El pasado 13 de octubre conocimos en Canarias que la Comisión Nacional de Mercados y Competencia había decidido negar la autorización a Enagás, a través de su sociedad Gascan, para poner en marcha las obras de la regasificadora de Granadilla, en las Islas Canarias.
La CNMC nos decía en su informe que «no se considera conveniente tomar, en estos momentos, la decisión de autorizar la construcción de la Planta de GNL de Granadilla (Tenerife), hasta que no se disponga de las mencionadas garantías de uso de la planta, y de los correspondientes estudios económicos que comprueben la sostenibilidad económica del sector del gas natural, tras la gasificación de las Islas Canarias». El consejo de la CNMC considera necesario realizar una actualización del documento de Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2008-2016, recogiendo un análisis de la demanda de gas prevista, las características de dicho mercado y la viabilidad económica de las inversiones a realizar. Dado el tiempo transcurrido, es posible, en opinión del supervisor «que hayan podido quedar desfasados en relación con las necesidades y los planteamientos actuales sobre la energía en las Islas Canarias, sobre todo teniendo en cuenta que en dicho periodo ha habido cambios muy sustanciales en la economía y en el sector energético en general». El informe de la CNMC sostiene –aquí está la clave- por un lado, que no existe un compromiso de la compañía suministradora de energía a las islas (Endesa-Unelco) de que va a consumir el gas que producirá la gasificadora y, por otro, que no se dispone de un estudio económico real sobre la propuesta.
En aquellos días escribí un artículo sobre este tema (Un gas inviable) en el que preguntaba quién iba a pagar el empecinamiento del gas y relataba como el Gobierno había salido al paso defendiendo el despropósito de este combustible fósil con afirmaciones que pretendían minusvalorar o cuestionar el informe del órgano regulador. Se trataba –según ellos- de meras correcciones a los documentos presentados que se aportarán de inmediato. Y no paran. Y un día tras otro insisten en la matraquilla del gas.
Pero el informe de la CNMC no es un hecho aislado. Sus tesis las defiende hasta el propio sector del gas. GasINDUSTRIAL es una asociación que en su web afirma que su objetivo fundamental se centra en la importancia del “factor gas” para la competitividad, como componente determinante en los costes industriales y en ser representante e interlocutor de referencia de los intereses de los consumidores industriales de gas para lograr un gas industrial competitivo. Su fin –afirman- es conseguir y mantener un precio de gas competitivo para la industria mediante el desarrollo de los mercados, una infraestructura adecuada y peajes eficientes, que darán lugar a precio y condiciones de suministro de gas similares a las de sus homólogos europeos.
Pues bien, Juan Vila, presidente de GasINDUSTRIAL, publicó el pasado 27 de octubre en El Periódico de la Energía, un artículo absolutamente esclarecedor y, curiosamente, coincidente en buena parte con lo que yo escribí en mis dos últimos artículos sobre el intento de endilgarnos sí o sí el gas en Canarias. En “En esta piedra, ya tropezamos”- así se titula su articulo- Juan Vila empieza haciéndose dos preguntas: “Primera cuestión: ¿para quién se construyeron en España, en la última década, tres centrales de descarga de GNL (Gas Natural Licuado)? Respuesta: para las más de sesenta centrales de ciclo combinado también recientemente construidas para producir electricidad y, dicho sea de paso pero no menos cierto, para satisfacer “la vanidad” de algunas autonomías afanadas por contar “con todo de todo” en su territorio. Fue el pernicioso fenómeno del “yo también quiero una”… Segunda cuestión: ¿y quién paga la amortización, mantenimiento y operación de estas plantas? Pues bien, debido a la crisis y al aumento desbocado de las renovables, hoy la mayoría de estas centrales no funcionan o funcionan muy poco. La producción de electricidad a partir de gas representa únicamente el 20 % del consumo de gas, mientras que la previsión contemplada en su momento era del doble -ya alcanzado en 2008-, o incluso del triple. Así es que quien paga todo esto no son los ciclos para los que se construyeron estas instalaciones. Estas infraestructuras las pagan en primer lugar los que no las necesitaban en absoluto, o sea la industria, cuyo consumo de gas supone el 60 % del total del país. Tenemos seis centrales de Gas Natural Licuado cuando con dos o tres estaríamos sobradamente bien servidos hasta el año 2030.(…) Tanto técnicos como políticos cometieron el error de planear este asunto erróneamente. Decidieron construir muy por encima de las necesidades del país lo que está costando a la industria miles de millones de euros en costes y la subsiguientemente pérdida de competitividad. Decisión errónea de nefastas consecuencias para la industria. Quienes la tomaron, se han quedado tan anchos. La factura la pagan otros.”
