Es conveniente desmontar, para terminar, algunas cantinfladas que Clavijo dijo en el Parlamento.
Lo que se está investigando no es la decisión de privatizar la gestión del servicio municipal de Grúas, allá por los 2004 y 2005, sino las trapisondas perpetradas por Clavijo varios años después. Presionar al primer concesionario del Servicio, José Padilla, para que contratara como empleados “fuera como fuera” a varios amigos del propio Clavijo Batlle. Ahogar económicamente a la empresa concesionaria Auto Grúas Poli retrasándole los pagos del Ayuntamiento, para forzar su venta a esos mismos trabajadores, que compraron a ciegas la empresa concesionaria (2011), hipotecando sus propias viviendas, confiados en la protección del ya alcalde Clavijo, que les había sugerido que podía ser un “bonito negocio”.
Cuando la empresa entró en situación de insolvencia, con más de 300.000 euros de deudas con los trabajadores, la Seguridad Social y las Haciendas estatal y autonómica, incumpliendo además gravemente sus obligaciones contractuales con el Ayuntamiento, Clavijo utilizó todo el poder de la alcaldía para proteger los intereses de sus amigos: intervino “temporalmente” el Servicio; decidió al margen de la ley darle a la empresa concesionaria un préstamo en dinero público de 120.000 euros, para maquillar la bancarrota de la Empresa, que siguió acumulando deudas hasta 750.000 euros ; y finalmente, prorrogó por 4 años más (que pueden llegar hasta 15,según el contrato que sigue vigente) una concesión que –con la Ley en la mano– tuvo que ser resuelta, rescatado el servicio y sacado de nuevo a concurso público. Todo ello saltándose las advertencias de ilegalidad reiteradamente formuladas por la Intervención General del Ayuntamiento.
Porque, sépanlo todos los que lean estas líneas, la Empresa Auto Grúas Poli S.L. en el momento de ser intervenida por el Ayuntamiento (enero 2014) no disponía de una contabilidad fiable, ni estaba en condiciones de continuar prestando el servicio y se encontraba en situación de insolvencia, lo que la obligaba legalmente a convocar concurso de acreedores y a iniciar el procedimiento para su disolución. De todo esto informaron el 8 de abril de 2014 los funcionarios comisionados para gestionar el Servicio una vez que fue intervenido por el Ayuntamiento. Clavijo guardó ese informe en una gaveta e hizo todo lo contrario de lo prescribían las conclusiones del Informe técnico y jurídico de los interventores del Servicio.
La otra excusa de Clavijo –cuyos voceros jurídicos y periodísticos hablan de estas andanzas como si se redujeran a la concesión de un préstamo sin plazo y sin garantía adecuadas (ocultando que es la propia concesión del préstamo el principal motivo de ilegalidad, como reiteró la Intervención)– es que el préstamo se concedió para pagar los sueldos atrasados que los “otros” trabajadores, es decir los no incluidos en la nómina de amigos de Clavijo ni convertidos bajo su patrocinio en dueños de la Empresa, venían reclamando desde mayo de 2013. También es falsa: el préstamo lo concedió la Junta de Gobierno para pagar “los salarios de los trabajadores y gastos corrientes” de la Empresa intervenida. De hecho, hasta hace poco no habían cobrado la totalidad de los sueldos pendientes.
Y sepan también que de los ayudantes de campo de Clavijo, el actual alcalde está imputado tanto por su participación en el préstamo ilegal, como por el papel que desempeñó en la prórroga del contrato y de la concesión del Servicio de Grúas. Y Pérez-Godiño lo está exclusivamente por su participación en esa prórroga ilegal del contrato con Auto Grúas Poli, que según Clavijo y sus voceros nunca ha existido.
Y lo que permite explicar las reiteradas ilegalidades de Clavijo y su favoritismo es su demostrada amistad con los trabajadores a los que enchufó y luego convirtió en concesionarios del servicio de grúas. Y eso se llama tráfico de influencias. Aquí y en la China.
Santiago Pérez García, concejal de La Laguna.