El pasado día 5 de febrero, Canarias 7 me invitó a inaugurar un ciclo de conferencias concebido como un espacio para repensar Canarias desde visiones distintas. Esa casa me ha abierto siempre sus puertas para exponer cada semana, libremente, mis opiniones y en esta ocasión acepté encantado, y agradecido, que me invitaran a abrir el debate y a poder exponer mi manera de entender Gran Canaria y Canarias. Mis próximos tres artículos están dedicados a resumir lo que aquel día trasladé a los responsables del periódico y a las personas que nos acompañaron. Hoy me voy a centrar en el autogobierno y la vertebración territorial y social.
La tarea de los gobernantes no puede quedar limitada a la toma de decisiones, a la acción, a la aplicación de los programas electorales en las distintas instituciones. También se encuentra entre sus obligaciones, y aún más en tiempos de profundos cambios tecnológicos, económicos y sociales, el permanente ejercicio de la reflexión. Un esfuerzo que debe servirnos para contribuir a transformar nuestra sociedad, la política, los valores dominantes, la cultura que se nos impone.
En éste sentido, he venido planteando en muy diversos foros la necesidad de llevar a cabo una labor regeneracionista – mi charla en C7 la titulé “Repensar Canarias desde la regeneración”- entendida ésta como un proceso colectivo destinado a recuperar la estructura y la función de los órganos o partes del cuerpo dañados, en este caso no de sistemas biológicos sino en el ámbito de las complejas sociedades del siglo XXI. Recuperando el espíritu que animó al regeneracionismo español de los siglos XIX y XX, pero en clave de este comienzo de milenio, y pensando desde y para Canarias.
La Canarias de hoy puede ser definida como una sociedad de paradojas. Tras casi cuatro décadas de autonomía mantenemos elevados niveles de dependencia económica, sin haber logrado construir un modelo autocentrado, en función de nuestras necesidades y aspiraciones. Disponemos de mayor Renta per Cápita –después de la caída experimentada entre 2009 y 2014- y, a la vez, ha ido aumentando la desigualdad social. Alcanzamos los niveles de formación más altos y también la fuga de cerebros que descapitaliza nuestra sociedad. Después de 24 años de gobiernos nacionalistas resurge el neoinsularismo que nos enfrenta y nos debilita. Con datos turísticos históricos padecemos cifras de desempleo por encima del 20% y tasas inaceptables de pobreza y de exclusión social. Disponemos de poderosas herramientas fiscales y de capitalización, pero el tejido empresarial está aún insuficientemente desarrollado.
Defensor del autogobierno me planteo hoy, como muchos hombres y mujeres de Canarias, para qué nos ha servido la autonomía y, especialmente, qué transformaciones hay que implementar, en el marco estatutario y, sobre todo, en la orientación de las políticas, para acabar con la dependencia económica, el desequilibrio y la fractura social que padecemos.
Es cierto que la autonomía supuso una enorme transformación en los dos grandes servicios públicos, el educativo y el sanitario, que tenían desarrollos muy débiles hasta entonces. Pero no es menos cierto que estos han sufrido un proceso de deterioro relevante en la etapa más reciente y que no tienen hoy –pese al esfuerzo y la calidad de sus profesionales- los niveles de excelencia que exigen y merecen los ciudadanos y ciudadanas. Y son imprescindibles como base de la convivencia y el desarrollo.
Las infraestructuras han experimentado en las últimas décadas un salto cuantitativo y cualitativo muy importante. Contamos con modernos puertos y aeropuertos, hospitales y centros universitarios. Hemos mejorado las carreteras, avanzado en las comunicaciones internas y en la conectividad con el exterior. Sin embargo, hemos sido incapaces de diversificar los sectores productivos, con insuficientes equilibrios en el peso de la industria o del sector primario en el conjunto de nuestra economía. El sector empresarial tiene mayor consistencia y capacidad económica pero no avanza suficientemente hacia nuevos sectores estratégicos.
Tengo la impresión, creo que compartida con muchos ciudadanos y ciudadanas, de que, tras 35 años de un Estatuto que reconoce “su identidad singular y el derecho al autogobierno”, Canarias ha desaprovechado parte de estas potencialidades y nos encontramos lejos de los objetivos que marca su artículo 1: “la defensa de los intereses canarios, la solidaridad entre todos cuantos integran el pueblo canario, del que emanan sus poderes, el desarrollo equilibrado de las islas y la cooperación con otros pueblos, en el marco constitucional y estatutario”.
Desde la instauración del autogobierno hemos avanzado en la vertebración social y territorial de Canarias. Las islas menos pobladas se han visto por primera vez atendidas posibilitando que alcancen niveles de mayor desarrollo y que cuenten con mejores servicios. Pero en esta legislatura autonómica se ha producido un peligroso retroceso hacia insularismos estrechos e insolidarios, peligrosamente patrocinados por el titular del Ejecutivo y su partido, con desequilibrios inaceptables de inversiones y políticas públicas en sanidad, educación o dependencia.
A ese retroceso en la vertebración territorial se suma el experimentado en la vertebración social. Ha crecido la desigualdad. Nos situamos en lugares de cabeza del Estado en desempleo y pobreza; y de cola en salarios, prestaciones sociales y pensiones, así como en la aplicación de la ley de la dependencia. La riqueza que se genera se redistribuye mal. Nuestra generación joven con mayores niveles de formación encuentra pocas oportunidades aquí y se ve obligada a buscarlas lejos de su tierra. Se producen discriminaciones igualmente sangrantes que proceden de la desigualdad de género y la violencia machista.
A las erradas políticas del Gobierno canario se le suma el maltrato por parte del Gobierno central, que ha supuesto contar con menos inversiones para los servicios públicos fundamentales y para la puesta en marcha o finalización de distintas infraestructuras -como sucede con el convenio de carreteras- y, consiguientemente, han afectado a nuestra economía y a nuestros niveles de empleo y equidad. Un maltrato que solo ha empezado a ser corregido cuando las matemáticas parlamentarias hacían indispensable el voto de diputados de partidos nacionalistas canarios para aprobar las cuentas públicas estatales.
Se precisa un nacionalismo fuerte, coherente, centrado en la defensa de los intereses de la mayoría social, para que este pequeño pueblo pueda defender en España y en la Unión Europea sus justas reivindicaciones, sus exigencias de implementación de medidas que rebajen los hándicaps que suponen nuestra lejanía y fraccionamiento territorial, asuntos que no siempre son entendidos en el territorio continental. Y se necesita, al mismo tiempo, un buen Gobierno en Canarias; que oriente todas sus políticas para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, diversificar su economía, generar empleo, combatir las desigualdades y proteger su naturaleza.
La Canarias del siglo XXI tiene que garantizar la solidaridad para permanecer cohesionada. Este es el patriotismo –no el de la exhibición de banderas y proclamas- en el que creo. Identificado, además, con la defensa del territorio y el medio ambiente que nos hace privilegiados a los hombres y mujeres de Gran Canaria y de Canarias. A cómo plasmarlo en el ámbito económico y social, para avanzar hacia una nacionalidad canaria equilibrada social y territorialmente, dedicaré las próximas reflexiones.
Antonio Morales Méndez
Presidente del Cabildo de Gran Canaria