Y continúa el presidente de GasINDUSTRIAL: “Todo este largo preámbulo, necesario, créanme, viene a cuento por el hecho de que Canarias quiere ahora instalar su propia planta de Gas Natural Licuado para poder descargar y regasificar GNL para la producción de electricidad. El presupuesto de la planta de Granadilla, en Tenerife, es ahora de 192 millones de euros, aunque hay presupuestos de hace años que calculaban su coste en 2008 en hasta 345 millones. Como soy un desconfiado irredento, me inclino a pensar que la factura será mayor cuando la planta esté finalizada en función de muchas y variadas causas que, seguro, se justificarán sobradamente. Además, la responsabilidad de posibles errores de presupuesto será automáticamente trasladada, no a los que los cometieron, sino a los sufridos pagadores del sistema gasista. GasINDUSTRIAL defiende el consumo de gas competitivo para la industria. El gas es un combustible absolutamente necesario para completar los vacíos de producción cuando no hace sol o no hay viento. Estamos de acuerdo en que una planta se construya siempre que haya consumo suficiente y si el sistema eléctrico o el presupuesto del Estado se hiciera cargo del coste de la inversión y de la operación.”
Y sigue diciendo en su artículo Juan Vila: “En este país nunca más puede volver a ocurrir que los costes de las infraestructuras gasistas para producir electricidad sean costeados por la industria como ha ocurrido en el pasado y como ocurre ahora. Ya es hora de que cada palo aguante su vela. No podemos tropezar en la misma piedra. Por tanto y en referencia al proyecto de la central de Granadilla, antes de volver a cometer un error garrafal, deben tenerse en cuenta cuatro premisas. La primera que debe volver a rehacerse la previsión de consumo de gas para Canarias teniendo en cuenta el incremento de renovables en el horizonte y el futuro aumento de la eficiencia en todos los procesos de consumo de gas y electricidad. La segunda, que solo debería construirse la planta si existiera justificación de negocio y siempre en el formato hoy más económico del mercado. En tercer lugar, en el caso de aprobación de este proyecto por otras razones que no sean las de estricta rentabilidad, los costes de la infraestructura y de la operación deberían pasarse a los presupuestos generales del Estado. O bien los costes de la posible instalación y operación deben ser pasados, no al sistema gasista, sino al eléctrico. Y cuarto, los costes no deben ser pagados por el sistema gasista porque al consumidor industrial no le quedan espaldas para cargar con más de lo que ya, e injustamente, se le ha cargado. Y luego dicen que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. Pues en esta sí, en esta piedra ya tropezamos antes”. Más claro, agua. Lo terminaremos pagando cada uno de los españolitos de a pie.
Corporate Europe Observatory es un ente que viene denunciando las prácticas ligadas los trust políticos económicos para imponer el gas desde hace muchos años. Según este observatorio, el lobby del gas europeo cuenta con más de 1.000 grupos de presión en sus nóminas y han empleado para obtener sus fines más de 100 millones de euros solo el año pasado. Afirman que algunos de los que más gastan son Shell o ExxonMobil. Tiene que ver eso exactamente con los continuos mensajes del gas como elemento de transición a las renovables (¿les suena?), el gas como combustible más limpio o el gas más barato que el fuel,… cuando según la modelización de la propia UE, Europa ya tiene suficiente capacidad para cubrir la demanda de gas hasta 2040 sin construir nuevas infraestructuras.
Lo he repetido mil veces y lo vuelvo a repetir: las grandes productoras de petróleo y gas no escatiman esfuerzos una y otra vez para impedir que se incentive la producción de renovables y el aumento de la eficiencia energética. Y es en España donde mejor apoyo han encontrado sin ninguna duda. Y eso a pesar de que su implantación está siendo ruinosa. Desde 2002 hasta 2011 en España se instalaron 67 plantas de ciclo combinado con una inversión de más de 13.000 millones de euros. En los últimos años su producción ha caído en un 72 %. En la actualidad distintas plantas instaladas por toda la geografía peninsular se han tenido que parar (Huelva, Castellón,…). Red Eléctrica plantea que se deberían cerrar al menos diez ciclos combinados nuevos. Que sobran 6.000 MW de gas. La planta regasificadora de El Musel, en Gijón, se inauguró y ni siquiera se ha puesto en funcionamiento… Según la CNMC se deberían cerrar distintas plantas de ciclo combinado porque muchas de ellas no han funcionado ni al 10 % de su capacidad y porque sería más rentable sustituirlas por renovables. Según un informe de UBS, Europa podría cerrar en los próximos dos o tres años un total de 127 gigavatios de carbón y gas. Y mientras se está pidiendo al Estado más de 1.400 millones de indemnización por el cierre de plantas…
En definitiva. Seguimos a la cola en renovables en Canarias y el gas no puede ser un elemento de transición porque, como está sucediendo en España, si penetraran las renovables no se amortizarían las plantas en las que van a invertir una millonada; la contaminación con las regasificadoras sigue siendo muy alta y peligrosa; el precio del fuel y el gas se equipara cada vez más; no existe un estudio de viabilidad económica; no se dispone de un compromiso de compra del gas que se producirá en la regasificadora (Enel ha anunciado, además, que va a cerrar todas sus plantas termoeléctricas para 2035),… pero todos están seguros de que el Ministerio autorizará la planta de gas en Tenerife. Y puede ser que sea así, aunque el regulador, los industriales del gas y el sentido común opinen lo contrario.
Antonio Morales Méndez
Presidente del Cabildo de Gran Canaria