La magistrada de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, pocos díaa antes de asumir la investigación por un delito de sedición contra los presidentes de Òmium Cultural, Jordi Cuixart, y de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, y en vísperas del Día de los Ángeles Custodios (2 de octubre de este año), la magistrada recibió del Ministro del Interior Juan Ignacio Zoido, casualmente, también, magistrado, pero, por supuesto, en excedencia, la medalla al mérito policial ( alguién ha escrito que el Ministro tuvo «buen ojo») . Para a continuación, días después, el 2 de noviembre, encarcelar a ocho miembros del Govern derrocado en Catalunya, en una cuestionada y crticada (incluso por Jueces para la Democracia) actuación judicial, por delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos. Y lo mismo ocurrió el año anterior, en octubre de 2016, cuando la magistrada Lamela asumió la instrucción del caso Alsasua, en que casualmente, también, recibió la Cruz de Plata del Mérito de la Guardia Civil. El caso Alsasua, recordemos, es el que, por el cual, la magistrada envió a prisión, acusados de terrorismo a unos jóvenes (de los cuales, de ocho, tres siguen en prisión), que han sido procesados como autores de la agresión, hace un año, a dos guardias civiles y sus parejas en un bar de Alsasua. Piden para ellos penas de entre 62 y 12 años, que suman un total de 375 años.
Apertura del año judicial en la jurisdicción militar
El 31 de octubre de este año, en vísperas, podríamos decir, del encarcelamiento de los miembros depuestos del Govern, en la sede del Tribunal Central Militar, el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, mostró su «preocupación» sobre la situación en Catalunya al comienzo de su discurso en la apertura del año judicial militar, acompañado del Fiscal General, José Manuel Maza (promotor de la querella, que ya había presentado el día anterior, contra el President de la Generalitat, el Govern y la mesa del Parlament) y de la Ministra de Defensa del Gobierno español. El presidente del Tribunal Militar Central, Rafael Eduardo Matamoros, que, también, intervino en el acto, expresó su «admiración» por los agentes de la Guardia Civil desplegados en Catalunya. Y éste concluyó: «Estoy seguro de hablar en nombre de todo los jueces militares orgullosos de nuestros colegas de la jurisdicción ordinaria y de la Fiscalía, y como militares de los compañeros de la Guardia Civil y de la Policía Nacional por su comportamiento y las actuaciones ejemplares desde todos los puntos de vista llevadas a cabo en Cataluña durante las últimas semanas, cuentan con todo nuestro cariño, nuestra admiración y nuestro apoyo».
EL «discurso» publicado en el periódico conservador ABC del Jefe del Estado Mayor de la Defensa, previo y el mismo día del encarcelamiento judicial del Govern derrocado.
Al respecto, el General de División, en situación de retiro, Rafael Dávila Álvarez,, en su artículo publicado en el denominado «blog General Dávila» dice : «El diario ABC del jueves 2 de noviembre trae un artículo del General de Ejército y Jefe del Estado Mayor de la Defensa Fernando Alejandre Martínez en el que recoge el sentir de los actuales Ejércitos y que les hemos ofrecido en un comentario del día escrito por el General Chicharro. Nada distinto a lo que en su momento dijo el Teniente General Mena». ¿Y qué publicó el Sr. Chicharro?, pues esto: «…En definitiva, las FAS están sometidas plenamente al Gobierno y no es labor de éstas el ponderar de forma autónoma decisiones al respecto. Esto está muy claro y así nos lo recuerda, también, en su artículo el General Alejandre, pero también conforme a la propia letra de la Constitución si lo que deviniera en algún momento fuera contrario a la letra de la propia Constitución y los responsables de su defensa no actuaran consecuentemente ahí nos encontraríamos con el citado artículo 8». Refiriéndose el Sr. Chicharro al artículo 8 de la Constitución Española, Y lo recoge así: «…el artículo 8.1. nos dice : las FAS tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional».
El espectro de Montesquieu parece que se ha esfumado del Reino de España, pues lo mismo parece que se aplica el derecho penal del enemigo como que la dureza del Código Penal, fundamentalmente, está para los “robagallinas”.
En todo caso, no está de más recordar que el derecho a la garantía de un Juez imparcial, supone que el Juez «no puede realizar actos ni mantener con las partes relaciones jurídicas o conexiones de hecho que puedan poner de manifiesto o exteriorizar una previa toma de posición anímica a su favor o en contra».