El Estado no negociará: pretenden destruir y humillar a la resistencia catalana
ARA.CAT.- Nuevamente un president catalán es detenido perseguido por un gobierno español. Inevitablemente, revuelve las emociones. Expresarlas es un derecho y una necesidad, son parte de la realidad que hay que gestionar. Los abusos del Estado provocan rabia. Expresar racionalmente esa rabia es exigir que ese gobierno y los partidos que lo apoyaron fuesen ilegalizados y apartados de la política. Francamente, mi deseo va más allá: deseo verlos juzgados por un tribunal internacional y presos en los mismos calabozos que ocupan ahora sus víctimas. (Que nadie crea que no procede expresar esos deseos; es lo que nos queda a los demás, ya que ellos sí pueden realizarlos. Y lo hacen.)
Nuestros deseos son legítimos. Pero debemos administrarlos con cordura, pues la ciudadanía enfrenta un plan de estado con todos sus medios, estrategia y táctica. Pretenden descabezar cualquier disidencia pero también provocar, y si se cae en las provocaciones, si se desbordan las organizaciones, será el momento en que puedan confirmar sus mentiras. Entonces dirán: “¿Veis como había violencia?”.
Pero la política ejercida contra Catalunya no nace de un deseo o un impulso sino de un plan elaborado desde el primer momento y que es parte de una reforma del estado español. Una remodelación que nace de las entrañas de la corte madrileña, del lugar donde se unen los poderes del Estado con la burguesía parasitaria que se alimenta a los pechos de ese mismo estado, a costa de todos. Tras lo ocurrido en los últimos meses, prácticamente todas las grandes empresas, las comunicaciones y todo el poder político estará centralizado en la Comunidad de Madrid. El desarme financiero y político de Catalunya era un obstáculo penúltimo; a continuación empezará el cerco a Euskadi. Que el PNV no contemple la gravedad de ese escenario estratégico es sorprendente. Ya nadie puede llamar seriamente a este Estado “estado de las autonomías”. Pero tampoco “estado democrático”, porque lo que hubiese de democrático en el estado nacido de la Transición ha sido eliminado y no tiene retorno por los propios mecanismos de este estado.
El Reino de España ya no es un régimen parlamentario; el Parlamento ya no tiene verdadero poder legislativo ni político. Solemos referirnos a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el nuevo Estatut como el desencadenante de la rebelión catalana y como una agresión concreta a esa comunidad, pero tiene una trascendencia mucho mayor. Esa sentencia, junto con la nueva ley de reforma del Tribunal Constitucional que aprobó la mayoría parlamentaria del PP en el 2015, supone la reforma jurídico política del estado español y abocó al TC a ser lo que está siendo, el brazo represor del gobierno.
En aquella sentencia el TC legisló directamente. Un texto aprobado por el Parlamento catalán, mutilado, cepillado y aprobado por el Parlamento español y aprobado en referéndum fue corregido por aquel tribunal. Desde entonces los catalanes se rigen por el texto que dictó el TC. Es decir, cualquier texto aprobado por el legislativo puede ser interpretado y cambiado por unos magistrados escogidos por los partidos. Una dictadura que administran magistrados.
Que el PSOE haya tragado y en la práctica lo haya avalado demuestra que ese partido está completamente perdido. El estallido de la crisis económica fulminó la época de Zapatero, el vacío lo llenó la “vieja guardia”, hoy Pedro Sánchez es aliado objetivo de M. Rajoy, rehén de una estrategia de estado. El PSOE vuelve a repetir el apoyo a la dictadura de Primo de Rivera, entonces por su competitividad con el sindicalismo anarcosindicalista y ahora por su supervivencia como aparato. Con las limitaciones que se quieran, no era lo mismo Zapatero que M. Rajoy y, no menos importante, no era lo mismo Juan Carlos I que Felipe VI.
El embate del Estado es tan duro que las emociones turban el sentido de la realidad, pero lo que vive la sociedad catalana, insisto, es un desafío a su propia existencia. No afronta un problema político sino existencial. Sí, los poderes que finalmente se han identificado con este Estado quieren acabar con Catalunya como tal, con su existencia política y nacional, y los golpes se suceden. Quien busque la mano que señala la dirección del golpe que mire el dedo de la fiscalía, el gobierno. Esta situación debe hacer sufrir a los jueces que haya justos y a los fiscales que haya imparciales.
Ah, y si alguien todavía niega que lo que vivimos es un plan de estado y nos recuerda que el gobierno es del PP de M. Rajoy, recordemos que las cargas policiales, la cárcel, las multas, la persecución, el 155…, todo tiene el aval de otros dos partidos, Ciudadanos y PSOE. Y Podemos e IU están puestos de perfil esperando que el ahogamiento de catalanes sea cada vez menos ruidoso, cuando no buscando la equidistancia y señalando a ambas partes como igualmente responsables. Y recordemos que el encarcelamiento de los dirigentes catalanes se basa en el relato construido por la Guardia Civil, los fiscales y los jueces. Es decir, el Estado.
El asombro ante cada actuación del estado nace de no aceptar esa realidad: no negociarán y pretenden destruir y humillar la resistencia catalana. La única posibilidad de que no realizasen su plan estaba en que Europa lo impidiese, pero la Europa asustada por el Brexit fue cómplice de M. Rajoy. La Unión Europea no sucumbió a la tentación de un Mefistófeles, vendió el alma por miedo y se entregó a la complicidad de los estados. Desde la pasividad ante lo de Catalunya, el proyecto europeo es un proyecto fallido desde el punto de vista democrático.
Catalunya está sola, no hay solidaridad democrática significativa dentro de España tampoco, pero su supervivencia no está en la rendición que amable e hipócritamente señalan los representantes del 155; depende exclusivamente de la resistencia. Una resistencia que perjudique los intereses del poder de la corte y cortocircuite el sistema político. El debate real no es tanto república independiente o no sino existencia nacional o no. Pero sólo podrá ganar quien conserve la serenidad frente a ese poder autoritario.