El presidente Mariano Rajoy ha sido sincero respondiendo a los pensionistas que le reclaman mejorar las pensiones que reciben. Les ha dicho que “la recuperación económica no ha llegado a donde todos queremos que llegue y no tenemos los recursos suficientes para poder subirlas más”.
El presidente lleva razón pero solo en parte.
Es cierto que ha habido una recuperación de la economía, tal y como reflejan la gran mayoría de los indicadores: el crecimiento del PIB, la inversión y particularmente la que se realiza en bienes de equipo, el consumo de los hogares, las exportaciones e importaciones, el empleo, las ventas y la cifra de negocios, el crédito a familias y empresas, e incluso otros más subjetivos como los de confianza empresarial o de los consumidores.
Negar la evidencia es absurdo. Hemos salido de una situación muy complicada y la economía española se encuentra ahora en una situación muy diferente a la de crisis y recesión de años anteriores.
Lo que ocurre, sin embargo, es que esa recuperación indiscutible se ha producido sobre unas bases que comportan, por decirlo de una manera suave, demasiadas sombras, sobre todo, porque se ha hecho descansar en el privilegio de unos pocos en detrimento de la gran mayoría.
Los principales “puntos oscuros” de la recuperación conseguida por el Gobierno de Rajoy son, a mi juicio, los siguientes:
– Hemos tardado mucho en salir de la crisis (9 años frente a 2 de Alemania, o 3 de Francia e Italia) y aquí ocurre como con una gripe: no es igual tenerla durante un par de días que durante dos meses.
– La recuperación es evidente, como he dicho, pero no semejante en todos los sectores de actividad, ni claramente consolidada: hay actividades que no terminan de despegar y otras que presentan signos de retroceso. Por poner solo dos ejemplos, el consumo privado se ha ralentizado y la inversión no alcanza los niveles precrisis.
– Mantenemos un problema muy grande de deuda que podría ser peligroso si suben los tipos de interés: la pública aumentó en 2017 a un ritmo de 1.200 euros por segundo y el Estado tendrá que colocar en los mercados unos 7.000 euros de deuda cada segundo en 2018, 220.000 millones en todo el año.
– El ahorro está en mínimos históricos y el 58% de los hogares tiene que endeudarse para llegar a fin de mes.
– Efectivamente, se han creado empleos, pero siguen existiendo problemas muy graves en el mercado de trabajo: hay 1,7 millones de empleos, 900.000 afiliados y unos 80 millones de horas semanales menos que antes de la crisis; la tasa de temporalidad es la más alta de Europa y está en el nivel más elevado desde 2008. El 91% de las personas que tienen contratos temporales desearían tener uno indefinido y el 58% de las personas que trabajan a jornada parcial quieren hacerlo a jornada completa. El año pasado se firmaron más de 21 millones de contratos de trabajo (el 91% temporales), es decir, casi 44 por cada nuevo empleo añadido.
– La crisis no se ha utilizado para cambiar el modelo productivo, sino que más bien se han reforzado nuestros grandes defectos estructurales: la debilidad de nuestra industria, el predominio de servicios de bajo valor añadido e intensivos en mano de obra, la especialización en productos de tecnología medio alta y de calidad medio baja, la competencia vía precios, la escasa complejidad en nuestra proyección exterior o exportaciones que recaen sobre las espaldas de muy pocas empresas y con gran componente de bienes importados, entre otros… Y se han hecho los recortes más altos de las economías de nuestro entorno con las que hemos de compararnos en actividades esenciales para el futuro como la investigación, las energías alternativas, la educación o la lucha contra la desigualdad.
– Los beneficios y los costes de lo realizado para lograr esta recuperación se han repartido muy desigualmente. España es el país europeo en donde más ha aumentado la desigualdad y ya somos el tercer país más desigual de Europa: el 79% de los jóvenes (19-30 años) tiene la impresión de que han sido excluidos de la vida económica a raíz de la crisis; el 24,2% de entre 20 y 34 ni trabajaba ni estudiaba en 2015; el salario anual de los jóvenes menores de 26 años que entran al mercado laboral es un tercio inferior al que hubiesen percibido en 2008; el 86,6% de los españoles que obtienen rentas ingresan menos de 30.000 euros al año; el 62,6% dice que su situación económica es igual que hace seis meses, el 23,6% dice que peor y sólo un 13,4% dice que ha mejorado…
– Y, para colmo, esta recuperación se ha producido paralelamente a una crisis institucional sin precedentes en nuestra historia, algo que es muy peligroso también para la actividad económica: la confianza en nuestros representantes políticos disminuye y la unidad nacional se pone en peligro, en gran parte alentada por la torpe y pervertida respuesta que el Gobierno de Rajoy ha dado al independentismo (no se puede explicar de otra manera que haya crecido tanto bajo su mandato).
En definitiva, es totalmente cierto que el Gobierno de Rajoy ha logrado recuperar la economía, pero lo ha hecho favoreciendo a los grupos e intereses económicos ya de por sí más poderosos, concediéndole cada vez más capacidad de decisión y mejores condiciones para obtener beneficios.
Eso es lo que explica que los salarios hayan caído casi 40.000 millones (y no solo por el menor empleo) en la renta nacional, lo que en la práctica significa casi tanto dinero menos de ingresos para las empresas, que el 54% de las horas extraordinarias no se retribuyan, que el 28% de los contratos firmados en julio pasado y los 2/3 de los temporales de agosto duraran menos de una semana y que se hayan disparado los contratos de cero horas.
