Rueda de Prensa CorreosSB-Noticias.- Los sindicatos CCOO, UGT, CSIF Y SINDICATO LIBRE en la privincia tinerfeña, han anunciado en Rueda de Prensa movilizaciones a partir del próximo mes de mayo, no descartando incluso una huelga general, contra el desmantelamiento de Correos y ante la ausencia clara de iniciativas del Gobierno para garantizar la viabilidad de la empresa pública y del servicio que presta a millones de ciudadanos y ciudadanas.
Denuncian el recorte de dos tercios en la financiación del Servicio Postal Universal (servicio público a la ciudadanía) en 2017, quedándose en la irrisoria cantidad de 57 millones de €, el bloqueo por parte del Gobierno del Plan Estratégico de Correos, la destrucción de 15.000 puestos de trabajo desde 2008, 300 en la provincia tinerfeña, y la implantación de un modelo de empleo precario, con un peso cada vez mayor de la contratación temporal y a tiempo parcial. Asimismo, de seguir esta situación, preveen que se perderán 30.000 empleos a nivel de todo el Estado y 700 en Canarias.
Han acusado al Ministro Montoro de falsear la realidad ayer en el Congreso de los Diputados, ante una pregunta de Unidos Podemos, aparentando una normalidad en Correos que no existe, “Correos aprobó un plan de empresa hace meses para adaptar la actividad a la nueva realidad de mercado, pero ha sido bloqueado por el propio Ministerio de Hacienda y la SEPI” afirmaron.
Denuncian la gran precariedad laboral que sufren, con su salario congelado desde el año 2010, exceso de trabajo por falta de personal, que conlleva situaciones límite de stress en las oficinas, entre otros problemas, “la sobrecarga de trabajo es muy preocupante y está afectando seriamente a nuestra salud, existiendo un alto alto índice de bajas por sobrecarga trabajo”, indicaron.
El impacto de esta política antipostal del Ejecutivo ha producido la pérdida de 15.000 empleos desde 2008, 300 en la provincia, es decir, menos plantilla, más carga de trabajo, aumento de los kilómetros diarios, con menos derechos, y con unas condiciones cada vez más precarias en la práctica totalidad de los centros de trabajo en los que la empresa está implantando miles de minijobs.
Pero consideran que no se trata solo de un conflicto laboral sino social, porque afecta también a la ciudadanía, que en el caso de la provincia tinerfeña sufre unos repartos insuficientes, una mala atención general, retrasos en los envíos de varios días, incumplimientos en las notificaciones…
La realidad que plantean los sindicatos es que hay una clara política anti postal, un bloqueo del sistema público de correos, y una firme voluntad política para que no se desarrolle como una empresa logística quedándose en una mera empresa residual sin contenido. «La están privatizando a favor de empresas extranjeras», denuncian y a costa de la precarización del personal.