La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera en Canarias (FTSP – USO Canarias), denuncia que en varias ocasiones se advirtió a la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias de los incumplimientos por parte de la nueva adjudicataria Alcor Seguridad S.L. en el Centro de Internamiento Educativo para Menores Infractores, CIEMI Valle Tabares.
Aseguran que dichos incumplimientos estaban afectando a la seguridad del centro, lo que desató la situación vivida el pasado 29 de Diciembre, dando un balance de 1 vigilante de seguridad herido, el cuál fue trasladado en ambulancia hasta el Hospital Universitario de Canarias, y varios educadores que fueron agredidos por los internos.
El sindicato en varias ocasiones se ha puesto en conocimiento de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias las infracciones cometidas en materia laboral que está realizando la adjudicataria del servicio.
En Septiembre de este año la FTSP-USO Canarias denuncia públicamente que la empresa Alcor Seguridad S.L. se hace cargo de la seguridad del centro, la cual decide no subrogar a 20 vigilantes de Seguridad, la sustitución de estos profesionales con experiencia en centros de internamiento para menores por otros sin la cualificación obligatoria empeora la situación.
La empresa no sólo los deja sin subrogar sino que además comunica que no dará la formación pertinente que recoge el Pliego de Prescripciones Técnicas, manifestando que se encuentran en un contrato menor y hasta que no se firme el contrato de adjudicación como tal con la administración no se impartirán dichos cursos.
Cuando el Pliego de Prescripciones Administrativo es claro y cita textualmente: “ La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato.”
Además de lo anterior la empresa aplica convenio propio a los vigilantes de seguridad que son de nueva contratación mermando sus prestaciones económicas y realizando un cómputo mensual muy superior al de los vigilantes de seguridad que han sido subrogados, llegando a realizar entre 184 y 200 horas mensuales (computo mensual del Convenio Sectorial de 162 horas) e incluso en ocasiones no respetando el descanso mínimo entre jornada y jornada de trabajo, lo que se expone a la Consejería que estos hechos afectan directamente a la seguridad del centro provocando un riesgo inminente a la seguridad.
El sindicato denuncia que la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias es conocedora de la discriminación salarial existente entre el personal de seguridad además de las nuevas contrataciones y que el Pliego de Prescripciones Técnicas establece que se ha de respetar como mínimo el convenio nacional.