En las últimas semanas los voceros de Coalición Canaria repiten en los medios de comunicación que todo lo del caso grúas estuvo movido por el «interés general».
No es la primera vez que ese término sale de sus bocas, en realidad suele ser la excusa que justifica todo tipo de corruptelas varias, cuando el único y particular interés que hay es mantener el poder en sus diversas formas.
El beneficio de un acto corrupto va más allá de lo que popularmente llamamos “meter la mano en la lata del gofio”, el beneficio para algunos partidos políticos se sustenta sobre el propio ejercicio del poder y entienden que ese poder solo se mantiene sobre los favores políticos, ya que el poder es su único programa.
Tenemos sobradas muestras de este tipo de prácticas. A veces una adjudicataria es la receptora de estos favores, el más evidente es el nulo control y auditoría pública de sus labores. La devolución de ese tipo de favores genera esas líneas de teléfono por las que algunos políticos creen que se pueden permitir el lujo de llamar a un empresario para pedirle que contrate a una persona particular, pensando que esa persona le devolverá el favor con un votito, base de un poder que vale y perdura más que el dinero.
Es evidente que existe la presunción de inocencia, por fortuna es un derecho que tenemos todas las personas, también el presidente canario. También es evidente que en el caso de Fernando Clavijo hay antecedentes en forma de grabaciones, en esa ocasión para un caso corredor que fue parcialmente archivado, no por falta de pruebas, por la desaparición de documentos públicos.
Dos momentos, apenas unos segundos de esas transcripciones policiales dan señal del estilo del, por entonces, alcalde. Una a su secretaria para que negociara un puesto a una persona en una empresa que en ese momento hacía una obra pública en La Laguna: “es un compromiso de hace años” … “que por favor cojones”… y “pues que la pongan a mirar … bueno que la pongan a echarle una mano a la aparejadora que lleve el tema que ¿entiendes? … o a llevar facturas pa un lao pa otro”. El otro ejemplo, una llamada a un responsable de la refinería chicharrera: “ella es ingeniero industrial y se le acaba pues un poco la pasantía y por lo visto me dijo mira umm como ella es sobrina de una concejala mía de La Laguna dice oye a ver si hubiese alguna posibilidad”…por desgracia hay muchos más ejemplos en esos pocos meses de grabaciones.
Volviendo a las grúas y respondiendo a los voceros de Coalición Canaria que predican eso del “interés general” y que “no costó un euro” por los medios que no dan voz a la oposición lagunera, la realidad es que poco hay de interés general en este caso.
Cuando en octubre de 2003, Fernando Clavijo, concejal en aquel momento de Seguridad ciudadana, decide privatizar el servicio municipal de grúas que según los informes tenía un coste anual de 150.000 euros más que la gestión directa, no fue por interés general, fue para “enchufar” a personas afines. “Enchufar” no es por interés general, es para ganar elecciones, su principal negocio. Obligar presuntamente al adjudicatario a vender la empresa a los amigos que enchufaste no es interés general. No controlar las ilegalidades denunciadas por parte de los trabajadores de las grúas desde 2012 no es preservar el interés general. Dar un préstamo de 120.000 euros del dinero de todos laguneros y laguneras, contra los informes del Interventor municipal, no es interés general. Usar ese dinero para renovar en 2014 el contrato con una empresa que no cumplía y estaba investigada por el robo de piezas del depósito municipal, no es interés general. Los comportamientos mafiosos nunca pueden ser parte del interés general y sin duda, haremos todo lo que esté en nuestra mano, por acabar con ellos.