Un estudiante y activista saharaui que buscó refugio en la isla de Lanzarote huyendo de la policía marroquí ha sido entregado por España a Marruecos y ya se encuentra preso en una cárcel marroquí.
Ante la urgencia de esta situación, diferentes Asociaciones y sindicatos convocaron una Concentración ante la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife para este miércoles, como protesta por el modo en que este activista fue expulsado por parte del gobierno de España a Marruecos, incumpliendo el derecho a su asistencia letrada y a dar respuesta a su solicitud de asilo político.
La respuesta que dio la Subdelegación del Gobierno de España en Santa Cruz de Tenerife, rechazó la autorización del permiso para celebrar esta Concentración, aludiendo a que la misma no es urgente, remitiénoles a celebrarla en 10 días a partir de la solicitud.
Husein Bachir Brahim, de 28 años, estudiante de tercero de Derecho en la Universidad Ibn Zohr, de Agadir, llegó a la isla de Lanzarote en patera el pasado 11 de enero con la intención de pedir asilo, después de permanecer tres meses oculto ya que estaba siendo buscado por la policía marroquí.
A los pocos días de llegar con otros inmigrantes a Lanzarote, el estudiante saharaui fue detenido por la policía española y llevado a la comisaria de Arrecife, hasta que el 17 de enero fue deportado a Marruecos “sin cumplir con el trámite obligatorio de presentarlo ante la autoridad judicial ni tramitar su solicitud de asilo político”, según ha denunciado la Asociación Canaria de Amistad con el Pueblo saharaui.
Husein Bachir, al que los ocupantes del Sáhara Occidental pretenden imponer la identidad de Lahoucine Amaadour en su política de cambiar los nombres saharauis, fue entregado a la policía marroquí y el 21 de enero se le encarceló en la prisión de Luidadya, en Marrakech, bajo la acusación de “actividades políticas ilegales”.
Natural de Guleimin, localidad situada en el sur de Marruecos con amplia población saharaui, Bachir tiene, al parecer, vínculos con el grupo de estudiantes saharauis de la universidad de Marrakech conocido como Compañeros El Luali, cinco de los cuales fueron condenados a diez años e cárcel y otros once a tres.
Para la ACAPS, la acusación “actividades políticas ilegales” confirma “la naturaleza política de la persecución que sufre Husein Bachir Brahim”, y deja sin argumentos al Gobierno español para intentar defender su comportamiento “absolutamente opuesto a lo que establecen las normas españolas y los convenios internacionales firmados por España para la protección y asilo de las personas perseguidas por motivos políticos”.
La asociación canaria considera que el comportamiento del Gobierno español es una “colaboración abierta con el régimen de Marruecos en la persecución de los activistas saharauis”, y dice que se produce en la misma semana en la que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió en el Parlamento Europeo la ampliación al Sáhara Occidental de los acuerdos en materia comercial, agrícola y pesquera establecidos entre la UE y Marruecos, “en contra de la legalidad internacional y de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”.
La entrega de activistas saharauis, “con riesgo cierto para su integridad física en manos de los sicarios torturadores del sátrapa de Rabat, demuestra la bajeza moral de quienes autorizan estas deportaciones”, señala el comunicado del movimiento solidario canario, que responsabiliza a quienes han autorizado esta entrega “del encarcelamiento por motivos políticos y de los maltratos que pueda sufrir Husein Bachir Brahim”.