Redesscan, Red en Defensa de los Servicios Sociales Públicos de Canarias, se reafirma en que de aprobarse como está la Ley de Servicios Sociales de Canarias, generará mucha confusión, limbos e incertidumbres en su funcionamiento. Además, de que en la misma se da un desmantelamiento encubierto, ya que da un mayor protagonismo al tercer sector y a la empresa privada en los Servicios Sociales.
Para la organización la nueva Ley de Servicios Sociales de Canarias es, de hecho, una puerta a la privatización de los servicios sociales autonómicos que tendrá un impacto negativo tanto en la respuesta a las personas empobrecidas, que residen en Canarias, como a la defensa de los derechos humanos de los mismos.
Antes de que España fuera una democracia no existían los servicios sociales, sino que la beneficencia a través de las autoridades eclesiásticas y la caridad privada era la respuesta a lo que se llamó “la cuestión social” fruto de la transición del feudalismo al capitalismo y la aparición de nuevas pobreza y epidemias.
En España distintas leyes, como la Ley de Beneficencia de 1821 o la Ley de Beneficencia de 1849 regularon la beneficencia pública y privada.
Tendríamos que esperar a la Constitución española de 1987, dentro de un estado social democrático y de derecho, para la aparición de políticas sociales modernas. Sin embargo, los Servicios Sociales no han llegado a tener una ley estatal, tales como las distintas leyes de Educación y Sanidad y su desarrollo ha quedado en un segundo plano.
Es durante la década 1982-1992 cuando aparecen las primeras leyes autonómicas sobre acción social y servicios sociales. La “Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales” es la primera y única ley de Canarias mientras que otras Comunidades Autónomas ya cuentan con leyes de segunda y tercera generación. Además, la ley de 1987 nunca tuvo un desarrollo reglamentario posterior, y la nueva cuestión social se dejó en manos del sistema mixto de servicios sociales (colaboración público-privada) limitando la responsabilidad pública de los mismos. Aunque el objetivo prioritario de la ley de 1987 fuera “la prevención y eliminación de los factores etiológicos que conducen a situaciones de marginación social” Canarias ha seguido contando con indicadores sociales (pobreza, desigualdad, desempleo) muy por encima de la media estatal. A nuestro entender, los Servicios Sociales y las políticas públicas encaminadas a crear una sociedad más igualitaria y justa no han sido una prioridad de los distintos gobiernos de Canarias. Es más, el gran peso de las políticas encaminadas a la creación de empleo ha sido insuficiente sin el papel redistribuidor de la riqueza que debe tener el estado.
Ya desde la década de los noventa se empezó a hablar de la crisis del Estado de Bienestar y en un proceso lento pero constante la responsabilidad pública fue diluyéndose en el tercer sector (Asociaciones, ONG y empresas de iniciativa social) en un proceso de mercantilización que a través de la competencia se presenta como la solución capaz de disminuir el coste de los servicios, pero que en realidad contribuye, a largo plazo, a transferir los costes desde el conjunto de la comunidad hacia las personas a título individual. Para Alston, en el informe “La extrema pobreza y los Derechos Humanos” de Naciones Unidas “Es mucho menos probable que servicios como los servicios sociales se presten de manera adecuada o tengan buena calidad para las personas pobres (privatizados). Lo que sucede es que esas personas acaban prescindiendo de esos servicios o pagan precios incluso mayores por servicios sustitutivos”.