado estos años de crisis de aumentar los beneficios de los grandes consorcios financieros, sumiendo en la pobreza a las mayorías sociales, aumentando las desigualdades a base de reformas y recortes de servicios públicos y redoblando sus esfuerzos para destruir el sistema público de seguridad social y facilitar así su privatización.
DISTRIBUIR LA RIQUEZA.- El sistema de reparto debe ser la base de un sistema de pensiones público, sin embargo tal como está planteado, no garantiza por sí solo la financiación de las pensiones actuales y la viabilidad de las que se están generando. Al contrario, la existencia de pensiones de miseria que no permiten una vida digna a sus perceptores/as, cuando el país produce riqueza suficiente para evitarlo, pone en primer término la necesidad de que sean los Presupuestos Generales del Estado quienes garanticen las prestaciones –sin eliminar cuotas sociales de trabajo– , mediante un reparto equitativo a través de impuestos de la riqueza que genera la masa productiva del país, aplicando si fuera necesario el artículo 128 de la Constitución (1).
Por otra parte, la apuesta política por un sistema público de pensiones implica que el Gobierno no impulse planes privados en sus distintas modalidades, por tres razones: 1) Mermaría la Caja Única de la Seguridad Social, 2) bajarían las pensiones de quienes no puedan suscribirlos, y 3) las desgravaciones fiscales de dichos planes disminuirían los ingresos públicos.
REFORMA FISCAL.- Es necesaria e ineludible una reforma fiscal progresiva y justa para que quienes tengan más recursos económicos, fundamentalmente las rentas del capital. ¿Si la riqueza española se distribuye en torno a un 46% a rentas de trabajo y un 54% a rentas de capital, por qué el 75% de los impuestos se pagan por IRPF e IVA, es decir, lo pagan los consumidores y los trabajadores, y no llega al 25% lo que paga el capital? Con este planteamiento hay que hacer una reforma fiscal integral, para sostener las pensiones y también el resto de servicios públicos.
A VUELTAS CON NUESTRA TABLA REIVINDICATIVA.- Por repetida, no podemos dejar de recordar que muchas de nuestra exigencias siguen perdidas en algún recóndito cajón del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Por ello seguimos demandando la derogación de las reforma de las pensiones de 2011 y 2013 que contiene el diabólico factor de sostenibilidad, que penalizará a los pensionistas a medida que su edad aumente; así como las sucesivas reformas laborales que han precarizado el trabajo, disminuido los salarios y vulnerado los derechos sindicales. También han desoído nuestra exigencia de establecer la edad de jubilación a los 65 años o que las pensiones mínimas, no contributivas y de viudedad suban hasta los 1.084 euros al mes que recoge la Carta Social Europea. Es inadmisible que no se haya hecho nada para que se cierre la injusta y vergonzosa brecha de género en la pensión media, que es del 38% inferior en las mujeres. Seguimos reclamando que se derogue definitivamente el copago farmacéutico y se vuelvan a introducir los medicamentos retirados del sistema de la Seguridad Social y que la reiteradamente incumplida Ley de Dependencia se dote de las suficientes partidas económicas para desarrollarla en toda su extensión para que no vuelva a repetirse la sangrante injusticia de ver como, desde el 2011 hasta la actualidad, más de 126.000 mil personas dependientes murieron esperando su prestación y otras 384.000 permanecen en lista de espera sin ser atendidos pese a tener reconocido el derecho.
Por último, que se abra un debate en profundidad sobre la viabilidad del sistema público de pensiones con la participación de las organizaciones de trabajadores y de pensionistas, incluida nuestra Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, como paso previo a la puesta en marcha de la legislación que garantice la sostenibilidad del sistema con unas pensiones dignas y suficientes.
Es de justicia.
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(1) Art. 128 CE: “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica.”
*Julián Ayala Armas es presidente de la Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias