EL RINCÓN DEL BONZO
Encomendar la realización de tareas o servicios propios, por parte de una empresa o institución, pública o privada, a una empresa secundaria, es un modelo de gestión administrativa que plantea una doble vertiente en cuanto a los efectos que atañen a los trabajadores de la matriz originaria y de los negocios satélites; así como a los receptores como clientes del producto externalizado.
La primera consideración positiva pudiera ser la eficiencia funcional que se pretende mediante la subcontratación de determinada especialidad, de alguna de las áreas que configuran tal complejo empresarial o administrativo. Existen múltiples ejemplos de éxito, ajustados a la teoría, en cuanto al objetivo alcanzado de calidad externalizada con acierto, por su transparencia y limpieza.
Pero la realidad también presenta el polo opuesto de la especulación basada en la, casi siempre inevitable, prioridad absoluta de los beneficios a toda costa, que propicia la explotación sistemática de los trabajadores en el escalón más bajo de este sistema operativo, y el cuestionable resultado final del género o servicio producido.
Conviene distinguir entre organismos públicos que ejecutan esta delegación de funciones oficialmente mediante convocatoria de concurso, y la empresa privada que depende de accionistas o del consejo de administración en sus decisiones.
Junto a casos estimables de eficacia contrastada, encontramos y sufrimos otros reprobables por la mala praxis escalonada en los sucesivos estratos organizativos.
Algún ejemplo abstracto: Imaginemos la licitación oficial de un concurso público para cubrir determinado servicio en unas condiciones supuestamente óptimas en favor del ciudadano. Se plantea una especie de confrontación entre la Administración, que intentará reducir costes al máximo, y el empresario privado que presentará un proyecto apetecible para ser elegido y ofrecerse como competitivo, pero sin seguridad de poder cumplir lo comprometido a bajo precio. Si para colmo, este opta por subcontratar con otras pequeñas empresas para sobrevivir abaratado costes, podemos encontrarnos, en la precariedad funcional de este último escalón, con trabajadores marginales y explotados –por mor de la Reforma Laboral– que no cubrirán las expectativas programadas por defecto de capacidad y carencia de calidad en el producto previsto. Lo peor surge con el conflicto reivindicativo cuando se trata de un área sobre la que inciden varias competencias, la respuesta habitual de cada organismo será la de eludir responsabilidades y repartir culpas entre todos los demás.
También puede darse el caso similar en el ámbito privado. P.ej.: Si un hotel o cadena hotelera externaliza el servicio de limpieza, los trabajadores que limpian no están adscritos al convenio de hostelería, porque pertenecen a una empresa secundaria low cost, en la que sus condiciones laborales suelen ser deplorables, al amparo de la ya citada y nefasta Reforma Laboral. Al hotel le sale más barato que tener personal propio, pero deja de contemplarse la calidad del servicio. También aquí, la avaricia empresarial suele terminar en conflicto por abuso economicista.
La especulación más sibilina puede darse en una empresa que, para mejorar beneficios, decide renovar la plantilla a base de prescindir de su personal cualificado, bien pagado por razón de su antigüedad, y sustituirlo por mano de obra barata porque el mercado así lo permite. Para aparentar pérdidas ficticias que justifiquen un ERE, vacía de contenido la producción de su empresa matriz y externaliza actividad y material a empresas pequeñas de bajo coste. A sus trabajadores los priva del ejercicio de su función para provocar pérdidas contables, aunque el amo sigue ganando un pastón con las subcontratas. Ya tiene pretexto para solicitar un ERE y quitarse de en medio antigüedades con trienios. Si para redondear la maniobra, adquiere en propiedad las empresas menores que han estado trabajando para él, consigue tres o cuatro trabajadores al precio de uno de los expertos despedidos. Si además mantiene la precariedad laboral de los “nuevos”, resulta una operación magistral… pero de una indecencia poco aceptable por inmoral y perversa…
Tanto en el plano político como en el empresarial, por el bien y en beneficio de la sociedad civil, las autoridades responsables deben velar por la transparencia ética de los procesos de externalización como modelo adecuado a una buena gestión operativa. La Administración no debe presionar en exceso a quienes optan desde la buena fe a captar una actividad o servicio público, evitando también corruptas adjudicaciones del “siempre para los mismos”. Y los empresarios de grandes y pequeños negocios, en todos los casos, deben rescatar y respetar el concepto de “trabajo digno=salario digno”.
Superada la crisis, según declaraciones oficiales, toda la sociedad debe participar de la supuesta bonanza actual y de su halagüeña proyección de futuro. En especial, el sector de la población que con mayor crudeza ha tenido que soportar el esfuerzo para superarla. Cuestión de justicia y en nombre del pretendido Estado del Bienestar.
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