El auto que el 9 de noviembre de 2017 ha dictado el Magistrado conservador del Tribunal Supremo, Pablo Llarena Conde, decretando, como medida cautelar antes de la celebración de un juicio, la prisión preventiva, eludible si se presta una fianza de 150.000 euros, de la Presidenta del Parlament, Carme Forcadell, así como la de otros miembros de la Mesa del Parlament, pero a éstos, al contrario, se les permite estar en libertad si en un plazo mâximo de siete días prestan fianza de 25.000 euros, es antidemocrático, por vulnerar la inviolabilidad parlamentaria consagrada en el Estatuto de Catalunya.
Ya que le imputan indebidamente a su Presidenta y los miembros de la Mesa un delito de rebelión y se les aplican tales medidas cautelares, por haber emitido opiniones y votos en el ejercicio de sus cargos.
El ESTATUTO DE CATALUÑA, en su Artículo 57 (Estatuto de los Diputados), establece claramente lo siguiente:
«1. Los miembros del Parlamento son inviolables por los votos y las opiniones que emitan en el ejercicio de su cargo».
Y es en el Fundamento de Derecho Duodécimo de dicho auto, donde se evidencia este golpe a la inviolabilidad de los parlamentarios en la emisión de sus votos y opiniones en el ejercicio de sus cargos. Vean si no:
«DUODÉCIMO.- Los querellados aparecen como posibles partícipes de todas las actuaciones referenciadas, pues, con su voto favorable como integrantes de la Mesa del Parlament de Catalunya, posibilitaron el debate y la aprobación de las diferentes Resoluciones en las que descansó el proceso para la declaración de independencia, y posibilitaron también las leyes inconstitucionales con las que se le dio cobertura. En todos estos supuestos, los querellados impusieron su voluntad sobre el voto minoritario del resto de integrantes de la Mesa, quienes se mostraron favorables a la paralización de la actuación legislativa, tal y como les había sido exigido por el Tribunal Constitucional.
Una valoración inicial que no es en absoluto proyectable al querellado D. Joan Josep Nuet, quien no sólo ha relatado en su declaración que su intención fue la de favorecer el debate de la independencia, pero nunca como una declaración unilateral, sino siempre dentro del marco constitucional. Afirmación que parece reforzada por el hecho de que, como miembro de la Mesa del Parlamento, votó a favor de introducir en el debate parlamentario determinadas cuestiones que podían contar con el veto del Tribunal Constitucional, pero que sin embargo se opuso: 1) a la Resolución 1/XI; 2) A la Resolución 263/XI; 3) A las conclusiones de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente, tanto en la Comisión (de la que formaba parte), como en el Pleno; 4) A la Disposición Adicional 40 de la Ley 4/2017, de Presupuestos; 5) Al modo en que se tramitó la Ley del Referendum y a la designación de los integrantes de la Sindicatura Electoral; 6) A la Ley de Transitoriedad, así como a su forma de tramitación y 7) A la propia declaración de independencia».
Pero, si ya de por sí, este ataque judicial a la inviolabilidad parlamentaria, demuestra la deriva autoritaria del estado español, el colmo del retorcimiento jurídico que se puede hacer del Código Penal en España y al que llega el citado auto, lo constituye la inconsistencia de la cuestionable imputación delictiva de rebelión, incluso, cuando la propia resolución judicial duda de la existencia del delito de rebelión, al consignar en su Fundamento de Derecho DÉCIMO lo siguiente: «Lo expuesto anteriormente no excluye la posibilidad de que los hechos puedan integrar figuras delictivas de menor rigor punitivo que el delito de rebelión expuesto».
Si alguien pregunta por qué estân sonando las campanas con un toque defunción de la democracia en Espańa, no es de extrańar que del pueblo salgan voces que expliquen, como lo hizo el campesino al que se refirió José Saramago en uno de sus relatos novelados, cuando se le preguntó por qué tocó las campanas sonando a finado y quién había muerto: “Nadie que tuviese nombre y figura de gente, toqué a los finados por la Justicia porque la Justicia está muerta”, contestó (*).
(*) «Que un Gobierno convoque elecciones y que acto seguido el sistema judicial meta presos a los líderes de la oposición es, sin duda, una jugada novedosa, al menos en una democracia. Comentaba un amigo sudafricano que debe haber otros gobiernos que sueñan con poder hacer lo mismo, como por ejemplo el suyo, el del presidente Jacob Zuma, o el de Donald Trump» (texto extraído del artículo de John Carlin, titulado «preguntas inocentes», publicado en «La Vanguardia» el 10 de noviembre de 2017).