¿Cómo se va a poder subir las pensiones con esa realidad laboral, con esa precariedad salarial tan extraordinaria?
El Gobierno de Rajoy ha creado las condiciones para que las grandes empresas y los bancos obtengan impresionantes beneficios y que tengan grandes ventajas fiscales, pero a costa de las empresas más pequeñas y medianas y de las familias.
Como ha señalado hace poco el economista Vicente Clavero, los seis mayores bancos españoles (Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell y Bankinter) no han pagado, en conjunto, ni un solo euro por el Impuesto de Sociedades desde el inicio de la crisis económica, pese a haber ganado 84.000 millones mientras tanto (en realidad, han tenido un saldo a su favor con Hacienda de 164 millones de euros). Si hubieran pagado solo el 10% de esos beneficios el Estado podría haberle dado 1.600 euros a los 5,22 millones de pensionistas españoles que tienen una pensión de menos de 1.000 euros.
Un buen ejemplo de cómo y a costa de quién se ha producido la recuperación que ha promovido el Gobierno de Rajoy es que una sola de las grandes empresas, ENDESA (que antes era de todos los españoles y fue vendida al capital privado por el Gobierno de Aznar) repartió en un solo año, 2014, el mayor dividendo de la historia de España: 14.600 millones de euros. A cambio, en España tenemos la luz más cara de Europa antes de impuestos y doce veces menos energía solar que en Alemania, porque Rajoy entregó la cabeza del sector a la señora Merkel nada más empezar a gobernar.
El Banco de España ha estimado, muy a la baja, que de los 54.353 millones de euros que se han dado en ayudas a la banca, sólo se habían recuperado 3.873 millones a finales del año pasado y que finalmente no se llegarán a recuperar ni 15.000 millones.
De 2007 a 2016, la participación en la renta nacional del 10% más pobre de la población española descendió un 17%, mientras que la del 10% más rico creció un 5% y la del 1% más rico, un 9%.
Teniendo en cuenta todos estos hechos, algunos informes afirman, yo creo que sin exagerar, que la recuperación económica en España ha beneficiado cuatro veces más a los grupos de renta más alta que al 90% más pobre de los españoles. Y con una recuperación tan desigual es natural que el presidente Rajoy diga que no se pueden subir las pensiones.
Por si no se pueden subir las pensiones no es porque no haya recursos, sino porque Rajoy y su Gobierno los han venido distribuyendo a favor de los que ya tienen más de por sí. Y lo lamentable es que ni siquiera harían cambios extraordinarios para que las cosas fueran de otro modo (como está ocurriendo, sin ir más lejos, en Portugal):
– Dice Rajoy que no hay dinero para subir las pensiones, pero cada año se destinan casi 5.000 millones de euros a desgravar a los ahorradores que tienen fondos de pensiones privados. No se solucionaría con ello el problema, pero permitiría una subida de unos 2.000 euros anuales a los 2,6 millones de pensionistas que cobran menos de 600 euros al año. Y, por si eso fuera poco, el Gobierno se va a gastar alrededor de otros 5.000 millones de euros en rescatar autopistas de peaje, con las que han ganado miles de millones sus constructores.
– Sin necesidad de subir los impuestos sino solo avanzando en la reducción de la economía sumergida (entre 150.000 y 200.000 millones de euros) o el fraude fiscal (que algunas estimaciones sitúan en 70.000 millones), tratando simplemente de alcanzar el porcentaje del PIB que la recaudación de los grandes impuestos representa en Europa se podrían recaudar unos 25.000 millones anuales adicionales. Y eso, por no hablar de lo que se podría hacer si las grandes fortunas españolas tributaran mínimamente por los 120.000 millones de euros que se calcula que tienen en paraísos fiscales.
– Dice Rajoy que no hay dinero para pensiones pero sí hay para dedicar (en términos reales y sin la ocultación con que los presenta el Gobierno) más de 18.000 millones de euros anuales a gasto militar. Y mientras que Rajoy dice que no hay recursos para las pensiones su Ministra Cospedal se ha comprometido a doblar este gasto en los próximos siete años.
Con una recuperación con cargas y beneficios tan mal repartidos es imposible subir las pensiones. Y si seguimos con un modelo económico al servicio de la banca que gana dinero creando deuda o encareciendo artificialmente la financiación a base de comisiones, y de las grandes empresas que destruyen el mercado interior o que explotan nuestras cadenas de creación de valor, será imposible incluso mantenerlas en el futuro.
Para mejorar y garantizar nuestras pensiones públicas es imprescindible un pacto nacional que modifique las grandes coordenadas en que se viene basando nuestro modelo económico, que alcance acuerdos sobre la distribución de las rentas y las ganancias de productividad, que reparta los esfuerzos para invertir en el futuro, que apoye a las empresas españolas que pueden crear y dedicar su valor añadido a crear empleo y riqueza en nuestro país, que garantice la inversión en I+D+i, que imponga mínimos de justicia fiscal, que sanee nuestro sistema educativo… Sé que son objetivos difíciles porque chocan contra el statu quo político y contra los privilegios de las grandes empresas y bancos pero lograrlos es la única manera de hacer que España no sufra crisis más profundas en un futuro que puede ser inmediato, por ejemplo, si los mercados financieros se ponen feos y comienzan a subir los tipos de interés.