La Ley de Telecomunicaciones de 2014 dejó las manos libres a las empresas de telecomunicaciones para hacer auténticas barbaridades en materia de colocación de estas infraestructuras, permitiendo una liberalización total a costa de la preocupación vecinal.
Con esa misma ley, promovida por los lobbys del sector en la Unión Europea, se dificultó el cobro de tasas municipales al sector, que hasta hace poco representaban unos ingresos municipales cercanos a los 400.000 euros anuales.
En los últimos meses han saltado todas las alarmas con el intento de instalar nuevas antenas en la zona de El Coromoto, generándose una respuesta vecinal ejemplar, ante una obra que no se entiende en un entorno urbano más que colmatado.
Se genera sorpresa e impotencia a partes iguales cuando de la noche a la mañana, en una zona, donde hay problemas para hacer una simple reforma en las viviendas por motivos urbanísticos, se ve como una empresa instaladora levanta unas antenas sin el menor reparo. Queda en el aire que a algunos se les pide todo y a otros nada para desarrollar una actividad, que unos pueden usar libremente lo que es del conjunto de la población, sin dar explicaciones a nadie.
En La Laguna colocar una antena de telefonía es un negocio redondo, en la actualidad no tenemos ni una vía para cobrar un solo euro por este uso de los espacios públicos, como demuestran los informes de la Concejalía de Hacienda en su Memoria de 2017. Estoy convencido que debemos dar los pasos necesarios para recuperar esas tasas urbanísticas vinculadas con las antenas de telefonía móvil, similares a las que ya se aplican en otros municipios. Tasas que en el año 2013 suponían más de 635.000 euros para las arcas municipales y que ahora no se pueden cobrar, por la inactividad del Gobierno local con este asunto.
En 2016 el Tribunal Supremo abrió la puerta del llamado “tasazo” en Madrid, que permitirá que solo en Madrid las compañías deban abonar unos 11 millones de euros en cantidades no pagadas por uso de suelo, subsuelo y vuelo de la vía pública. La Laguna debe adaptar sus ordenanzas para hacer posible que se recupere el pago, siendo casi la única herramienta que tenemos como Ayuntamiento para forzar a las empresas del sector a llegar a un acuerdo a la hora de colocar una antena de telefonía.
Nuestro municipio no puede quedar en manos del todo vale de las empresas de telecomunicaciones, debemos articular todas las fórmulas necesarias para regular esta actividad, cumpliendo con todos los principios urbanísticos y de seguridad, salvaguardando el interés general.
En el momento actual, lo recordamos en el último pleno municipal, los principales mecanismos de defensa de los intereses de la ciudadanía en este asunto se basan en mantener la movilización contra esa instalación y que el Gobierno local se siente a hablar con la teleoperadora para buscar otros emplazamientos para este tipo de infraestructuras…pero no debemos conformarnos con eso, debemos y podemos dar más pasos.
En La Laguna, igual que en otros municipios, es mucho más fácil colocar una antena de telefonía en un edificio que una placa solar, toda una paradoja. Debemos lograr que esta actividad tribute en base a los enormes beneficios que genera, igual que tantas PYMES y personas autónomas lo hacen en su día a día. Debemos recuperar la autonomía de los municipios frente a las normas impuestas desde arriba, que solo dan carta blanca a quienes más tienen, sin pensar en sus consecuencias.
Rubens Ascanio Gómez
Portavoz de Unid@s se puede en el Ayuntamiento de La Laguna