Este 22 de marzo se celebró el Día Mundial del Agua. Hay que decir que el agua es un derecho humano, reconocido por las Naciones Unidas en su Resolución del 28 de julio de 2010.
En dicha resolución, la ONU recordaba que 884 millones de personas carecen de agua potable, 2600 millones no tienen acceso a saneamiento básico y cada año fallecen 1.5 millones de niños y niñas a consecuencia de enfermedades relacionadas con el agua y su saneamiento.
Es por ello que el organismo internacional mandata garantizar el derecho al agua, afirmando su carácter de derecho humano universal y el deber de los estados de protegerlo.
En nuestro país esos problemas extremos afortunadamente no son generalizados, fruto de la lucha de movimiento vecinal durante muchos años para garantizar un saneamiento adecuado. Pero erraríamos si pensamos que no tenemos problemas. La crisis económica tuvo un impacto muy grande sobre el disfrute de los derechos contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, para una amplia mayoría social, situación que se mantiene a pesar del discurso de la recuperación económica. Un ejemplo muy claro de esto es el acceso a la vivienda, y también a los suministros básicos.
Según La Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS) cada año se tramitan 500.000 avisos de cortes de suministro, un 30% más que antes de la crisis, a la vez que miles de familias que habitan en viviendas en precario, consecuencia de haber sido desahuciadas, no disponen de suministro.
Hay que decir que una de las consecuencias de este retroceso en el derecho humano al agua ha hecho que desde la sociedad civil se haya puesto sobre la mesa la necesidad de garantizar un mínimo vital básico del que nadie se vea excluido por falta de medios económicos, pero dichas iniciativas chocan con el modelo de gestión privada del agua que se ha ido imponiendo en los últimos años. Gestión privada de un bien básico y derechos humanos son contradictorios.
Desde nuestro grupo municipal, Unid@s se puede, hemos presentado varias iniciativas con respecto al agua, como la regularización del suministro en viviendas de alquiler social de entidades bancarias o facilidades de pago en las factura de Teidagua.
La última de ellas, que fue aprobada por unanimidad en el pleno, tiene que ver con la ampliación de su programa social, con la intención de mejorar las bonificaciones a los colectivos que realmente lo necesitan.
Pero entendemos que el derecho humano al agua solo se garantizará el día que la gestión sea pública 100%. Esta propuesta, que es de sentido común y responsable, estamos seguras que cada vez será más transversal en la sociedad independientemente del voto e ideología de cada cual. Dentro de unos años miraremos atrás y nos preguntaremos cómo fue posible que pusiéramos un recurso básico para la vida en manos de multinacionales, y estoy segura que no queda mucho para ese día.
Fátima González Bello. Concejala de Unid@s se puede en el Ayuntamiento de La Laguna