Esta semana se vota en el Congreso de los Diputados (y las Diputadas también, aunque no las nombren) la reforma del Estatuto de Autonomía, nuestra Carta Magna archipielágica, que establece los márgenes donde se va a mover Canarias en las próximas décadas.
El Estatuto actual es antiguo, diría que viejo, con las connotaciones negativas que muy a menudo se le atribuyen a este adjetivo. Empezó a gestarse desde 1978, de manera atropellada y con fuertes tensiones, en un intento de las élites del momento de contener el empuje de una sociedad canaria que reivindicaba poder decidir sobre los asuntos que le afectaban, poder garantizar derechos y dejar atrás décadas de atraso, miseria material y mordaza política que había supuesto la sangrienta dictadura.
Eran los tiempos de la UCD, de la Junta de Canarias, de la segunda cadena de TVE y Naranjito.
Yo no tenía ni un año cuando en 1982 nació el Estatuto de Autonomía que, junto con la Lotraca (Ley Orgánica de Transferencias Complementarias a Canarias), supuestamente nos colocaría a la altura de los derechos y competencias adquiridas por otros territorios del Estado.
Desde ese momento, solo ha sufrido una modificación reseñable, en 1996.
En ella, aparte de transferir algunas competencias más, se aumentaban de manera infame las barreras electorales al 30% insular y el 6% autonómico, perpetuando el sistema electoral canario como uno de los más injustos del mundo y afianzando a las fuerzas caciquiles (ATI-Coalición Canaria principalmente) en el poder por los siglos de los siglos.
Así, dejando atrás intentos fallidos que no tengo espacio para comentar, nos vamos a marzo de 2015. Tras años de crisis económica, política y social, el país había cambiado profundamente. La credibilidad de las instituciones estaba bajo mínimos, nuevas fuerzas políticas irrumpían en escena con gran fuerza y el gobierno de CC-PSOE con Paulino Rivero a la cabeza, imponía la modificación general del Estatuto de manera unilateral, solo con el apoyo de sus respectivos partidos. Lo hicieron deprisa y corriendo con el miedo (real) de que fuerzas como Podemos entraran en el Parlamento autonómico y pudieran modificar de verdad el contenido de un Estatuto que seguía, casi cuarenta años después, beneficiando a los de siempre.
Y llegamos a 2018. Canarias se consolida como un potencia turística a nivel mundial, batiendo records de llegada año tras año y aumentando el PIB (la riqueza generada en el Archipiélago) en más de 1.600 millones de euros desde que estallara la crisis. Pero eso son cifras macroeconómicas y la sociedad canaria, desgraciadamente, ni las huele.
Un 8% menos de inversión en Sanidad en los últimos 10 años, un 12% menos en Educación, los salarios un 17% más bajos que en el resto del estado (283€ al mes, que se dice pronto) y el mayor aumento de precios de la vivienda en todo el país, con 6 desahucios diarios, dibujan un panorama desolador. La Canarias real.
Parece evidente, casi de sentido común diría yo, que necesitamos una arquitectura institucional, un marco legal, profundamente diferente. Y la reforma del Estatuto de Autonomía podría haberlo sido.
¿Dónde si no íbamos a impulsar la soberanía alimentaria, facilitando que los productos que se consuman en las Islas, sean plantados en las Islas, mejorando nuestra salud, nuestra economía y generando miles de empleos en las zonas rurales donde más falta hace?
¿Dónde si no podíamos defender nuestra soberanía energética, dejando de pagar facturas millonarias al exterior por combustibles carísimos, produciendo en nuestra propia tierra gran parte de la electricidad que consumimos, creando muchísimos empleos estables y bien pagados, reduciendo el precio de la factura y haciéndole un inmenso favor a nuestro preciado entorno natural? ¿Dónde?
El tridente responsable de la situación actual, CC-PSOE-PP, con la vergonzante ayuda en numerosas ocaciones de NC, votaron sistemáticamente en contra de nuestras enmiendas. De casi todas. Nos chocamos contra un muro.
¿Acaso es una locura garantizar que la población canaria pueda ser atendida en centros sanitarios públicos bien dotados y con personal suficiente, que nuestra educación pública asegure un futuro digno al archipiélago, asegurando la calidad de la misma, independientemente del nivel de renta de las familias?
¿Blindar recursos para la atención a la dependencia, evitar en serio la pobreza energética en los hogares canarios que más lo necesitan, proteger y promover nuestro patrimonio cultural, facilitar el derecho al transporte por todo el territorio de deportistas de cualquier edad, equipos y federaciones que tantos problemas de movilidad sufren? ¿Son políticas trasnochadas? Creemos firmemente que no, que millones de canarios celebrarían estas medidas. Estas y muchas otras
Queríamos derechos medioambientales y ordenación del territorio de forma sostenible con perspectiva general, primando necesidades reales de la población y evitando obras faraónicas donde el político de turno pone la mano, abre la cartera y cierra los ojos.
También intentamos democratizar el acceso al agua en las Islas, asegurando tecnológicamente el acceso y la sostenibilidad del suministro a corto, medio y largo plazo. Pero claro, con el poder no se juega y los aguatenientes en Canarias siguen mandando mucho y demostrado quedó una vez más.
Por supuesto, si hablamos del poder real en las Islas, imposible olvidarnos del REF. El conjunto de herramientas de desigualdad fiscal que contiene podría dirigirse a que Canarias saliera de la ‘Champions League’ de las miserias, pero ya saben…”Poderoso caballero es Don Dinero” y para los partidos de siempre son mucho más importantes los negocios de sus amigos que el bienestar general.
Y como colofón al ninguneo, planteo una duda, creo que razonable: ¿Es posible, en pleno siglo XXI, viviendo una auténtica revolución en lo que a tecnologías de la comunicación se refiere, que la gran mayoría de la sociedad canaria, sea completamente ajena a este proceso?
¿Puede existir un Estatuto sin la participación de la sociedad que lo tendrá que cumplir y respetar?
Es más, ¿puede hablarse de democracia representativa si la norma que rige los destinos de Canarias se elabora sin que las personas supuestamente representadas lo sepan? Somos dos millones de personas, cada una con su opinión y pienso que nos merecemos un respeto.
No estoy contento, pero si orgulloso. Hemos trabajado duro en el debate parlamentario, presentamos enmiendas con todas las medidas expuestas en este artículo, trabajadas con personas expertas y asociaciones de la sociedad civil canaria. Peleamos coma a coma durante meses, pero no fue suficiente. Así lo reconoció la diputada portavoz del PP en el debate del REF: “Podemos ha trabajado mucho con multitud de aportaciones, pero claro, defendemos modelos totalmente diferentes y es normal que sus enmiendas no prosperaran”. Imposible resumirlo mejor.
Cientos de miles de canarios y canarias nos votaron para hacer las cosas de otra manera, para defender el interés de la mayoría, sin hipotecas electorales con bancos y grandes empresarios que pagan campañas y compran voluntades. Eso estamos haciendo, o por lo menos lo intentamos con todas nuestras fuerzas.
Ojalá estemos equivocadas y el Estatuto que aprobarán PP-PSOE-CC y NC mejore significativamente la vida en las islas, ojalá. Tras meses de debates y conociendo el texto final, creemos que no. La historia dirá si estábamos equivocadas o no.
Y digo la historia porque la sociedad canaria no va a tener, inexplicablemente, la oportunidad de hacerlo.
Alberto Rodríguez
Diputado de Unid@s Podemos por Santa Cruz de Tenerife