La cacería emprendida contra líderes y cargos públicos nacionalistas catalanes que ha llevado hasta hoy a la cárcel o al exilio a 16 ciudadanos y ciudadanas de marcada conducta pacifista, sobrepasa la línea roja de lo admisible en un Estado pretendidamente democrático para situarnos en la ciénaga del autoritarismo, la quiebra de derechos fundamentales y la persecución ideológica.
Cada día que pasa se refuerzan la evidencias que la tan cacareada separación de poderes son en el Estado Español inexistentes, repartiéndose entre los aparatos ejecutivo y judicial el trabajo sucio con el objetivo de impedir, por un lado, la constitución en Cataluña de un gobierno legítimo salido de la voluntad popular, y por otro, descabezar un movimiento ideológico constitucionalmente protegido, encarcelando a sus líderes mediante la infame imputación de los peores delitos del arcaico y severo código penal español, impidiéndoles cualquier movimiento de acción y, de paso, extendiendo la intimidación sobre su entorno ideológico en el territorio catalán, y por prolongación, hasta aquellas personas y organizaciones que defendemos la soberanía nacional para Canarias.
Ciertamente, haciendo un rápido repaso sobre los autos represivos del juez Llarena y el núcleo duro de la judicatura que le circunda, y ante la inexistencia de cualquier hecho objetivo que avale la comisión de los delitos por sedición o rebelión de los procesados, la judicatura actuante se fabrica un auto novelado de hechos inciertos, pero también cocinados sobre las «intenciones» que, según la maquinadora mente del juez, tenían los inculpados. Pero, tal vez el hecho más ignominioso de esta farsa lo encontramos en uno de los considerandos judiciales que, sustituyendo el bastón de mando institucional de Puigdemont por la pistola del facineroso Tejero y las metralletas golpistas, homologa tendenciosamente el asalto del 23 F con el comportamiento de los demócratas políticos catalanes represaliados..
Con tan endeble y avieso argumentario, y jaleados por el triunvirato (PP, PSOE y Ciudadanos), líderes nacionalistas, cargos institucionales y hasta el propio presidente de la Generalidad, son encarcelados u obligados al exilio sin juicio o sentencia condenatoria alguna. Tampoco el hecho de haber resultado elegidos como cargos públicos en la consulta popular impuesta por el gobierno español tras secuestrar la autonomía catalana y disolver el parlamento, hizo reconsiderar la inquisidora prisión de los políticos o la persecución de otros tantos exiliados. Además, el último de los tres candidatos a la presidencia de la autonomía catalana es llevado a prisión, precisamente, pocas horas antes de que pudiese resultar elegido y habiendo presentado el día anterior su programa de Gobierno en las dependencias de la voluntad popular. Como epílogo de esta obscena e inquisidora historia, la resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU, conminando a España al respeto de los derechos políticos del encarcelado Jordi Sánchez, además de ser incumplida e ignorada por el gobierno de Rajoy, es silenciada por la mayoría de los medios de comunicación del Estado. Esta resolución sigue a otras dos anteriores del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que en el corto periodo de los dos últimos meses, condena a España por grave maltrato a presos vascos, y otra, por atentar contra la libertad de expresión. Además, el informe anual de Amnistía Internacional ennegrece aun más tan negro currículum con un sin fin de reproches por prácticas autoritarias. Ya antes y pasando a la ejecución del manual fascista heredado de la dictadura, bajo la coordinación de este actualizado Tribunal de Orden Público, se multiplican las cargas policiales, se ocupan las calles catalanas con 10.000 policías más, se secuestran y destruyen urnas y se generalizan las agresiones contra los centros de enseñanza.
Y es aquí donde otra circunstancia nos acerca a la identificación del Estado Español como régimen político no democrático. Desde la prensa y los medios de comunicación, principalmente los de carácter público, se desata una férrea campaña de desprestigio contra los encarcelados y huidos, se ridiculiza a la autonomía catalana, se demoniza a los independentistas homologándoles a golpistas, se desprecia la presunción de inocencia de los perseguidos y se arenga a los poderes del Estado a aumentar su represión contra el nacionalismo.
En esta pesadilla que ahoga las libertades, la voz de muchos demócratas, partidos políticos y sindicatos, se ha hecho cobardemente imperceptible para reclamar justicia y el respeto de los derechos humanos. Turul, Rull Romeva, Bassa, Carmen, Jordi Cuizart, Jordi Sánchez, Junqueras, Forn, y los exiliados Puigdemont, Meritxel, Toni, Lluis, Clara, Amna y Marta, hombres y mujeres de honor que testimonializan la existencia de presos y exiliados políticos en una monarquía y un gobierno represor que añorando el pasado y la dictadura, nos devuelven a la pesadilla de la persecución de la disidencia política.
Jaime Bethencourt Rodríguez
es miembro del Secretariado Nacional de Intersindical Canaria