Me llamó poderosamente la atención que el magistrado Doreste, en su voto tan particular contra la remisión del Caso Grúas a los juzgados laguneros, subrayara que el aforamiento operaba para Clavijo como un recurso, como “la única oportunidad de evitar ser imputado”, “puesto que la decisión del juzgado es considerarle tal”.
Esas afirmaciones no hacían sino confirmar lo que los emisarios de Clavijo venían pregonando por las esquinas desde hacía mucho tiempo: que el TSJC daría el carpetazo al Caso Grúas. El único error de previsión del Régimen fue identificar el TSJ con su presidente.
Otro imputado, José Alberto Díaz, ya reconoce que el Caso Grúas será “un proceso más largo que lo esperado por su partido”, esperanza (latinizada como spes en el voto particular de Doreste) sustentada seguramente en la teoría imaginaria del Derecho en la que se desenvuelve tan a gusto el propio presidente del TSJC.
El partido de José Alberto Díaz, Coalición Canaria, ha basado toda su estrategia de desinformación tratando de ocultar: a) las resoluciones dictadas en vía de recurso por la Audiencia Provincial de Tenerife –a la que la chabacanería de la propaganda oficialista ha llegado a acusar de “interferir” la labor del Juzgado de Instrucción– y b) intentando reducir el Caso a la concesión ilegal de un préstamo de 120.000 euros a una empresa privada incumplidora e insolvente, a la que debió revocársele la concesión del servicio de grúas como sanción legal y contractual.
No debe olvidarse que, cuando Clavijo estaba tomando las decisiones por las que va a ser investigado, varios dueños de esa empresa incumplidora e insolvente ya estaban (y siguen estando) siendo investigados por haber creado un sistema de venta por Internet de piezas de vehículos retirados de la vía pública y depositados bajo la custodia del Ayuntamiento. Todo un cuadro de época.
Cualquiera que haya querido conocer el caso (interés del que excluyo a la prensa del Régimen) habrá podido comprobar que la concesión del préstamo, aún siendo indiciariamente delictiva, no es lo más grave que realizaron Clavijo y sus colaboradores en este asunto; sino a) negarse a rescatar el servicio y a convocar de inmediato un nuevo concurso para seleccionar un nuevo concesionario; y b) otorgar una nueva prórroga que, con el contrato en la mano, permitiría a Auto Grúas Poli S.L., entonces propiedad de los amigos de Clavijo, conservar la concesión hasta 2029 a razón de 650.000 euros/año.
Que el Caso Grúas no es lo más grave en corrupción que se despacha en estas asirocadas Islas, es evidente. Pero que tiene entidad sobradamente delictiva, y constituye un ejemplo de manual de la colonización de las Instituciones por parte de ATI-CC, también lo es. Y cuya denuncia e investigación se sustentan en documentos públicos y no en conversaciones telefónicas, como ocurrió en el caso Corredor. Y lo escrito, escrito está.
La Audiencia Provincial, máxima autoridad jurisdiccional penal en Santa Cruz de Tenerife decretó la reapertura de la investigación (dejando constancia de los indicios delictivos: prevaricación, malversación de caudales y tráfico de influencias) y la imputación de José Alberto Díaz, después de que el Juzgado se limitara a citar como investigado al último de la cadena de mando, Pérez-Godiño, y se negara a imputar al actual alcalde, entonces lugarteniente directo de Clavijo.
José Alberto Díaz, por tanto, está imputado por decisión de la Audiencia resolviendo el recurso que interpusimos contra la negativa de la Jueza a declararlo investigado. Y esa circunstancia reduce considerablemente el margen del Juzgado para desimputarle. Y, en consecuencia, para desimputar a Clavijo que es el verdadero actor principal de toda esta historia.
Ni José Alberto ni Tito deben inquietarse porque Ana Oramas haya expresado su deseo de que “el caso quede resuelto y archivado en marzo, al menos en lo que compete al presidente”. Oramas, cuya ignorancia sobre el asunto Grúas no le hace moderar su condición de mentirosa compulsiva, ha dado a entender que estarían dispuestos a dejar tirados en la cuneta a los subordinados de Clavijo. Pero no: sería una aberración jurídica que permanecieran imputados los ejecutores y no el que daba las órdenes.
Siento –por Díaz y Godiño– que la obediencia debida ya no pueda servir de causa de justificación del delito, ni siquiera en las Fuerzas Armadas. Es lo que pasa en las sociedades democráticas.
Hubo un momento en el que el caso Grúas parecía un caso de delito sin autor; pero eso fue hace ya mucho tiempo. La mera imputación de Pérez-Godiño prefiguraba desde ese momento las que vendrían después. Todo lo demás han sido maniobras de gatopanzaarriba de Clavijo para sacar el Caso de los tribunales naturales y originarios y ponerlo en manos de Doreste.
A partir de ahora, los imputados tienen que optar por compartir unidad de destino en lo penal o defenderse cada uno. Y lo saben. Tal vez por eso se le haya escapado a José Alberto Díaz que todo se aclarará en el juicio oral.
Será, pues, en el juicio oral donde habrá que practicar la prueba contradictoria, ya que durante todos los interrogatorios de la Instrucción los imputados se vienen negando a responder a las preguntas de la acusación, cosa que previsiblemente también hará Clavijo, a pesar de que también ha dicho para la galería que está dispuesto como siempre a colaborar con la justicia.
Será en el juicio oral donde Clavijo podrá ejercer en plenitud su derecho a la tutela judicial efectiva, que consiste en el derecho a no ser condenado sin pruebas obtenidas legalmente. Y donde la acusación popular podrá ejercer también el derecho a la tutela judicial efectiva de la legalidad y de los intereses legítimos de la ciudadanía lagunera, de la que somos cargos representativos quienes ejercemos la acusación popular.
Y, a menos que Díaz y Godiño renuncien a defenderse, será en el juicio oral donde quedará acreditado quién fue el guionista y director de la obra: el que tiene poder real y comete delitos reales, aunque se empeñe en actuar como un eterno adolescente y se crea el más listo de la clase.
Porque el Caso Grúas consiste en la utilización por parte de Clavijo del poder que la ciudadanía le delegó como alcalde en beneficio de una empresa propiedad de sus amigos. Y en contra de la legalidad y de los intereses públicos.
Por eso, todo lo que están diciendo estos días los jerarcas del Régimen, la lideresa de las 3.000 viviendas de Sevilla y la orquesta de pringados que les hace de coro son vainas. Sólo vainas.