El pasado 11 de febrero llegaba a la isla de Lanzarote, huyendo de la persecución del régimen marroquí en una patera, el joven activista saharaui Husein Bachir Brahim (al que los ocupantes pretenden imponerle la identidad de Lahoucine Amaadour), estudiante de tercero de derecho en la Universidad Ibn Zohr de Agadir, tras varios meses de estar oculto para evitar su detención.
Después de ser detenido por la policía española se le traslada a la comisaría de Arrecife y, sin cumplir con el trámite obligatorio de presentarlo ante la autoridad judicial ni tramitar su solicitud de asilo político, el jueves 17 fue deportado a Marruecos, donde fue entregado a la policía del régimen marroquí. El lunes 21 de enero, finalmente, fue encerrado en la prisión de Luidadya en Marrakech, bajo la acusación de “actividades políticas ilegales”, confirmando con esto claramente, el gobierno de Marruecos, la naturaleza política de la persecución que sufre Husein Bachir Brahim, y dejando sin argumentos al gobierno español para intentar defender su comportamiento absolutamente opuesto a lo que establecen las normas españolas y los convenios internacionales firmados por España para la protección y asilo de las personas perseguidas por motivos políticos.
Este comportamiento del gobierno español, de colaboración abierta con el régimen de Marruecos en la persecución de los activistas saharauis, se produce en la misma semana en la que el propio presidente del gobierno defendió en el Parlamento Europeo la ampliación al Sahara de los acuerdo en materia comercial, agrícola y pesquera establecidos entre la UE y Marruecos, en contra de la legalidad internacional y de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Pero si es gravísimo el entregar ilegalmente las riquezas del Sahara Occidental a quien lo ocupa por las fuerzas de las armas, la entrega de activistas saharauis, con riesgo cierto para su integridad física en manos de los sicarios torturadores del sátrapa de Rabat, demuestra la bajeza moral de quienes autorizan estas deportaciones. Las constantes concesiones del gobierno español no van en la dirección de conseguir una democratización de Marruecos sino, muy al contrario, de una creciente extensión de las prácticas contrarios a los Derechos Humanos en el Estado Español.
El movimiento solidario con el Pueblo Saharaui en Canarias, la Comunidad Saharaui en Canarias y las Asociaciones Canarias de Amistad y Solidaridad con el Pueblo Saharaui condenan esta deportación, exigen al gobierno español que ponga fin a estas prácticas y permita el ejercicio efectivo de la solicitud del refugio político y responsabiliza a quienes han autorizado esta entrega del encarcelamiento por motivos políticos y de los maltratos que pueda sufrir Husein Bachir Brahim.